Una ley de responsabilidad fiscal jugaría rol importante para aplicación de reformas
Cinco economistas compartieron con Diario Libre la importancia de que una reforma fiscal cuente con reglas claras
El control de la deuda garantizaría su estabilidad a largo plazo
Irmgard De la Cruz
Emprender una reforma fiscal integral en la República Dominicana requerirá de reglas claras para controlar el endeudamiento, un componente que podría afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas en los próximos años.
Así lo valoraron cinco economistas consultados por Diario Libre en el marco del Foro sobre la Reforma Fiscal, organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), quienes instaron a las autoridades a trabajar en el proyecto de ley de responsabilidad fiscal que reposa en el Congreso, tras ser depositado por el Ministerio de Hacienda en junio de 2023.
De ser aprobada esta normativa, la República Dominicana se sumaría a más de una decena de países de América Latina y el Caribe que cuentan con leyes de responsabilidad fiscal, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú.
"El país necesita una regla fiscal que delimite de qué manera los gastos corrientes aumentan, para evitar cualquier hemorragia", puntualizó el consultor financiero José Luis de Ramón Picazo, quien señaló que esta debe crecer muy por debajo del producto interno bruto.
El anteproyecto de ley propone un objetivo de deuda del 40 % o menos del producto interno bruto nominal (PIBN) en el gobierno para el 2035, una tasa de crecimiento primario del sector público por debajo de una tasa de inflación promedio de 3.00 % anual, más 300 puntos básicos y sanciones para los funcionarios que incumplan esta normativa.
- A mayo de este año, la deuda pública no consolidada representó el 44.9 % del PIB, con 38,813.1 millones de dólares de deuda externa, 16,941 millones de dólares en deuda interna y 2,244.2 millones de dólares en deuda intergubernamental, según datos de la Dirección General de Crédito Público.
En ese sentido, el consultor de la firma DASA, Roberto Despradel, entiende que este proyecto de ley garantizaría la sostenibilidad de la deuda que, en última instancia, busca igualar sus topes a los niveles de déficit que se deberían tener. "
Si el Estado se va a embarcar en una reforma fiscal, debería estar incluida la (ley de) responsabilidad fiscal", afirmó.
La economista Magdalena Lizardo concuerda en que esta pieza legislativa se analice como un componente que forma parte del conjunto de reformas que las autoridades quieren implementar, un aspecto que ya se había propuesto desde la Ley 01-12 que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo.
"No todo se va a aprobar de hoy para mañana, pero tiene que haber previsibilidad de que esto se haga en conjunto", apuntó, recordando que esto ya se hizo entre el 2005 y en el 2007, dos años en los que se aprobaron todas las normativas relacionadas con la reforma de la administración financiera del Estado en ese entonces.
Se debe garantizar el cumplimiento
Más que aprobar la ley, las autoridades deben estar dispuestas a darle cumplimiento, enfatizó la especialista en el ámbito tributario, Germania Montás.
Hizo referencia a que la Ley 6-06 de Crédito Público ya implica que la deuda pública no debe financiar gastos corrientes o gastos de operaciones, como lo establece en su artículo 43. "Si no hemos podido cumplir eso, va a ser difícil cumplir con otro tope", señaló.
Además, indicó que el proyecto de ley coloca al Ministerio de Hacienda como "juez y parte", al indicar que de esta institución saldrá el comité de supervisión. Por tanto, consideró importante que las universidades y otros sectores de la sociedad civil se integren en esta comisión para hacer más real su supervisión.
Las modalidades que plantea esta pieza aún deben ser discutidas, observó el economista Rolando Guzmán, quien considera que el anteproyecto está sustentado sobre una base que "achica" el accionar del Estado, lo que dificultaría la capacidad de maniobra del Gobierno para satisfacer otras demandas públicas pendientes.
"Yo pienso que la solución no es hacer que el Estado sea más pequeño, sino lograr que el Estado tenga los recursos junto a condiciones que garanticen que haga su trabajo, en términos de calidad de gasto", acotó.
Irmgard De la CruzPeriodista. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con un semestre adicional en Comunicación Escrita cursado en Maryville College, Estados Unidos. Ha escrito sobre economía para los periódicos El Jaya y elDinero. Apasionada por las finanzas, la cultura, la literatura y el bienestar.
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