Juristas debaten, sin consenso, propuesta de reforma a la Constitución

¿Deben los políticos actuales decidir las normas legales de las generaciones futuras? ¿Se requiere un referéndum para que se cambie la cláusula pétrea de la Constitución? ¿Es necesario reformar la Constitución, actualmente? ¿Existe o no independencia del Ministerio Público?

Las interrogantes se plantearon entre un grupo de juristas que ayer se reunieron en un panel realizado en la Universidad APEC, sobre el alcance de la propuesta de reforma a la Constitución que promueve el Poder Ejecutivo y que, desde que se dieron a conocer los aspectos a modificar, ha generado diversas opiniones y preocupaciones en diferentes sectores sociales.

Consenso no hubo entre los juristas, aunque sí algunas coincidencias entre varios de los siete participantes, incluido el representante de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, Pedro Montilla. Los demás fueron los abogados constitucionalistas Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez, Manuel Fermín, Fernando Langa, Nassef Perdomo y Olivo Rodríguez, quienes expusieron bajo la moderación del decano de Humanidades de Unapec, y exjuez de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra.

Langa, primero en presentar sus consideraciones, hizo La advertencia de que no se puede obligar a las nuevas generaciones a permanecer en el tiempo. Esto, con relación a la propuesta que hace el Ejecutivo de poner candado a la Constitución, el que se lograría con la disposición general del artículo 268 que, tras la reforma deberá incluir las reglas de elección presidencial establecidas en el artículo 124 de la Constitución.  Dicho artículo establece que el presidente de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República. 

El 268 dice que ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo.

La propuesta también busca que ningún funcionario de elección popular pueda beneficiarse de una reforma constitucional realizada durante su mandato, cuando esta verse sobre las reglas de postulación, elección y permanencia del cargo que ocupa.  

Al señalar sobre la necesidad de cambiar la forma de elección del procurador general de la República, para que no sea designado por el presidente, como lo plantea el Ejecutivo, Langa entiende que con ello se aporta más control a los mecanismos de independencia del órgano persecutor ya definidos en la reforma constitucional de 2010.

Sobre esos puntos, Nassef Perdomo cree que una constitución que no se puede cambiar es imponerle las normas de los muertos a los vivos, pero difirió de Langa respecto a la independencia del procurador y a su inamovilidad, pues entiende que puede ser un riesgo para la gobernanza del mandatario de turno.

Olivo Rodríguez, sin embargo, opinó en el sentido de que se siga aportando a la independencia del Ministerio Público con la forma propuesta por el Ejecutivo y no le parece que establecer, de manera invariable, la fórmula de dos periodos y nunca más, vaya a afectar o decidir sobre las generaciones futuras.

El jurista Jorge Prats entiende que la Constitución no debe ser tan rígida, pero recordó que los cambios implementados tienen que ir a un referendo, pues de lo contrario, la reforma sería atacada en el Tribunal Constitucional.  Tampoco cree necesario que se reduzca la cantidad de diputados como procura el Poder Ejecutivo, al contrario, entiende que mientras más haya, más representatividad para el pueblo, y favoreció que se mantengan separas las elecciones en sus distintos niveles.

En ambos puntos se muestra contrario Cristóbal Rodríguez, quien cree que las cuestiones de cambios propuestas son materiales, no fundamentales, y son las que tendrían que ir a la consulta popular.  Sobre la cantidad de diputados, refiere lo costoso que le salen al Estado y puso de ejemplos a países que tienen hasta cuatro veces la población dominicana y cuentan con menos diputados.  Respecto a la separación de las elecciones, recuerda que el objetivo principal era evitar el arrastre para lograr mayor pluralidad en el Congreso, pero que eso no ha dado resultado.

Manuel Fermín coincide más con los puntos de Prats, aunque con la diferencia, de que piensa que no es necesaria la reforma. Sostiene que el proyecto no versa sobre la  independencia del Ministerio Público, pues esa independencia –defiende- ya está consagrada en la Constitución.

También, cuestiona la “desconstitucionalización” del Consejo Superior del Ministerio Público, cuya integración, dijo, debe mantenerse intacta en la Carta Magna. Además, cree que de modificarse, la reforma tiene que ir al referéndum.

Para defender la postura oficial, Pedro Montilla señala que la Constitución del 2010 nació necesitada de una reforma, pese a sus avances innegables. Hay aspectos que implicaron un retroceso, como dice que fue la inclusión del procurador general en el Consejo Nacional de la Magistratura, y otros que quedaron incompletos, como hablar de la independencia del Ministerio Público mientras su titular es designado unilateralmente por un decreto del Ejecutivo. 

"En el marco normativo actual, nosotros podemos tener 365 procuradores generales de la República al año, sin ningún problema, sin ninguna limitación… eso no es autonomía”, puntualiza Montilla.