A base de tecnología, Grecia intenta atajar la privatización ilegal de las playas

En una playa de la península griega de Calcídica, las olas del Egeo golpetean suavemente las mesas y sillas de dos restaurantes. La imagen es idílica, salvo que la situación es ilegal, porque los dos establecimientos carecen de licencia para ubicarse tan cerca del mar.

La estampa en esta playa del norte de Grecia ha proliferado en distintos puntos del país, cuyas costas reciben cada verano a millones de visitantes, locales y extranjeros.

Tras una ola de protestas el verano pasado por parte de vecinos que denunciaban una inadmisible privatización de facto de las playas, las autoridades griegas decidieron empezar a tomar medidas.

Y para ello han echado mano este año de la tecnología: imágenes satelitales, vigilancia con drones, una aplicación para recibir quejas...

La pensionista Evgenia Rapti, quien tiene una casa de verano cerca de Pefkochori, en Calcídica, es una de muchos vecinos indignados por el crecimiento explosivo de la industria turística de Grecia.

Playa tomada 

"Toda la playa ha sido tomada" por mesas, sillas y tumbonas, protesta esta mujer de 64 años en declaraciones a AFP.

"Cuando compramos la casa hace 40 años era completamente diferente", recuerda con nostalgia. "La playa estaba vacía y era agradable tumbarse allí".

El sector turístico griego se recuperó con fuerza tras la pandemia del covid-19. Casi 33 millones de personas visitaron Grecia el año pasado, cinco millones más que 2022.

Alquilar dos tumbonas y una sombrilla por un día en una playa de Grecia suele costar de 20 a 40 euros (21-43 dólares). Pero en algunas de las islas principales los precios son mucho más altos.

"El problema con las playas en Grecia es que hay empresarios que, con permiso o por invasión, cubren partes de la costa con tumbonas, sombrillas, mesas e incluso estructuras permanentes", protestó en Facebook Yorgos Theodoridis, del grupo de activistas de playa Halkidiki, con más de 12,000 miembros.

Los primeros vuelos de drones comenzaron en mayo en Pefkochori.

Y desde fines de abril se han enviado a las autoridades unas 6,000 quejas por la aplicación MyCoast.

"Puedo entrar a la aplicación en el lugar que esté y enviar un informe diciendo que esta (playa privatizada) no tiene autorización", indicó Theodoridis.

Bajo las nuevas reglas adoptadas en marzo, las sombrillas y tumbonas deben estar al menos a cuatro metros del mar.

En algunos sitios, el aumento de la vigilancia ha dado resultado.

En la isla de Rodas, en el archipiélago del Dodecaneso, las autoridades suspendieron recientemente la operación de un bar de playa que instaló tumbonas en el agua.

"Orden en la costa" 

"Cuando decimos que habrá orden en la costa, es porque habrá", declaró entonces el ministro de Finanzas, Kostis Hatzidakis.

Según datos del Ministerio de Finanzas, para este año se prevé la concesión de más de 1,200 nuevas licencias de arriendo, además de los 6.500 contratos activos de años previos.

Las nuevas reglas fueron adoptadas tras el llamado "movimiento de las toallas de playa", una reacción popular contra el turismo excesivo en el verano de 2023.

El movimiento nacido en la isla de Paros, en las Cícladas, llevó a miles de personas a protestar pacíficamente en playas ocupadas ilegalmente, forzando la intervención de las autoridades.

Pero el nuevo sistema tiene también sus defectos.

Los operadores turísticos afirman que los servicios estatales a cargo de las aplicaciones tienen poco personal.

Anastasia Halkia, alcaldesa del municipio de Casandra, en la península de Calcídica, destacó que en ese sitio las inspecciones eran efectuadas previamente por cinco concejos locales, pero ahora las realizan dos empleados estatales, uno de los cuales se acaba de jubilar.

"Es algo nuevo, así que avanzamos con cautela para ver cómo sale", indicó.

Sofía Papagiannidou, una gerente turística de 23 años, dijo que su empresa presentó toda la documentación requerida pero seguía esperando los permisos pese a que la temporada ya estaba en marcha.

"No le tengo confianza al Estado griego", comentó otro operador que pidió no ser identificado.

"Mi negocio fue multado el año pasado con 39,000 euros, y el procedimiento para cobrar la multa no ha sido concluido".

"Así que técnicamente no tengo licencia para operar, pero seguimos trabajando" de manera oficiosa, indicó.