La Comisión Europea propone retrasar un año la entrada en vigor de la ley contra la deforestación
La decisión otorgará más tiempo a las empresas exportadoras dominicanas que quieran ponerse al día
AFP
La Comisión Europea propuso este miércoles aplazar un año la aplicación de la controvertida ley sobre deforestación, que debía entrar en vigor a fines de 2024 y fue muy criticada por importantes aliados comerciales del bloque, entre ellos Brasil.
"Teniendo en cuenta los comentarios recibidos por socios internacionales sobre el estado de sus preparativos, la Comisión también propone dar a las partes interesadas tiempo adicional para prepararse", anunció la institución en un comunicado.
El aplazamiento permitiría que las empresas de países exportadores como la República Dominicana se pongan al día, incidiendo sobre todo en los operadores comerciales que suplen al mercado europeo de cacao y café dominicanos, dos de los siete principales rubros a los que se les aplicaría las condiciones del Reglamento UE 2023/1115.
La legislación veta en la UE la importación de cacao, café, soya, carne bovina y sus derivados, palma aceitera y caucho, todos rubros que aumentan en hasta 248,000 hectáreas actuales el ritmo de exportación en el mundo “sin una intervención reguladora adecuada”, considera el conglomerado europeo.
Una logística complicada
Sin embargo, un elevado número de aliados comerciales del bloque europeo cuestionan la complicada logística que impone a los países exportadores.
En septiembre, Brasil presentó formalmente al comisario europeo de Agricultura, Januz Wojciechowski, un pedido en favor de un aplazamiento en la entrada en vigor de la ley, iniciativa que recibió el apoyo de Alemania, la locomotora económica de la UE.
En el caso de la República Dominicana, el jefe de la misión comercial de la Unión Europea en el país, Luis Araque de Juan, declaró a Diario Libre que productos como el cacao dominicano se producen bajo un sistema agroforestal, lo que significa que es parte del bosque, y se sitúa entre los países de menor riesgo de deforestación, un hecho que también puede demostrarse a través de la toma de imágenes satelitales.
Esto no exime a los operadores comerciales, sin embargo, de agotar estrategias de geolocalización, trazabilidad del fruto y registro de los productores, necesarios para evidenciar si la materia prima del chocolate se ha obtenido bajo prácticas sostenibles.
Es sobre ellos que recaerá "el peso del reglamento", ya que deben presentar todas estas informaciones bajo una declaración de diligencia debida, que requiere una descripción de los productos, su cantidad, la zona específica en la que se produce, la ubicación exacta de las parcelas, entre otras informaciones adicionales que evidencien el cumplimiento.
Esto también aplicaría para las fincas cafetaleras. El director ejecutivo del Instituto Dominicano del Café (Indocafe), Leónidas Batista, afirmó en julio pasado que ya el 36 % de las fincas que hay en el país –alrededor de 11,000– están georreferenciadas y registradas en una plataforma digital que le permite a los compradores europeos obtener detalles sobre la finca
La nueva fecha
En un comunicado divulgado este miércoles, la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, propuso que la controvertida ley entre en vigor el 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas, y en julio de 2026 para las pymes, moviendo así la fecha, inicialmente prevista para el 30 de diciembre de este año.
"Dado que todas las herramientas de implementación están técnicamente listas, los 12 meses adicionales pueden servir como un período de introducción gradual para garantizar una implementación adecuada y efectiva", afirmó la Comisión.
"Varios socios globales han expresado repetidamente su preocupación por su estado de preparación, más recientemente durante la semana de la Asamblea General de la ONU", agregó la institución en su comunicado.
Además, admitió, "el estado de los preparativos entre las partes interesadas en Europa también es desigual".
De acuerdo con la oenegé Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), las importaciones de la UE son responsables del 16 % de la deforestación mundial.
En respuesta a esos datos, el bloque adoptó la controvertida ley -conocida por sus siglas EUDR- para vetar el ingreso de productos que generen deforestación.
En junio, Estados Unidos también pidió a la UE postergar la implementación de la ley, que suscita igualmente preocupaciones por parte de países africanos y asiáticos.
Ya en septiembre de 2023, un grupo de 17 países (11 latinoamericanos, tres asiáticos y tres africanos) advirtió a la UE sobre los efectos de la normativa.
Grupos medioambientales europeos se oponen a que la implementación de la ley sea pospuesta.
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