Centro Carter afirma que no puede verificar resultados de elección de Venezuela sin "transparencia"

Maduro enfrenta críticas internacionales y protestas por la elección presidencial impugnada

Manifestantes protestan contra la certificación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela dos días después de la elección presidencial. (AP/Matías Delacroix)

El Centro Carter afirmó el martes en la noche que no puede verificar los resultados de las cuestionadas elecciones de Venezuela, en las que la autoridad proclamó ganador al presidente Nicolás Maduro, y señaló la “ausencia de transparencia” del organismo electoral en la difusión de los resultados.

La elección “no se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática”, manifestó la organización con sede en Atlanta en un comunicado.

El Consejo Nacional Electoral invitó al Centro Carter a observar los comicios después de la firma del acuerdo de Barbados en octubre de 2023. Los únicos observadores internacionales autorizados a acudir a los comicios fueron el Centro y una pequeña delegación de las Naciones Unidas, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre los resultados de las elecciones.

La posición del Centro Carter fue difundida en momentos en que la comunidad internacional ha incrementado su presión a Venezuela con críticas sobre falta de transparencia y reclamos a Maduro y al CNE para que revelen las actas electorales. Van además dos días de protestas multitudinarias de opositores que dicen que su candidato, Edmundo González, derrotó al presidente actual y candidato oficialista.

El Centro Carter desplegó 17 expertos y observadores en Venezuela a partir del 29 de junio, con equipos basados en cuatro ciudades: Caracas, Valencia, Maracaibo y Barinas.

“El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, expresó la organización en su comunicado de poco más de una página. “El hecho de que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales”, aseguró.

En la declaración escrita, el Centro Carter precisó que no se cumplieron los estándares internacionales en ninguna de las etapas del proceso electoral y que éste “ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional”.

Señaló también que la elección se realizó en un ambiente de “libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación” y que las autoridades del “CNE mostraron parcialidad en favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición".

Horas antes, Maduro, defendió su victoria en las elecciones desde el palacio presidencial y retó a la opositora María Corina Machado a dar la cara, después de que ésta exigiera a la autoridad electoral que publicara las actas de votación.

Acompañado por una concentración de simpatizantes increpó a la líder opositora a confrontarlo directamente. “Venga por mi”, soltó desde el balcón del palacio de Miraflores.

Machado se concentró en la mañana ante miles de seguidores en el este de Caracas y exigió al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que transparentara las actas de votación de las elecciones del domingo para que se pueda comprobar si ganó Maduro o si, como defiende la oposición, Edmundo González tuvo mayoría de votos.

Maduro aseguró además que mantendrá la disposición de movilizar a policías y militares en las protestas que se levantaron en la capital y en varios puntos más del país desde el lunes contra los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral.

El CNE declaró a Maduro como ganador para un tercer mandato de seis años la madrugada del lunes y lo oficializó horas después.

La OEA instó el martes a Nicolás Maduro a que reconociera su derrota o convocara a una nueva votación más transparente y la Unión Europea cuestionó que no se haya dado acceso a la verificación de los resultados.

Poco antes de que el Centro Carter difundiera su declaración, el presidente estadounidense, Joe Biden, y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvieron una llamada telefónica y luego urgieron al gobierno de Maduro a difundir de inmediato “los resultados electorales completos, detallados y transparentes”.

Los datos de la votación fueron puestos en duda desde el primer momento por la oposición. Machado aseguró el martes que, según el 84% de las actas que tiene en su poder la oposición, fue Edmundo González quien ganó las elecciones con una ventaja del 70% y no Nicolás Maduro.

“Hoy Venezuela tiene su presidente”, dijo Machado en medio de un acto en las calles de Caracas al levantarle la mano a González, un exdiplomático de 74 años, quien era un desconocido en el mundo de la política poco antes de asumir como candidato de la oposición, ante la imposibilidad de Machado de participar en la contienda electoral por una inhabilitación política en su contra por 15 años.

Maduro dijo después que González era un agente de la CIA estadounidense desde los años 80 y que participó en los escuadrones de la muerte de El Salvador, cuando fue diplomático destinado en ese país.

La página web del Consejo Nacional Electoral, donde se publican los resultados de las elecciones, llevaba dos días caída y sin acceso a las actas desde al menos el lunes, pese a las críticas internacionales de transparencia y las protestas de ciudadanos para conocer el detalle de los votos.

Desde la Unión Europea, el Alto Representante para Política Exterior Josep Borrell cuestionó que el CNE haya declarado la victoria de Maduro con el 80 % del escrutinio y “sin aportar ninguna fuente ni sistema que permita su verificación”.

Maduro anunció que creará una comisión especial, con la asesoría de China y Rusia, para evaluar y reforzar la ciberseguridad del sistema de comunicación del CNE que, según el mandatario, ha estado bajo ataque desde el 28 de julio.

Ante la masiva movilización del martes y del lunes, el presidente de la Asamblea Nacional y jefe de campaña del oficialismo, Jorge Rodríguez, instó a las autoridades a que investiguen.

Machado “tiene que ir presa”, requirió, y González “es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela”. Ambos, según Rodríguez, conforman “un comando de acción violenta, de intentar sembrar la guerra civil en Venezuela”.

“Jamás van a llegar al poder”, expresó durante una sesión del Congreso en la que rechazó las actas de votación que la oposición asegura tener, que consideró como “ilegales, porque son mentira”.

Poco antes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que las autoridades actuarán “con contundencia” y movilizarán a los militares y la policía para enfrentar las protestas que se sucedieron a los resultados del domingo.

La organización humanitaria local Foro Penal informó en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que tras las elecciones se reportaron 11 fallecidos asesinatos —dos menores de edad— y 177 personas fueron detenidas.

En medio de los violentos incidentes algunos enardecidos manifestantes derribaron al menos tres estatuas del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y vandalizaron oficinas del CNE en el interior del país. Maduro mencionó el martes que hubo ataques a las estutuas de Chávez en los estados de La Guaira Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Miranda y Guárico.

También el presidente Maduro se pronunció sobre las protestas calificándolas de “un intento de desestabilización masiva de Venezuela” y lo atribuyó al “financiamiento de Estados Unidos y del narcotráfico colombiano para montar una fuerza de choque llena de odio, criminalidad y violencia e intentar antes, durante y después del proceso electoral”.

Durante la reunión del Consejo de Defensa de la Nación —integrado por los titulares de los poderes públicos, jefes militares y policiales— el mandatario dijo que los detenidos en las protestas ya están aportando información de quienes les dieron las órdenes y aseguró que los grupos armados trabajarían “directamente con este grupo de la señora Machado y el señor González Urrutia”.

Ante la advertencia que lanzó el oficialismo contra Machado y González sobre su posible arresto, el subsecretario estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en su cuenta de la red social X que las acciones para detener a miembros de la oposición muestran que “al carecer de pruebas que respalden las afirmaciones electorales de Maduro, éste recurre a la represión”.

Saab dijo a la prensa que han sido detenidas 749 personas y las autoridades aseguraron que los violentos incidentes dejaron al menos dos muertos: un policía en el estado central de Aragua y un guardia nacional que falleció por disparo de arma de fuego. El Ministerio de Defensa contabilizó 23 militares y 25 policías heridos. No hicieron referencia a los civiles.

La ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social dijo en un comunicado que documentaron más de 300 manifestaciones en los 21 estados de Venezuela, principalmente en zonas pobres. Denunció que muchas fueron reprimidas por “civiles armados, identificados como colectivos paramilitares, actuando en coordinación o con aquiescencia de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado”.

Las acciones de protesta también fueron rechazadas por el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, quien afirmó el martes que está en marcha un “golpe de Estado fascista dirigido desde las redes sociales”.

La concentración opositora en Caracas se dio horas después de la detención del exdiputado Freddy Superlano, coordinador político nacional de Voluntad Popular, quien fue apresado por supuestos integrantes de la policía y se desconoce hasta el momento su paradero, según informó a la The Associated Press Juan Carlos Michinel, director nacional de procesos de la organización opositora.

Junto al político fueron detenidos dos miembros de su equipo. El fiscal general no se refirió a Superlano cuando compareció ante la prensa. Voluntad Popular catalogó el hecho de “secuestro” y lo atribuyó a una “escalada represiva” del gobierno de Maduro.

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