Aprueban proyecto de ley que declara fallecidos a desaparecidos en explosión en San Cristóbal

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en única discusión y a unanimidad el proyecto de ley que declara como judicialmente fallecidas a las personas que aún están desaparecidas y que se constató que estaban presentes en la explosión ocurrida en San Cristóbal el pasado 14 de agosto de 2023.

Tras ser aprobada por la Cámara de Diputados y  modificada en el Senado, ahora va ahora al Poder Ejecutivo.

La proponente del proyecto es la diputada Ydenia Doñé, representante de la provincia San Cristóbal, quien habló en el hemiciclo antes de aprobarse el proyecto para argumentar que muchos hijos de los desaparecidos no han podido cobrar una pensión, mientras que otros familiares "aún no tienen paz" por estar ocupados en trámites civiles.

El proyecto de ley, originalmente elaborado en la Cámara de Diputados, fue revisado y modificado en el Senado, donde se incluyó un artículo para que la ley no aplique a personas que aparezcan después de promulgada la normativa.

Explosión en San Cristóbal 

Con la sanción en única lectura, ahora la pieza pasa al Poder Ejecutivo, que debe promulgarla u observarla.

De acuerdo con el tercer artículo del proyecto de ley, las 12 personas que desaparecieron durante la explosión serán declaradas como judicialmente fallecidas mediante una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de la Cámara Civil y Comercial de San Cristóbal.

Como medios de pruebas para evidenciar su muerte, se tomarán en cuenta todos los recursos admisibles como publicaciones, videos, audios, localización digital, conversaciones telefónicas, redes sociales, comunicación oficial o reconocimiento, así como pruebas testimoniales y referencias con credibilidad.

En ese sentido, los desaparecidos podrán ser declarados como fallecidos a petición de todo interesado o del Ministerio Público, mediante una instancia dirigida a la Cámara Civil y Comercial de San Cristóbal que no tendrá ningún costo ni proceso burocrático.

La misma ley establece que es necesario establecer un procedimiento que autorice a declarar como judicialmente fallecidos a los desaparecidos con el fin de evitar los inconvenientes en trámites y que así se permita regularizar los registros del estado civil correspondiente.

En la explosión, ocurrida en agosto de 2023, murieron 38 personas y las investigaciones arrojan como responsables a la empresa Vidal Plast y sus propietarios.