EEUU halla patrón de abusos policiales en Louisville

El Departamento de Justicia de Estados Unidos halló que la policía de Louisville ha tenido un patrón de violaciones de derechos constitucionales tras una investigación en torno a la muerte de Breonna Taylor por disparos policiales.

El secretario de Justicia, Merrick Garland, presentó un informe del Departamento de Justicia según el cual el gobierno del condado Louisville/Jefferson y la Policía Metropolitana de Louisville “han incurrido en un patrón de conducta que priva a la gente de sus derechos bajo la Constitución y la ley federal”.

El reporte dice que el departamento de policía de Louisville “discrimina contra personas de raza negra en sus actividades de aplicación de ley”, usa fuerza excesiva y realiza allanamientos sobre la base de órdenes inválidas. Dice también que el departamento viola los derechos de la ciudadanía en cuanto a libertad de expresión, como en las protestas callejeras que estallaron en el verano de 2020.

“Esta conducta es inaceptable, es desgarradora”, declaró Garland.

La investigación fue lanzada en abril de 2021 para determinar si había un patrón de actividad ilegal o inconstitucional dentro del departamento policial.

Taylor, una mujer negra de 26 años de edad, estaba durmiendo en su cama cuando la policía embistió la puerta e irrumpió en su casa después de la medianoche del 13 de marzo de 2020. Tres policías dispararon cuando el novio de Taylor, temiendo que se trataba de un robo, le disparó a uno de los agentes en la pierna. Taylor fue alcanzada por los tiros y murió en el lugar.

La orden usada para irrumpir en la vivienda es ahora objeto de una investigación penal federal, y un expolicía de Louisville se ha declarado culpable de falsificar información en esa orden. La policía no halló droga alguna en la casa de Taylor.

La policía de Louisville ha tenido cinco cambios de jefes desde el caso Taylor, y el nuevo alcalde Craig Greenberg está entrevistando a candidatos para el cargo. La municipalidad ha tenido que pagar compensaciones con base en demandas por el incidente con Taylor, incluyendo un pago de 12 millones de dólares a la familia de Taylor.

Desde 2020 la ciudad ha prohibido las requisas de viviendas sin aviso, ha iniciado un programa para que psicólogos acudan a llamadas de emergencia, ha ampliado programas comunitarios de prevención de violencia y ha creado programas para la salud y bienestar de los oficiales, dice el reporte.

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