Cierre de pasos informales entre propuesta trilateral sobre crisis migratoria

Autoridades de Migración de Costa Rica, Colombia y Panamá abordaron este martes la crisis regional de migrantes irregulares, con propuestas como el cierre de los pasos informales y la creación de un observatorio de movilidad humana para enfrentar este fenómeno disparado en los últimos meses.

Panamá, Costa Rica y Colombia son territorios por los que este año han transitados centanares de miles de migrantes irregulares, especialmente venezolanos, en su viaje hacia Estados Unidos.

Panamá, adonde llegan tras cruzar la peligrosa jungla del Darién procedentes de Colombia, registra más de 210,000 migrantes en tránsito este año, una cifra sin precedentes, más del 70 % nacionales de Venezuela y el resto de una treintena de países de Africa, Asia y América.

En esta primera reunión técnica trilateral, celebrada a puerta cerrada, participaron los jefes de las oficinas de Migración de Costa Rica, Marlen Luna; de Colombia, Carlos Fernando García Manosalva; la subdirectora del Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá, María Isabel Saravia, y representantes de EE.UU., de acuerdo con la información oficial.

"Cerrar los pasos informales"

Los funcionarios de Migración formularon un llamado a la comunidad internacional, "destacando la importancia de cerrar los pasos informales, que lleven al ingreso de migrantes irregulares a territorio panameño", señaló un comunicado del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (Minseg).

"Fueron evaluadas varias propuestas en esta reunión, lo más importante es que los Estados presentes estuvieron de acuerdo en el establecimiento de rutas seguras y formales que ayuden a combatir el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y (...) salvaguardar la seguridad" tanto de los migrantes como de los nacionales de cada país", afirmó Saravia, según el comunicado.

Agregó que se acordaron además siete puntos -todos sobre acuerdos ya suscritos en materia migratoria- sobre los cuales se establecerá la hoja de ruta para la segunda reunión entre los representantes de los cuatro países, que tiene como fecha de realización el 9 de noviembre próximo, en un lugar no precisado.

Entre los puntos a tratar en esa próxima reunión está la creación de un observatorio de movilidad humana con el fin de obtener información sobre el movimiento migratorio irregular, así como solicitar a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que efectúe "un análisis actualizado de los programas para migrantes en la región", señala la información oficial.

Baja el flujo migratorio tras medidas de EEUU  

Panamá reportó el viernes pasado "una drástica disminución del flujo de migrantes irregulares, principalmente venezolanos", que llegan al país por el Darién, al registrar solo 2,292 personas, (624 venezolanos) en tres días, cuando se llegó a computar entre 3,000 y 4,000 viajeros diarios ese mismo mes.

La bajada en el flujo ocurrió después de que el pasado 12 de octubre Estados Unidos anunciara que todo venezolano que entre a ese país habiendo cruzado de manera irregular la frontera de México y de Panamá será expulsado a territorio mexicano.

Es así que más de 4,000 migrantes venezolanos han retornado de forma voluntaria a Venezuela desde Panamá en los últimos días, pagando ellos mismos sus pasajes y tras permanecer en un albergue abierto por la Misión Diplomática de Venezuela en la Ciudad de Panamá.

El Darién, una ruta irregular desde hace años  

La selva del Darién ha sido por décadas una ruta migratoria irregular utilizada por personas de todo el mundo que viajan hacia EE.UU., pese a los graves peligros que entraña por su entorno salvaje y por la presencia de grupos del crimen organizado.

La región ha sufrido varias crisis de migrantes irregulares: de cubanos entre 2015 y 2016; de haitianos en 2021, y este 2022 de venezolanos, todos huyendo de crisis en sus países y con la intención de llegar a EE.UU.

Panamá tiene estaciones de recepción migratoria (ERM) en su fronteras con Colombia (sur) y Costa Rica (norte), adonde lleva a los viajeros irregulares para tomar sus datos biométricos y ofrecerles servicios sanitarios y de alimentación, un operativo que ha consumido más de 50 millones de dólares desde 2020 según los datos oficiales.