Autorizaciones y asignaciones
A veces se piensa que el presupuesto nacional es un documento de autorizaciones que contiene una serie de partidas de gastos e inversiones que el Poder Ejecutivo puede llevar a cabo, o sustituirlas por otras según considere conveniente.
Recordemos en ese sentido las subestimaciones de ingresos que eran habituales en algunos años, a fin de que el Presidente pudiera disponer libremente de las recaudaciones "extraordinarias" por encima de las presupuestadas.
Y recordemos también la concentración de recursos en la presidencia, y sus posteriores transferencias para usos muy diferentes a los originalmente aprobados.
Es algo así como creer que lo esencial es que el presidente no exceda las autorizaciones, pero que si quiere quedarse por debajo, o cambiar su destino, no debe impedírsele hacerlo.
Es una consecuencia de la idea de que como el presupuesto lo elabora el Poder Ejecutivo, es a él a quien le pertenece. Y es natural que los gobiernos suelan ver que eso está bien, pues le da flexibilidad al manejo de los recursos, lo que explica que en el presupuesto del 2014 haya sido incluida la facultad de ajustar las apropiaciones sin alterar su total.
Pero es un concepto discutible, pues el presupuesto es un instrumento que pertenece al país, independientemente de quién lo ejecute, lo que implica que es tan perjudicial exceder los montos autorizados como dejar de cumplir con las asignaciones aprobadas.
En ese sentido, el presupuesto es a la vez un tope y un mandato, en virtud del cual el país, a través de sus representantes en el Congreso, indica al Poder Ejecutivo en qué cosas y por cuáles montos desea que se empleen los recursos disponibles.
Dicho eso, hay que añadir que como no es posible preverlo todo, conviene dejar partidas identificadas específicamente, utilizables por el Poder Ejecutivo a su discreción para fines imprevistos sin necesidad de afectar otras asignaciones.