Miedo y esperanza de un trato justo empujan a migrantes a entregarse en El Paso
Durante las próximas 48 horas, las autoridades estadounidenses pueden seguir aplicando el Título 42
Varios cientos de migrantes que habían cruzado irregularmente la frontera entre México y Estados Unidos en los últimos días se han entregado este martes voluntariamente a la Patrulla Fronteriza de El Paso (Texas, EE. UU.) después de una tensa jornada de intimidación por parte de las autoridades y con la esperanza de recibir un trato justo.
Los migrantes, en su mayoría hombres venezolanos, esperan su turno mansamente en una larga fila pegados al muro del cuartel de la Patrulla Fronteriza que se levanta junto al puente Paso del Norte que une ambos países.
"Supuestamente aquí nos están facilitando la documentación", asegura Giomar, expolicía venezolano de 39 años, que dice que no tiene la documentación y que quiere hacer las cosas "por la forma legal".
Franco Zambrano, otro venezolano de 20 años asegura que se entregan porque quieren formalizar su situación.
"Queremos tener los papeles americanos para poder transitar aquí en los Estados Unidos, queremos estar legalizados", dice a Efe Zambrano acompañado de unos compañeros de travesía con los que comparte las mismas esperanzas.
Por su parte, Yonaiqui González, que también proveniente del país suramericano, insiste: "Nos dijeron que nos entregáramos, que nos viniéramos para acá, que nos están ayudando con los papeles para poder llegar a nuestro destino".
Una tensa jornada para los migrantes indocumentados
Sin embargo, nadie les puede garantizar eso y, de hecho, durante las próximas 48 horas, las autoridades estadounidenses pueden seguir aplicando el Título 42, una orden que permite la expulsión exprés del país por motivos sanitarios.
El día ha sido muy tenso: a primera hora de la mañana agentes de la Patrulla Fronteriza repartieron folletos sin sellos oficiales invitando a los migrantes a entregarse a las autoridades.
"Te conviene entregarte en la estación más cercana de la patrulla fronteriza", decía la nota que concluía: "en este lugar serás procesado por oficiales de CBP y puesto en la vía migratoria correcta".
Poco después, fuentes oficiales del Gobierno aseguraron que la Patrulla Fronteriza tenía previsto realizar una operación especial de detención de migrantes en El Paso para poder repatriar a quienes no puedan probar que fueron procesados y liberados.
Y finalmente, una treintena de agentes armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza se presentaron en los alrededores de la Iglesia el Sagrado Corazón de Jesús, donde acampaba un millar de migrantes, pidiendo la documentación e invitando a las personas que tenían los documentos en regla a entregarse a las autoridades.
Activista denuncia una táctica intimidatoria de las autoridades
"Los agentes del ICE están muy cerca de la iglesia y para mí están violando lo que se llama la política de lugares sensibles, en donde no deberían estar haciendo actividades de ese tipo porque van a disuadir a personas a buscar refugio", aseguró a Efe el director de la ONG Border Network for Human Rights, Fernando García, que se encuentra en el lugar.
Para García, que graba con su teléfono móvil a los agentes, "hay una política muy clara de que ni iglesias ni clínicas ni escuelas están sujetas a este tipo de acciones y lo que estamos viendo es una presencia masiva de ellos".
"Yo creo que es una táctica intimidatoria. Están preparándose para lo que viene y lo que viene va a ser una política más dura de redada", agregó.
Asimismo, el activista cargó contra el Gobierno del presidente Joe Biden, asegurando que "se prometió una política humana hacia la frontera, una política de reforma migratoria para fortalecer el sistema de asilo"
"Y lo que estamos viendo es una política dura muy similar a la del expresidente (Donald) Trump. mandar tropas en vez de asistencia humanitaria a la frontera, hacer este tipo de acciones con personas que vienen buscando la protección", agregó antes de concluir que las únicas opciones que ofrece el Gobierno son "la intimidación y la deportación".
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