Los republicanos anuncian cargos en el juicio político contra el jefe de migración de EEUU

Los republicanos de la Cámara de Representantes de EE.UU. anunciaron este domingo los cargos que utilizarán para someter a un 'impeachment' (juicio político) al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien acusan de haber puesto en peligro la seguridad del país con la entrada de migrantes indocumentados.

En una resolución de 20 páginas, los republicanos acusaron a Mayorkas de dos cargos, denominados también artículos de 'impeachment': uno por su "negativa sistemática y deliberada a cumplir con la ley" al no manejar adecuadamente la situación en la frontera entre Estados Unidos y México, y otro por "violación de la confianza pública".

En su escrito, los republicanos del comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja, que han liderado este esfuerzo, argumentaron que el juicio político es "la única salida que le queda al Congreso".

"Alejandro N. Mayorkas se ha negado sistemática y deliberadamente a cumplir con las leyes de inmigración, no ha logrado controlar la frontera en detrimento de la seguridad nacional, ha comprometido la seguridad pública y ha violado el Estado de derecho y la separación de poderes en la Constitución, en detrimento manifiesto del pueblo de Estados Unidos", argumentaron los republicanos en su resolución.

Una vez que se hicieron públicos los cargos, tanto los demócratas del Congreso como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) arremetieron contra los republicanos y consideraron que su decisión está políticamente motivada y carece de base constitucional.

En un comunicado, el legislador Bennie G. Thompson, el demócrata de mayor rango en el comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja, afirmó que los republicanos quieren "anotarse puntos políticos" con este procedimiento.

Por su parte, el DHS respondió con un memorando en el que consideró que los republicanos no quieren "solucionar el problema", sino que quieren hacer "campaña" con él.

El expresidente Donald Trump, favorito para convertirse en el candidato presidencial republicano, está utilizando la situación en la frontera para atacar a Biden en un intento de restarle apoyo de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

Biden urgió al Congreso en octubre pasado a aprobar un paquete de financiación que incluye 6,000 millones de dólares para la frontera, así como ayuda para Israel y Ucrania; pero los republicanos se han negado a aprobar esos fondos a menos que antes se cambie el sistema de asilo.

Un grupo de senadores republicanos y demócratas llegó a un acuerdo sobre un proyecto de ley para reforzar la frontera, que Biden ha dicho que estaría dispuesto a firmar; pero Trump ha llamado a sus fieles en el Congreso a que se opongan a cualquier tipo de pacto con los demócratas.

El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja se reunirá el martes a las 10:00 hora local (15:00 GMT) para revisar, editar y debatir los cargos contra Mayorkas y, una vez que alcancen un acuerdo sobre el redactado del texto, podría haber una votación en el comité.

Si el comité respalda los cargos contra Mayorkas, se someterán a votación en la Cámara de Representantes para decidir si se inicia el juicio político. La aprobación requiere mayoría simple, lo cual podría ser factible dado que los republicanos controlan esa cámara, aunque su mayoría es ajustada y se necesitaría unanimidad en sus filas.

De esa manera, si la propuesta avanza en la Cámara Baja, al Senado le correspondería llevar cabo ese juicio político. Sin embargo, se necesitarían dos tercios de los votos del Senado para condenar a Mayorkas, algo que parece poco probable ya que los demócratas ostentan la mayoría en la Cámara Alta.

En cualquier caso, de ser destituido, Mayorkas sería el primer miembro del Gobierno de EE.UU., excluyendo a los presidentes, en enfrentar este tipo de castigo en casi 150 años.

Solo una vez en la historia de Estados Unidos un secretario de gabinete fue destituido: William Belknap, secretario de Guerra del presidente Ulysses Grant, en 1876, por corrupción relacionada con contratos del Gobierno.