La JCE usó personal encubierto para obtener pruebas contra falsificadores en Santiago

La Junta Central Electoral (JCE) realizó la investigación contra la red delictiva compuesta por empleados de la entidad de la Junta Electoral de Santiago y personal externo que se dedicaba a tramitar miles de documentos públicos falsos, tales como actas de nacimiento y cédulas de identidad, en la denominada operación Colibrí.

La institución informó que las pesquisas fueron encabezadas por la Consultoría Jurídica y la Dirección de Seguridad Civil de la JCE, así como oficiales expertos y personal encubierto de la Dirección de Seguridad Civil.

Su trabajo contribuyó al aporte de más de 800 elementos de pruebas, incluyendo los plásticos que incautó el Ministerio Público mediante allanamientos, y que eran utilizados para imprimir los distintos tipos de documentos oficiales.

El Ministerio Público depositó la acusación ante el juez coordinador de los Juzgados de Instrucción de Santiago contra las 13 personas señaladas. 

El órgano encargado de salvaguardar el registro civil saludó el sometimiento a la justicia hecho por la Fiscalía de Santiago contra los presuntos criminales 

De acuerdo con informaciones de la Procuraduría General de la República, la acusación contiene más de 600 páginas que describen el modo en que se conformó la estructura.

La investigación del Ministerio Público explica que los trabajos captados por los denominados “buscones” o “tributarios” eran tramitados a quienes los ejecutaban, dependiendo de su especialidad, incluyendo a quienes tramitaron de manera irregular las actas del Registro Civil Dominicano.

Los acusados de integrar la red fraudulenta son Julio César Almonte Espinal (César), William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Ysidra Tavárez Soto, Luis Manuel Rodríguez Rodríguez, Arsenio Rafael Reyes, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán (Capital), José Rosario Marte (Cheo).

Asimismo, Yanuel Morales Rodríguez (Google), José Miguel Cruz Hiraldo (Sandy) y José Carlos Montero Troncoso.

El grupo está acusado de violar los artículos 265, 266, 147 y 150 del Código Penal Dominicano, y el artículo 13 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral.

La JCE reiteró su posición de enfrentar de "manera fehaciente" todas las violaciones al Registro Civil Dominicano, así como a la identidad de la ciudadanía.