Wilson revende internet en su barrio de forma irregular. Antes de la pandemia del COVID-19 tenía poco más de 100 clientes. Cuando vino el confinamiento, que potenció el trabajo remoto y las clases virtuales, estos se duplicaron; ahora tiene unos 230. Y de eso se quejan las empresas telefónicas, pues reportan que la reventa ilegal de internet se incrementó durante la crisis de salud.

Hace siete años que Wilson (nombre ficticio, pues prefiere proteger su identidad) comenzó a compartirle internet a un vecino sin ninguna planificación y de forma empírica. Consiguió más interesados y surgió un negocio. Le invirtió y creció. En el techo de su casa tiene instalada una torre de 120 pies, en cuya cúspide están los aparatos que envían la señal inalámbrica a los receptores instalados en las viviendas de sus vecinos que le pagan por la conexión wifi.

En un cuarto contiguo, tiene unos costosos servidores donde se conectan cables que recorren los postes que sostienen el tendido eléctrico del barrio y las líneas de las empresas telefónicas. Así lleva el servicio a los clientes que le contrataron internet por fibra óptica, para la que ha invertido más de RD$1.5 millones en sofisticados equipos. Se interesó en comenzar el trámite para regularse como revendedor formal de internet, pero se queja de que es lento y burocrático.

Su modo de operar es conocido por las empresas formales agrupadas en la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec), que en los últimos años han mantenido la queja de la existencia de estos revendedores irregulares de un servicio conocido también como WISP, unas siglas que en inglés significan Wireless Internet Service Provider (Proveedor de Servicios de Internet inalámbrico). En la jerga popular los identifican como “wiferos”.

Las empresas telefónicas estiman que, entre enero y septiembre del pandémico 2021, unas 5,000 cuentas se usaron para reventa ilegal de internet en el país. La Asociación Dominicana de Proveedores de Internet (Asodopi), que agrupa a los revendedores regulados, calcula que la pandemia incrementó en alrededor de 25 % la ilegalidad e indica que oscilan entre 2,000 y 2,500 los proveedores informales que no tienen ningún tipo de registro. El Indotel apenas reporta 76 regulados.

“Algunos de ellos están formalizados como empresas y están tratando de hacer su proceso en el Indotel, pero realmente eso es una minoría de ese número (…) El resto de los 2,000 no les interesa ni siguiera comenzar ningún proceso de formalización”, dice George Toma, secretario general de Asodopi.

Toma reporta que en el sector se comenta que negociantes afectados por el cierre económico impuesto por el confinamiento en 2020, invirtieron dinero para dedicarse a revender internet de forma irregular.

Comtec señala que el 77 % de los habitantes en la República Dominicana tiene acceso a internet y que en el país hay más de 9 millones de cuentas. Y así como reportan un crecimiento de reventa ilegal de internet en la pandemia, las empresas de telecomunicaciones manejaron un incremento inesperado de tráfico de alrededor de un 40 % durante la emergencia sanitaria.

Para revender internet de forma legal, el interesado necesita una inscripción en el registro especial del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y la suscripción de un contrato con una concesionaria de internet para la reventa de sus servicios.

En un diagnóstico escrito de la situación, Comtec explica que han tenido casos donde el revendedor irregular despliega redes rudimentarias, “sin el más mínimo cumplimiento de estándares”, pago de arbitrios, arrendamientos de espacios o autorizaciones. Indica que en ocasiones hacen uso con elementos de red propios (cables, fibra y equipos, como los de Wilson) o elementos robados de las propias empresas de telecomunicaciones.

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¿Por qué la gente contrata a un revendedor?

El perfil de los clientes de los revendedores es variado. Un usuario lo justificó a Diario Libre argumentando que es deficiente el servicio que ofrecen en su barrio las grandes empresas telefónicas. Esto lo motivó a contratar el internet que le ofrecía un vecino.

Como en 2020 necesitaba conectarse remoto para trabajar durante el confinamiento impuesto por la pandemia, optó por cambiarse de proveedor para unirse al servicio de otro vecino que le ofrece un internet de mejor calidad y que está regulado ante el Indotel.

Pero en el barrio de Wilson, el servicio de las telefónicas es bueno. Los clientes recurren a él por un asunto económico. Las familias de menos ingresos y con empleos informales optan por su negocio pues no requieren atarse a un contrato con cláusulas comprometedoras ni tampoco son rechazados por carecer de un historial crediticio limpio. Si en un mes no pueden pagar, Wilson no les provee internet y no hay penalidad.

Por un plan de 5 megabit (Mbps) de internet al mes, Wilson cobra RD$800, cuando una prestadora oficial pide RD$1,035. Si son 15 Mgps, por fibra óptica, los vende a RD$1,500, siendo el precio de una empresa del mercado RD$1,684.

Para 20 Mbps pide a sus vecinos RD$1,900, a diferencia de los RD$2,074 que publica una de las grandes compañías. Pero Wilson dice que hay revendedores que tienen precios más altos que las mismas empresas telefónicas, por ejemplo, cuando estas no prestan su servicio en un sector y ellos lo suplen.

“Una instalación de nosotros (de fibra óptica), fácilmente tú llegas y no vas a notar que es diferente a la de otra (compañía telefónica), porque nosotros la hacemos igual”, explica Wilson.

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¿Dónde están los revendedores irregulares?

Al primero de marzo del presente año, el Indotel registraba 76 revendedores legales de internet en la capital dominicana y provincias.

Donde las empresas de telecomunicaciones han identificado la mayor incidencia de reventa ilegal son los barrios Virella y Pekín en Santiago; Los Ríos, Villas Agrícolas, Arroyo Hondo I y Luperón en el Distrito Nacional; y El Picapiedra en La Romana.

Además, los sectores Ciudad Satélite, Sabana Perdida, Pantoja, Buenos Aires de Herrera, El Almirante y Ozama, en Santo Domingo. También, en San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Espaillat (sector Centro Moca), y Peravia (sector Baní Centro), así como en Boca Chica.

Desde agosto de 2020, cuando la pandemia del COVID-19 estaba en su primer año, y hasta el 2 de marzo del presente 2022, el Indotel reporta la clausura de 31 revendedores ilegales en las provincias Sánchez Ramírez, San Cristóbal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Santo Domingo, Puerto Plata, La Vega, El Seibo, Valverde y Espaillat.

La Asociación Dominicana de Suplidores de Internet ha defendido la reventa legal de internet y asegurado que trabaja para corregir las irregularidades. En septiembre de 2021, en respuesta a quejas de las empresas de telecomunicaciones, el gremio indicó que, por las inversiones de sus miembros, el año escolar 2020-2021 “fue exitoso” y fue posible la conectividad en lugares remotos que no son “negocio rentable para las grandes empresas”.

El Indotel explica a Diario Libre que, durante los últimos meses, las concesionarias de servicios de internet vienen realizando esfuerzos puntuales para que sus servicios destinados a usuarios finales no sean objeto de reventa (irregular), con el fin de que no se efecte la calidad del servicio que reciben los propios usuarios de la concesionaria.

“El corte de los servicios en cuestión está amparado en la violación al contrato de servicio suscrito entre la concesionaria y el ‘WISP’, el cual, en los casos en cuestión, no se identificó como revendedor al momento de ser contratado, y, por tanto, no cuenta con un contrato de servicio destinado a la reventa”, observa el Indotel a Diario Libre.

Wilson le compra 100 Mbps mensuales por RD$95,000 a una compañía formal de telecomunicaciones del país. Él explica que el paquete se denomina “internet dedicado”, por lo que su contrato es diferente al de un usuario común, y lo hizo como una empresa registrada.

“Eso está registrado y el Indotel sabe que yo estoy pagando”, dice. De ese contrato se apoya para el proceso de regulación que no ha podido avanzar.

-Si te formalizas, ¿crees que ganarías menos dinero? –le pregunta Diario Libre.

- No creo. De hecho, formalizarme creo que me ayudaría más, porque cuando uno está trabajando sin preocupación, uno se enfoca mejor.

El sector de telecomunicaciones se queja de que la reventa ilegal de internet permite la evasión fiscal en perjuicio de proyectos de desarrollo, ya que afecta los ingresos del Estado por concepto de impuestos directos que aplican a los servicios de telecomunicaciones.

Las empresas de telecomunicaciones estiman que los esquemas de reventa ilegales han ocasionado que estas tengan que invertir unos RD$1,300 millones en aumento de capacidad de circuitos nacionales e internacionales y equipos para la conexión a internet, para mantener la calidad del servicio de los clientes.

“Esta inversión las empresas la hubieran utilizado para crecimiento de la red donde hay necesidad de crecer, sin embargo, han tenido que desviarla para aumentar la capacidad en zonas servidas para soportar el alto consumo de los revendedores ilegales”, se quejan.

Exigen que el Indotel actúe con más celeridad para aplicar acciones correctivas contra la reventa ilegal de internet. Pero los revendedores regulados consideran que la institución no cuenta con el personal suficiente, tanto para corregir las irregularidades como para agilizar el trámite de los permisos.

El órgano regulador se defiende argumentando que se encuentra trabajando en una modificación al reglamento de reventa de servicios de telecomunicaciones, con el objetivo de adecuarlo a la evolución que ha tenido ese mercado en la República Dominicana, un proceso que ya había notificado a Diario Libre hace seis meses.

Pero Wilson considera que el Indotel debería inclinarse más hacia el cliente, y asegurarse de que estén satisfechos con el servicio de las empresas telefónicas y reciban por lo que están pagando. Las compañías argumentan que muchas veces no crecen en zonas no servidas por las dificultades que se presentan para obtener los permisos.