Inmigrantes corren riesgos en marchas de Black Lives Matter

Entre las miles de personas que marchan todos los días en apoyo al movimiento Black Lives Matter están los inmigrantes y quienes defienden sus derechos.

Pero, para ellos, manifestarse tiene un riesgo extra: terminar inadvertidamente en custodia inmigratoria.

En todo el país, los inmigrantes expresan solidaridad con el movimiento que despegó desde la muerte de George Floyd en Minneapolis. Las mismas organizaciones que defienden los derechos de los migrantes prestan su apoyo a Black Lives Matter, y muchos se sienten obligados a marchar, con frecuencia bajo el argumento de que se relacionan con la lucha a la que se enfrentan las personas de raza negra con el racismo y vigilancia policial punitiva.

Pero debido al envío de agentes de inmigración a las marchas en el país, y con las relaciones que muchas cárceles locales tienen con ellos, incluso marchar pacíficamente — o, en algunos casos, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado— puede cambiar drásticamente la vida de alguien en Estados Unidos.

Por lo menos cuatro inmigrantes fueron arrestados por la policía de Phoenix cuando las marchas comenzaban a tomar fuerza. Tres de los cuatro están protegidos por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), que ampara de la deportación a inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños y les otorga permisos de trabajo. Como las cárceles locales permiten que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) entren a sus instalaciones, todos terminaron en detención inmigratoria, incluida una conocida joven activista que tiene protecciones del DACA y que fue liberada al día siguiente tras la intensa presión de defensores de sus derechos. La activista, Máxima Guerrero, había fungido como observadora legal y no participaba en la protesta cuando fue arrestada, según la organización para la cual trabaja.

Los inmigrantes, y particularmente los latinos, ya han sido blanco específico de la acción policial en protestas previas.

Durante los disturbios de 1992 en Los Ángeles después de que absolvieran a los agentes que golpearon a Rodney King, agencias inmigratorias federales, incluido el ya extinto Servicio de Inmigración y Naturalización y la Patrulla Fronteriza, fueron enviados para ayudar a la policía.

Según un informe del Centro Tomás Rivera, concluido poco después de los disturbios, los agentes de inmigración aprovecharon la situación para encontrar a inmigrantes que vivían en el país sin autorización. Hubo reportes de que no sólo los agentes de inmigración detenían a personas, sino de policías de Los Ángeles se las estaban entregando directamente.

En aquella época, Madeline Janis dirigía CARECEN, una organización no gubernamental que aboga para que las comunidades de minorías étnicas en Estados Unidos tengan buenos trabajos. Janis comenzó a recibir llamadas de personas que reportaban que sus familiares habían sido arrestados y no podían localizarlos, incluidas las familias de varias mujeres embarazadas que Janis dijo que no estuvieron involucradas en las protestas.

“Sólo recuerdo estar muy enojada e indignada, y las personas teniendo tanto miedo”, dijo Janis.

Centroamérica acababa de pasar por décadas de guerras civiles, y las personas estaban atemorizadas de ser forzadas a regresar, dijo.

Janis no recuerda qué fue de las tres o cuatro mujeres embarazadas que ayudó en aquel momento.

“Sólo me sentí triplemente indignada de que estos policías arrestaron a estas mujeres embarazadas sin ningún motivo y las enviaron a estas situaciones terribles. Sólo apestaba a inhumanidad”, dijo Janis.

Los agentes de inmigración enviados a las recientes protestas de Black Lives Matter, incluyendo a los de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), han guardado silencio sobre lo que hacen y en dónde, diciendo que hablar “podría poner en peligro la seguridad operativa”. Los legisladores demócratas han sido críticos y han exigido que den más información. Sin embargo, los agentes aseguran que no están en las protestas para aplicar leyes inmigratorias.

“Este despliegue es para apoyar las tareas de nuestros socios federales, locales y estatales, no para realizar la misión de control migratorio de la CBP. Es sobre la preservación de la vida y la seguridad. Actualmente tenemos recursos desplegados en varios estados que cumplen papeles de apoyo operacional a petición de otras agencias del orden”, dijo la CBP en un comunicado la semana pasada.

Eso suena hueco para muchos de los grupos que defienden a los inmigrantes, los cuales tienen poca confianza en la CBP y en el ICE. Los grupos dicen que han recibido llamadas de inmigrantes que desean participar en las marchas pero tienen incertidumbre de que sea seguro hacerlo.

Scott Foletta, abogado supervisor de Immigration Defense Practice for the Neighborhood Defender Service of Harlem, asegura que su organización de defensa legal ha recomendado a las personas estar alerta de su entorno. La organización también ha difundido en internet volantes que recomiendan a las personas escribir en sus brazos el número telefónico de su abogado y cancelar la identificación facial o digital en sus celulares.

“La comunidad está muy preocupada de si pueden salir a protestar”, aseguró Foletta.

José Antonio Vargas, fundador de Define American y un conocido activista proinmigrante, dice sentirse seguro en las protestas en las que ha participado en Berkeley, California, pero no se sentiría tan seguro de hacerlo en lugares como Phoenix, donde la cárcel local colabora con el ICE.

Vargas ha recibido muchos mensajes privados de inmigrantes beneficiarios del DACA o carentes de permiso para estar en el país que le preguntan si pueden salir a protestar sin que les pase nada. Vargas les responde que le alegra que quieran participar, pero deberían saber que hay riesgos.

Señaló que el asunto de la brutalidad policial contra los afroestadounidenses resuena entre los inmigrantes, ya que a menudo son sujetos de o temen a las tácticas agresivas de los agentes de inmigración.

“No olvidemos que la militarización de la frontera y la militarización de las fuerzas policiales están vinculadas”, afirmó Vargas, quien señaló que los agentes efectúan las mismas “acciones agresivas contra civiles desarmados”.

Vargas dice que está viendo a comunidades de inmigrantes, en especial a los jóvenes, enfrentar el racismo contra los afroestadounidenses en sus propias familias.

“Como que traemos nuestras ideas incrustadas sobre el color de la piel y luego llegamos aquí, y parte de nuestro proceso de americanización es darnos cuenta que existe esta dinámica entre blanco y afro, y que afro significa esto y blanco aquello”, dijo Vargas. “Lo que está sucediendo es que estas dos comunidades están tratando de rechazar lo mismo. Están diciendo que ya no es aceptable ser antiafroestadounidenses en nuestras familias”.