Gobierno proyecta financiamiento por RD$284,079.4 millones en 2022
Poder Ejecutivo estima para 2022 un financiamiento a través de la colocación de bonos en el mercado local por RD$69,583.1 millones
De acuerdo al proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2022, el Gobierno dominicano tiene estimaciones preliminares que apuntan a una necesidad bruta de financiamiento de RD$284,079.4 millones, para un 4.87 % del PIB, menor al 4.95 % del PIB presupuestado para el año 2021.
Se detalla que el monto citado está compuesto por: requerimientos de financiación del resultado deficitario global estimado de RD$ 174,794.8 millones, un 3.0% del PIB, aplicaciones financieras por RD$109,284.6 millones, 1.9% del PIB.
El Poder Ejecutivo precisa que el Plan de Financiamiento para el 2022 estima financiamiento mediante fuentes internas de RD$69,583.1 millones, resultando en un 24.5 % del total de fuentes, mientras que los recursos externos totalizarían unos RD$214,496.3 millones, un 75.5%.
Precisa que el mencionado plan considera dar continuidad a las emisiones de bonos en los mercados internacionales, así como el programa de subastas locales.
De forma indicativa, el Poder Ejecutivo estima para 2022 un financiamiento a través de la colocación de bonos en el mercado local por RD$69,583.1 millones, mientras que se proyectan emisiones de bonos externos por unos RD$138,989.0 millones.
En cuanto a los financiamientos con organismos multilaterales destinados a Apoyo Presupuestario, se contemplan un total de RD$52,489.5 millones, de los cuales RD$12,086.0 millones provienen de financiamientos bilaterales y RD$40,403.5 millones de multilaterales.
El resto de financiamiento, RD$23,017.8 millones, son destinados para financiar proyectos de inversión, primordialmente para mejorar el sector eléctrico, mejoramiento y saneamiento de aguas y residuos hidráulicos, sector agropecuario y obras de infraestructura para reducir el riesgo de desastres naturales.
El Gobierno apunta que la política de endeudamiento para el 2022 mantendrá flexibilidad para adaptarse conforme a la evolución de los mercados y asegurar las condiciones financieras más favorables para el Estado de manera que se puedan evitar posibles presiones fiscales producto de pago de servicio de deuda.