Unidad de Propiedad Intelectual trabaja para enfrentar la piratería

La Unidad de Propiedad Intelectual (UPI) de la Procuraduría General de la República trabaja en acciones concretas para encarar la violación al derecho de autor en el país, así como los acuerdos internacionales en la materia.

Así lo ha hecho saber la magistrada Army Ferreira, coordinadora de la UPI, durante una entrevista concedida a Diario Libre, en la que no solo se refirió al cumplimiento de la Ley 65-00 (sobre derecho de autor), sino también al cumplimiento de tratados con otras naciones.

“La Unidad de Propiedad Intelectual, que es de reciente creación, ha hecho un estudio con respecto a todos los casos que nos llegan a través de todas las fiscalías del país y eso ha arrojado que el sistema de atención a las víctimas, tanto de derecho de autor, como de propiedad industrial en lo que se refiera a la marca, estaban en su mínima expresión”, denunció.

Para mejorar la atención a los usuarios, así como que se respete al derecho de autor, comenzaron, desde que asumió la gestión, un trabajo que procure el fortalecimiento del cumplimento de las leyes.

Cada año, el departamento de comercio de Estados Unidos emite un documento en el que incluye a los países en donde se viola el derecho de autor. La República Dominicana ha figurado allí durante mucho tiempo.

“En este momento estamos dentro de los países más flexibles en cuanto al respeto a este tipo de derecho. En la más reciente publicación del Reporte Especial 301 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, todavía la República Dominicana figura en la lista de observancia. Debo decir que una de las novedades que ha traído el reporte de este año, es justamente la creación de la UPI de la Procuraduría General de la República, uno de los grandes aportes que ha hecho la gestión de la magistrada Miriam Germán Brito”, apuntó.

Desde la Unidad de Propiedad Intelectual tienen la responsabilidad de trazar la política del Estado contra ese tipo de criminalidad.

Reporte

De acuerdo con lo revelado por la magistrada Army Ferreira, la mayor cantidad de denuncias que ha recibido la entidad que dirige, hasta ahora se centra en la falsificación de marcas de fábrica. “Hasta el año 2006 los delitos en materia de propiedad industrial eran perseguibles por acción privada. Dentro del rol del Ministerio Público está la responsabilidad de mover la acción pública cuando son tipos penales en esa materia, pero en los privados la responsabilidad es estrictamente de la víctima que va directamente donde el juez. A partir de la Ley 424-06 se hace una excepción y se modifican muchas leyes, entre ellas, la 65-00, (derecho de autor), la 20-00 (propiedad industrial), pero también el Código Procesal penal, que establecía que la propiedad industrial estaba en el universo de las acciones de tipo privado”, explicó.

Con estas modificaciones se amplió el universo para la protección de las marcas en lo relativo a la acción pública. “Eso abrió el abanico de responsabilidades del Ministerio Público en propiedad intelectual. La falsificación de marcas es el delito más usual que reciben los fiscales, siendo el segundo el derecho de autor. En la piratería se circunscribe al derecho de autor y el tema de la falsi- ficación a las marcas”, apuntó la magistrada.

Emisoras ilegales

Desde hace años, la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora) ha denunciado la operación de emisoras de radio ilegales en muchas demarcaciones del país.

“Nosotros estamos trabajando con la Oficina Nacional de Derecho de Autor y con Adora este tema, a ellos les hemos instado a denunciar los puntos donde están establecidas estas emisoras”, dijo.

Eso no solamente afecta al espectro radioeléctrico, cuya responsabilidad es de Indotel, también involucra a la Ley 65-00 porque lo que transmite por esas ondas hertzianas es justamente obras protegidas, por lo tanto, involucra además de Indotel a la Onda y al Ministerio Público, si es que hay una denuncia”.

Acciones

La coordinadora de la Unidad de la Propiedad Intelectual de la Procuraduría General de la República detalló que era nula la atención a los usuarios, y la falsa creencia por parte de los fiscales de que las acciones legales eran responsabilidad del sector privado.

Ante esa situación procedieron a designar un fiscal especializado en todo el país para poder atender a quienes han sido víctimas de la violación del derecho de autor. “Identificamos un fiscal por lo que llamamos Distrito Judicial, a quienes hemos denominado ‘fiscales enlace’, y hoy contamos con 36 fiscales que están trabajando de manera directa con nosotros”.

El diagnóstico que hicieron cuando llegó a la unidad pudo establecer el desconocimiento que existe en la población y en el universo de los fiscales del derecho de autor. De inmediato diseñaron una educación especializada para los representantes del Ministerio Público. “En estos momentos estamos firmando un acuerdo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para especializar a representantes del Ministerio Público para que hagan una maestría en materia de propiedad intelectual. El primer paso es la educación para identificar el compromiso y de los derechos que están protegidos en la materia”, argumentó.

Ferreira anunció la reactivación de la comisión de la protección a los derechos de propiedad intelectual que se formó en el 2001 y quedó desactivada en 2004.

La Oficina Nacional de Derecho de Autor y UPI mantienen un estrecho vínculo. Trabajan en el diseño de la política criminal en la propiedad intelectual de manera conjunta, no solamente con ellos, sino con la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, el Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección General de Aduanas para hacer cumplir las leyes.

A juicio de la magistrada es necesario educar a la ciudadanía de la importancia del respeto del derecho de autor, tras adelantar que en esta administración se está trabajando para eso. “Esto no solo a los titulares de derechos, sino a toda la población. En estos momentos estamos cambiando y reconociendo que la propiedad intelectual es una materia trasversal que no solo afecta intereses privados, sino estatales”.

Invitó a quienes explotan las obras comercialmente a pagar los tributos correspondientes a través de las diferentes organizaciones que luchan por los intereses de los miembros de sus respectivas organizaciones. “El uso no consentido de una obra genera obligaciones”, recordó.

Copia privada

Sociedades de gestión colectiva que protegen al derecho de autor han estado promoviendo aquí la implementación de lo relativo a la protección de sus afiliados en el tema de la copia privada, que limita al derecho exclusivo que la ley debe conceder al autor y propietario de hacer copias de los mismos y que permite a una persona a realizar una copia de una obra para uso privado sin ánimo de lucro, siempre y cuando tenga acceso legítimo a una original. Fuera de ahí, los usuarios que exploten las obras con fin comercial, deberán pagar por su uso.

Sobre ese tema, Pochy Familia, a través de la Sociedad Dominicana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, han estado promoviendo su aplicación.

“El tema de la copia privada, establecido en la Ley 65-00, es quizás una deuda que tenemos con la propiedad industrial, sin embargo, en este momento deberíamos estudiar su implementación y aplicación de esa figura jurídica porque estamos en tiempo de una pandemia y las economías de los países no están en el momento idóneo para imponer ciertas cargas, en la importación o exportación de productos”.