Acusan a dos abogados de Miami de financiar trama de sobornos en la DEA

Fiscales federales están ampliando su investigación de un sistema de sobornos en que están involucrados dos exsupervisores de la DEA, centrándose en dos abogados de Miami sospechosos de lucrar con revelaciones no autorizadas de datos confidenciales de la agencia antidrogas estadounidense.

La fiscalía federal en Manhattan presentó el lunes documentos en tribunales acusando a los abogados de financiar la trama y pidiendo al juez que le permita revisar 1,000 emails, mensajes de texto y grabaciones de conversaciones telefónicas entre los abogados y Manny Recio, exagente de la DEA que luego trabajó para los abogados como investigador privado.

Las comunicaciones de los abogados con sus clientes y sus equipos investigativos usualmente son confidenciales y exentas de ser vistas por la policía, a menos que hayan sido usadas para cometer algún delito. Pero los fiscales federales tomaron esta semana el inusual paso de pedirle al juez que haga una excepción, al considerar que las comunicaciones entre Recio y los abogados David Macey y Luis Guerra fueron “parte integrante del esquema de sobornos”.

La moción fue un cambio radical para la fiscalía, que durante años hizo todo lo posible por no nombrar a los abogados como cómplices o beneficiarios de la conspiración. Ni Macey ni Guerra han sido acusados penalmente, pero los fiscales los calificaron de “abogadostramposos” que “pagaron cuantiosamente por secretos de la DEA” durante el juicio de dos semanas que declaró a Recio y el exagente de la DEA John Costanzo Jr culpables de sobornos y fraude electrónico.

“Estamos aquí tramando sobre cómo vamos a ganar dinero, dinero, dinero”, dice Guerra en una de las conversaciones con Costanzo que fue interceptada.

Ni Macey ni Guerra han respondido a pedidos de declaraciones. Ambos son miembros de vieja data del llamado “grupo de abogados de polvo blanco”, nombre que se le ha dado a un reducido grupo de abogados de Miami que compiten por defender mafiosos, negociar los términos de su entrega y convencerlos de que cooperen con el gobierno.

En ese campo tan rentable, saber de antemano sobre inminentes acusaciones o investigaciones penales podría ser clave para conseguir un nuevo cliente. Pero pagarle a un funcionario público por información confidencial es ilegal.

En el juicio, los fiscales dijeron que Recio, después de jubilarse, repetidamente le pedía a Costanzo que buscara nombres en una base de datos confidencial de la DEA que rastrea investigaciones federales de interés para sus nuevos empleadores. Los dos hablaron también de cuándo sería arrestado el principal narcotraficante de la República Dominicana y de la fecha exacta en que el jurado investigador imputaría al empresario venezolano Alex Saab, sospechoso de ser repartidor de dinero para el presidente de ese país, Nicolás Maduro.