Auditoría señala brecha de más de RD$2 millones en nóminas de la Dirección General de Minería

Entre 2020 y 2022, la Dirección General de Minería (DGM) tuvo discrepancias en las nóminas reportadas tanto a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) como a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), con diferencias de 2,014,833 pesos, lo que puede resultar en retenciones incorrectas de la seguridad social e impuesto sobre la renta.

Así lo plantea la auditoría realizada por la Contraloría General de la República. El informe, que analiza las operaciones de la entidad desde el 17 de agosto de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022, también muestra cantidades de empleados disímiles en los reportes entregados a ambas instituciones durante el mismo mes.

La variación más significativa ocurrió en el mes de agosto de 2022, cuando se reportó ante la TSS una nómina de 8,633,772 pesos, distribuida entre 209 empleados.

Sin embargo, en la entrega del formulario IR-3, que es la declaración jurada que se utiliza para reportar las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de los Asalariados (ISR), figura una nómina de 7,152,150 pesos (1,481,621 millones de pesos menos que la declarada ante Tesorería) y solo 183 empleados, es decir, 26 trabajadores menos.

Agosto de 2021 también fue el mes en el que hubo mayor distorsión entre ambos reportes, ya que la nómina presentada ante Tesorería era de 7,590,847 pesos para 195 empleados, pero en Impuestos Internos esta misma nómina era 1,340,421 pesos menos (6,250,425 pesos) entre 172 empleados (23 asalariados menos).

Hubo meses en los que se dio el caso opuesto, como en marzo de 2021, cuando ante el formulario IR-3 se encontraban registrados 190 trabajadores y la nómina totalizaba 8,175,280 pesos.

Pero, el informe que reposaba en la TSS de ese mismo mes contabilizaba dos empleados menos con una nómina total de 7,590,846 pesos, para una diferencia de 1,082,633 pesos.

El mes con menor divergencia durante el período analizado fue enero de 2022, ya que en Impuestos Internos la nómina era solo 624 pesos menor a la reportada a Tesorería, que se situaba en 7,925,310 pesos. En ambas instituciones se reportaron la misma cantidad de empleados, que entonces era de 204.

Esto representa un incumplimiento al mandato de los artículos 25 y 26 de la Ley 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría.

La normativa responsabiliza al titular de cada entidad por el mantenimiento de las operaciones de cada institución y los encarga de tramitar, autorizar, ordenar o expedir las órdenes de pago, a fin de aplicar los debidos controles internos y de cumplir con las normas de ejecución del presupuesto.

Al respecto, la Contraloría recomendó al departamento financiero conciliar ambas nóminas y realizar las rectificativas correspondientes.

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Más debilidades en nóminas y en personal

Además de estas discrepancias, el órgano regulador encontró otras debilidades en las nóminas, como la falta de segregación de funciones.

Esto puede implicar que las responsabilidades asignadas a los empleados de la Dirección General de Minería no se correspondían con sus puestos y que esto afectaría el diseño de políticas y procedimientos adecuados para el registro de las nóminas.

De igual forma, se identificó que al menos 28 empleados contaban con expedientes desactualizados y sin documentos que los respaldaran.

A todos estos expedientes les faltaron pruebas técnicas, 27 de ellos carecían de capacitación y a 26 les faltaron pruebas psicométricas. Asimismo, 18 no contaban con antecedentes penales, a 12 les faltaba una solicitud de empleo, a cuatro su hoja de vida y a tres una certificación de estudios.

Para ello, la auditoría concluyó que la dirección de recursos humanos debe delimitar funciones claras y completar estos expedientes faltantes, así como exigir todos los documentos necesarios al momento de la contratación y mantenerlos actualizados para evitar la pérdida de información crítica.

Otras irregularidades

La auditoría encontró otras siete irregularidades en la Dirección General de Minería, como:

• Falta de implementación de las normas básicas de control

• Anteproyectos presupuestarios sin debida aprobación

• Conciliaciones bancarias no aprobadas

• Falta de indicadores de compromiso por departamento en el plan operativo anual

• Inventario de activos faltantes en administraciones anteriores

• Planes anuales de compra sin firmas de su máxima autoridad

• Activos fijos en estatus descargados, registrados en la DGII.

Irmgard De la Cruz

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Periodista. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con un semestre adicional en Comunicación Escrita cursado en Maryville College, Estados Unidos. Ha escrito sobre economía para los periódicos El Jaya y elDinero. Apasionada por las finanzas, la cultura, la literatura y el bienestar.