Amenazan con demandar a medio puertorriqueño por obtener datos confidenciales de electores

La Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE) aseguró que no descarta la posibilidad de incoar una acción legal en contra del Centro de Periodismo Investigativo (CIP) por obtener información confidencial y privilegiada de ciudadanos del Registro General de Electores (RGE).

Y es que según dijo en un comunicado enviado en la noche del miércoles la presidenta alterna de la CEE, Jessika D. Padilla Rivera, tomará dicha decisión legal por un reportaje del CPI, en el que reveló que hay 900,000 fallecidos en el RGE y miles de ellos aparecen votando en las elecciones del 2016 y 2020.

La pesquisa detectó que al menos 5,872 fallecidos entre 2015 y el 30 de septiembre de 2020 aparecen como activos en el RGE, o sea, que presuntamente votaron en el 2016 o 2020.

"La Comisión Estatal de Elecciones está llamada a proteger la información de los electores en Puerto Rico, razón por la cual, tal como afirman en el reportaje, la CEE no autorizó y mucho menos compartió el documento", aseguró Padilla Rivera.

Según detalló, el Artículo 3.6 (4) del Código Electoral de Puerto Rico establece: "Los documentos de inscripción serán considerados privados, confidenciales y solamente podrán solicitar copia de estos el elector inscrito, los comisionados electorales, la CEE y sus organismos oficiales o cualquier tribunal con competencia en el desempeño de sus funciones, cuando se trate de asuntos de naturaleza específicamente electoral o la configuración de las listas de candidatos a miembros de jurado en procesos judiciales".

"Ante esto, es razonable concluir que el resultado de la búsqueda que dio paso al reportaje periodístico es cuestionable, toda vez que, reiteramos, el acceso al Registro se distancia, a todas luces, de las prohibiciones contenidas en la Ley Núm. 58 del 2020", añadió PadillaRivera.

La titular de la CEE se reafirmó en que la agencia ha sido responsable en el manejo de la información concerniente a los esfuerzos que se realizan para excluir del Registro General de Electores a los fallecidos en estricto cumplimiento con los procesos establecidos.

En esta misma línea, confirmó la veracidad de la información compartida con el CPI, en entrevista del pasado 19 de septiembre, acerca de la cantidad de expedientes de ciudadanos fallecidos.

En ese momento, según le dijo Padilla Rivera al CPI, poco más de 16,000 electores fallecidos serían excluidos del registro de votantes.

Incluso, Padilla sostuvo en el comunicado que la cantidad de expedientes se redujo a poco mas de 13,500, cifra que aseguró que continúa reduciéndose.