El paquete fiscal afectará unos diez sectores productivos
Economistas esperan detalles para entender algunos cambios que propone el Gobierno
El gobierno presentó ayer su propuesta de reforma fiscal, denominada "Ley de Modernización Fiscal", que incluye un amplio conjunto de aumentos de impuestos, eliminación de incentivos a industrias y sectores productivos, y otros ajustes en materia salarial. A simple vista, la mayor carga recaerá sobre la clase media, alta y las grandes empresas.
El objetivo es claro: aumentar los ingresos gubernamentales en aproximadamente 122,486.6 millones de pesos anuales, con el fin de realizar mayores inversiones públicas, con un incremento de las ayudas sociales para evitar que los contribuyentes de bajos ingresos se vean perjudicados.
No obstante, economistas advierten que algunas de las medidas del proyecto podrían impactar negativamente en la productividad, aumentar los costos para las finanzas de los hogares y provocar una desaceleración del producto interno bruto (PIB).
La propuesta la presentó el ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente, en el Palacio Nacional donde informó cambios en los incentivos fiscales: "Específicamente se están derogando los tratamientos fiscales preferenciales al sector turismo, al cine, a la industria, a la cadena textil, los relacionados con los fideicomisos y los relacionados con la ley de mecenazgo". Asimismo, modificaciones a la ley de zonas francas, aumentos y nuevos impuestos a las bebidas, a las compras por internet, al uso de plataformas digitales, entre otros cambios.
Minutos antes de que se terminará la transmisión en vivo de la rueda de prensa, desarrollada en el Palacio Nacional, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, publicó en su cuenta de X que el sector privado estará evaluando el proyecto.
"La Presidencia ha presentado los lineamientos de un proyecto de Modernización Fiscal el cual sería depositado en el Congreso Nacional. Desde el Conep, en amplia consulta, estaremos estudiando esta propuesta a los fines de fijar una posición institucional con relación al mismo", escribió el ejecutivo.
Nuevas distorsiones
Sobre el reciente anuncio, que mantuvo a la audiencia dominicana atenta, se pronunció el vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), Miguel Collado Di Franco, quien explicó que se estima recaudar 1.5 % y gastar 1.4 % del PIB. Por tanto, aunque es una reforma fiscalista, no avanzaría en la consolidación fiscal, en la reducción del endeudamiento.
Expresó a Diario Libre que, al ser fiscalista, no toma en cuenta el ahorro, la inversión, la productividad, el aumento de los ingresos por medio de más y mejores puestos laborales y, el aumento de los ingresos reales por mayor productividad. "En conjunto, afectaría la productividad y crearía mayores costos a los hogares", dijo.
"Haría más cara la economía dominicana, no propicia aumentos de competitividad. Las simplificaciones son selectivas para algunas empresas. Es decir, se introducen tratamientos particulares para empresas por su tamaño. Es una distorsión adicional que crearía el sistema tributario. Por un lado se busca eliminar privilegios de las exenciones, pero efectivamente se crean otros elementos diferenciadores entre quienes pagan impuestos", consideró.
Al evaluar los elementos por renglón económico, señaló que falta claridad en el punto del respeto a los derechos adquiridos de las empresas que actualmente cuentan con exenciones fiscales. "Esto debería ser explicado", agregó.
Además, consideró el paquete fiscal como un golpe a los hogares por diferentes vías: mayores costos para los hogares por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), varios selectivos, aumento en renta de inmuebles (al aumentar el IPI de quienes construyen), mayor pago derecho a circulación, entre otros que no destacó.
En ese orden, el economista plantea que el impacto sobre los hogares representaría menores ahorros de estos. "Menores ahorros impactan el nivel real de los fondos prestables de la economía para inversiones y la tasa natural de esta para inversiones", apuntó.
En conclusión, sostuvo que se castigará a quien pueda invertir en inmuebles, lo que impactará el costo de las viviendas para alquiler. "Por ese y otros elementos, como la tasa del 27 % que se crea, se castiga a quien es más productivo en la sociedad", respondió.
Aumentos de precios
Ellen Pérez Ducy, habló en defensa de los economistas que consideraban innecesaria una reforma a corto plazo. Sin embargo, indicó que la propuesta es muy clara y en general, correcta. "Busca financiar gastos de amplio uso que reducirán el costo de vida y aumentar la calidad de vida, entre ellas ahorrarán tiempo de transporte de la gran mayoría de los ciudadanos".
La experta indicó a Diario Libre que dentro de los puntos positivos se puede identificar que se mantengan los incentivos a viviendas de bajo costo. "Este es el segmento de construcción de viviendas que más demanda justificada tiene", argumentó.
"También aplaudo todo lo que tenga que ver con la simplificación tributaria", añadió, al tiempo de manifestar estar de acuerdo con la revisión a los incentivos.
Asimismo, informó que la reforma tendrá efectos a partir del primer trimestre de su aplicación. "Muchas empresas pagan trimestralmente, y tomará un ciclo completo anual vivir los altibajos estacionales, sujeto a condiciones internacionales y acostumbrarse a los cambios domésticos", indicó.
Advirtió que estos cambios fiscales tendrán una serie de efectos que se sentirán en un aumento de precios, y posiblemente, una rebaja en los impuestos que pagan algunos si se reduce su rentabilidad. "Creo por esto han propuesto solo un aumento del 1.5 % del PIB", resaltó.
Al referirse sobre el aumento de salarios, dijo: "No veo mal aumentar el sueldo mínimo, sorprende que habiéndose incrementado la nómina pública en unos 100,000 millones del 2019 a 2023 se haga una reforma para recaudar 110,000 que incluya un aumento de nómina. En 2019 solo un 2.81 % de los empleados ganaba menos de 10,000 pesos, por lo que el impacto será significativo a nivel personal para unos 12,000, es decir, esto representa un costo de 780 millones por año, más contribuciones del 7 %.