Latino recibirá 900,000 dólares tras ser obligado a confesar el falso asesinato de su papá

Una ciudad del sur de California acordó pagar 900,000 dólares a un hispano que sufrió un colapso mental tras ser interrogado por 17 horas por detectives que lo obligaron a confesar el supuesto asesinato de su padre, a pesar de que este estaba vivo.

Thomas Pérez Jr. fue detenido por la policía de Fontana, tras reportar la desaparición de su padre, de 71 años, quién salió a caminar con el perro de la familia en la noche del 7 de agosto de 2018 pero no regresó.

Los investigadores no creyeron la historia del hispano y lo detuvieron para supuestamente encontrar la verdad.

Durante las 17 horas de interrogatorio policial, los detectives le dijeron falsamente a Pérez Jr. que habían encontrado muerto a su padre y que su cuerpo estaba en la morgue. "Tiene una etiqueta en el dedo del pie", aseguró el detective, según los documentos judiciales citados por el periódico de Orange Register, que reveló la historia.

Pérez insistió en que no recordaba haber matado a nadie, pero los detectives supuestamente le dijeron que la mente humana a menudo intenta suprimir recuerdos estresantes.

El hispano fue presionado de tal manera que le aseguraron que tenían pruebas de que había cometido el asesinato. Incluso lo amenazaron con sacrificar a su perro. Finalmente, Pérez Jr. confesó que había matado a su padre tras una discusión.

Pero el padre de Perez Jr. no estaba muerto, fue encontrado ese mismo día en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El hombre había olvidado en su casa su cartera y el teléfono.

Sin embargo, las autoridades no le dijeron al hispano sobre el error y lo llevaron a un hospital psiquiátrico, después que este intentara suicidarse con el cordón de sus pantalones. Pérez Jr. se angustió tanto que se arrancó el pelo y la ropa.

El abogado Jerry Steering, que representó a Pérez Jr. en la demanda, dijo el periódico que en los 40 años de presentar litigios contra abusos policíacos, “nunca había visto ese nivel de crueldad deliberada por parte de la policía”.

La ciudad acordó pagar 900,000 dólares para culminar con la demanda para no llevar a juicio el caso.