Los diputados aprueban ley que prohíbe venta de refrescos y comida procesada en cafeterías escolares

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en segunda lectura un proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar que, entre otros aspectos, prohíbe que en las cafeterías de los centros educativos vendan refrescos y alimentos procesados.

El proyecto es autoría de la diputada Nelsa Soraya Suárez y establece que las cafeterías tendrán prohibida la promoción, expendio o venta de productos ultraprocesados, con alto contenido de azúcares o sodio, así como las bebidas azucaradas "que no sean saludables para la niñez".

"Los alimentos que se consuman en las escuelas deben cumplir su papel de proporcionar los nutrientes necesarios para el desarrollo físico e intelectual de los niños", argumenta el proyecto en su artículo 31.

La pieza congresual también establece que los alimentos que consuman los niños en las escuelas deben ser preparados en los mismos centros educativos, por lo que las autoridades educativas deberán proveer las instalaciones físicas necesarias.

En caso de que las escuelas no cuenten con los espacios adecuados, las cocinas escolares no deben sobrepasar los mil metros de distancia del centro educativo.

Con la medida, el proyecto "busca garantizar un mejor control, suministro y de calidad , así como prevenir cualquier riesgo de contaminación por alimentos".

Hasta que todas las cocinas estén instaladas en las escuelas, los proveedores externos de comida seguirán ofreciendo sus servicios con normalidad, de acuerdo con la pieza.

El artículo 57 de la iniciativa expresa que los centros educativos darán preferencia a la adquisición de alimentos agropecuarios dentro de las propias localidades en que se encuentren las escuelas.

Esa orden permitirá que, según el proyecto, se garantice la agricultura familiar y el respeto a la cultura alimentaria a través de los productores locales.

Infracciones

La iniciativa que aprobaron los diputados también enumera una serie de infracciones contra los directores de escuelas que den "mal uso" de los recursos destinados para la alimentación escolar.

Además, se sancionaría a los proveedores que hayan ganado alguna licitación de alimentos mediante actos fraudulentos y a aquellos que ocasionen daños en la salud de los niños por falta de calidad en sus productos.

El proyecto ahora pasa al Senado para su evaluación y posterior sometimiento al Pleno.