Juez bloquea una parte de la controvertida ley de Texas que penaliza la ayuda a votantes

Un juez federal anuló una disposición clave de una ley de Texas que complica el voto por correo y penaliza la ayuda a votantes, al considerar que impone cargas inconstitucionales e ilegales a grupos de electores marginados, informó este domingo el Fondo Mexicoamericano de Defensa Legal y Educación (MALDEF).

En un fallo de más de 70 páginas entregado el sábado, el juez Xavier Rodríguez opinó que las restricciones impuestas en 2021 por la Ley Senatorial 1 (SB1) para ayudar a votantes que necesitan asistencia para llenar o entregar su boleta de votación violan la Primera y la Decimocuarta Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos al invalidar la libertad de expresión.

Además, el juez Rodríguez consideró que la disposición, que permitía a las autoridades acusar de delitos graves a trabajadores de organizaciones que ayudan a ciertos votantes con su papeleta por correo, es confusa.

El gobierno de Texas, controlado por el republicano Greg Abbott y su mano derecha, el fiscal general del mismo partido, Ken Paxton, ha intensificado en los últimos años su esfuerzo por combatir el "fraude electoral", haciendo eco de las teorías sin fundamento del expresidente Donald Trump de que miles de migrantes intentarán votar en los próximos comicios.

Maldef y el Brennan Center for Justice presentaron una demanda en septiembre de 2021 en nombre de La Unión del Pueblo Entero (LUPE) y otras organizaciones para impugnar la SB1 argumentando que la ley es inconstitucional y viola la ley federal de derecho al voto.

El juez Rodríguez no se pronunció sobre la totalidad de la ley, pero su bloqueo a la disposición representa una victoria para los defensores del derecho al voto.

Thomas Saénz, presidente y asesor general de Maldef, calificó la ley impulsada por Abbott como un esfuerzo "antidemocrático" que solo busca impedir y disuadir la participación informada de los votantes en comunidades marginadas.

“Que todos los votantes de Texas vean en esta decisión (del juez) un reconocimiento de su derecho inviolable y férreo a emitir su voto en las elecciones de noviembre”, agregó el activista.

Por su parte, Nina Perales, abogada de Maldef, advirtió que “organizaciones como LUPE pueden volver a hablar con los votantes en reuniones comunitarias y a través de campañas en los vecindarios sin preocuparse de que su personal sea procesado por la ley”.

El mes pasado, las autoridades texanas allanaron las casas de varios activistas y políticos latinos en el estado, en lo que legisladores y líderes de los derechos civiles han calificado como una táctica de "intimidación electoral" con el objetivo de disuadir a los votantes de ascendencia hispana de participar en las elecciones generales de noviembre.

Las redadas fueron llevadas a cabo como parte de una investigación liderada por la unidad de "integridad electoral" de la fiscalía, creada tras las elecciones de 2020, cuando la mayoría de los republicanos abrazaron la idea falsa de que los comicios -que dieron la victoria al actual presidente Joe Biden- fueron fraudulentos.