La sentencia de la CIDH sobre La Oroya es 'un avance para la justicia ambiental'

RFI entrevistó a Rosa Peña, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, tras la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado peruano por violar el derecho a un "medio ambiente sano" de los habitantes de la población minera de La Oroya. Peña describió el fallo como "histórico" y destacó que servirá de precedente en todo el continente.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado peruano "por la violación a los derechos al medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de las 80 víctimas del caso", en referencia a quienes presentaron la demanda.

La ciudad minera de La Oroya, ubicada a unos 3,750 metros sobre el nivel del mar, fue catalogada en 2006 como una de las 10 más contaminadas del mundo debido a la fundición de metales pesados, una actividad que se inició en 1922.

En La Oroya, un complejo metalúrgico de fundición de metales pesados ha envenenado la sangre de la población con plomo durante décadas. En 2005, un estudio realizado en niños de la ciudad reveló niveles de plomo hasta seis veces por encima de los límites establecidos por la OMS.

"Las comunidades y las víctimas llevan esta lucha desde finales de los 90, cuando empezaron a darse cuenta de que las emisiones del complejo metalúrgico estaban afectando su salud", dijo Peña. "A las mujeres les empezó a ocasionar problemas de salud ginecológica. Hubo situaciones de aborto. Generaba también situaciones de mucho cansancio, poca capacidad pulmonar".

El fallo de la CIDH del 22 de marzo reconoció la responsabilidad internacional del Estado peruano por la violación de los derechos a la vida, al ambiente sano, al acceso a la información, y estableció medidas de reparación, incluyendo diagnósticos y tratamientos médicos especializados para las víctimas.

Peña resaltó que la sentencia no se limitó a las víctimas, sino que también consideró a la comunidad en general. "La Corte dejó abierta la posibilidad para que las personas cuya salud se ve afectada por estos pasivos ambientales puedan acceder a tratamiento médico. Habló de la necesidad de un acto público de reconocimiento y perdón por parte del Estado, así como de medidas de indemnización monetaria para las víctimas".

Este fallo representa un avance para la justicia ambiental en América Latina y establece un precedente que puede ser aplicable en otros casos de la región, concluyó la abogada Rosa Peña.