Reacción de Barrick Gold tras incidente con campesinos que dejó ocho heridos, incluso a un sacerdote
De acuerdo con la empresa minera, los responsables de interrumpir el proceso han realizado un bloqueo ilegal de carreteras públicas
La empresa minera Barrick Gold aseguró que un pequeño grupo de personas está afectando el proceso de reasentamiento de las familias que residen en las comunidades donde será construida su nueva presa de colas o de desechos de esa empresa en la provincia Sánchez Ramírez, una postura respaldada por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.
La multinacional expresa su queja mediante un comunicado, emitido tras el incidente protagonizado entre agentes policiales y militares con un grupo de campesinos que se oponen a la obra y el cual dejó al menos ocho civiles heridos de perdigones, entre ellos un sacerdote.
Bloqueo de carreteras
De acuerdo con la empresa minera, los responsables de interrumpir el proceso han realizado un bloqueo ilegal de carreteras públicas para servir a sus propios intereses económicos.
Sostiene que esos actos fueron los causantes del enfrentamiento registrado entre campesinos y los miembros de los organismos castrenses, quienes restablecieron el acceso a las vías públicas para que los contratistas de la empresa puedan realizar los estudios técnicos donde será construida la presa de colas.
Detalla que ese grupo ha exigido el pago de indemnizaciones injustificadas por las tierras y los cultivos que no se refieren a una evaluación independiente de los precios aplicables en el mercado.
Son las familias que serán reubicadas, conforme con el acuerdo al que llegaron con la Barrick Gold.
Para los terrenos, la tasación de Barrick basada en el valor de reposición tiene precios que oscilan entre los 42,064.45 pesos y los 46,491.62 pesos por tarea de terreno agrícola y pasto mejorado.
Sin embargo, la comisión –en la que participan miembros no residentes en la zona– piden que el valor por tarea sea de 177,887.50 pesos.
Esto representa un alza de entre 282.6 % y 322.8 % más que la tasación, sin contar que la comisión también pide un pago adicional por los cultivos y las infraestructuras.
Agrega que, a través de sus acciones que supuestamente incluyen amenazas directas e intimidación, ese grupo está violando los derechos de la mayoría de los lugareños e impidiendo que quienes han elegido continuar con el proceso de reasentamiento y restauración de los medios de vida, se comprometan con Pueblo Viejo.
"Aunque Pueblo Viejo se ha comprometido repetidamente de buena fe con esas personas para llegar a un acuerdo mutuo, han continuado cambiando sus demandas incluso después de que se han alcanzado acuerdos", indica en el escrito.
La Barrick alega en el documento que están comprometidos con un proceso de reasentamiento justo para la instalación del espacio de almacenamiento en El Naranjo, de acuerdo con las mejores prácticas y directrices internacionales.
También afirma que, durante todo el proceso de reasentamiento, se han comprometido estrechamente con las comunidades y ha continuado este diálogo abierto.
Aseguran que han trabajado con la comunidad de manera cooperativa y transparente con respecto al desarrollo del sitio de destino, la construcción de casas a ser reemplazadas, los programas de restauración de medios de vida y desarrollo comunitario, garantizando la participación pública en todo momento.
"Pueblo Viejo continúa interactuando con los muchos residentes respetuosos de la ley que están de acuerdo en continuar trabajando con la mina y que ya han demostrado su voluntad de aceptar los paquetes de compensación y ser reasentados en el nuevo sitio anfitrión que les ofrece nuevas oportunidades de sustento y de mejora de su calidad de vida", expresa.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, desmintió hoy los rumores sobre un supuesto desalojo en las comunidades mineras de la provincia Sánchez Ramírez.
Precisó que lo sucedido fue un procedimiento relacionado con el acceso para realizar estudios geológicos previos a las obras de reasentamiento, en curso tras llegar a un acuerdo con las 656 familias que serán reubicadas.
En una nota de prensa, Santos calificó la situación de "lamentable", debido a que los retrasos afectan la expansión de las operaciones de Pueblo Viejo, e impiden que el país se beneficie de mayores ingresos debido a los precios internacionales del oro.
Por ello, el ministro solicitó la intervención de los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente para mediar la situación.