Caso Sierra de Bahoruco vuelve a los tribunales; ambientalistas formalizan denuncia

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) aplazó para el 22 de marzo la audiencia de conocimiento de dos demandas de justiprecio en contra del Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente, por particulares que aseguran ser propietarios del 70 % de los terrenos del Parque Nacional Sierra de Bahoruco. 

El tribunal acogió el pedimento de los representantes del Grupo Jaragua, entidad encargada de la co gestión del área protegida, que solicitó la intervención voluntaria en el proceso “por tratarse de un reclamo en un área que co maneja”. 

Nelson Pimentel, en representación de Grupo Jaragua, manifestó ante el tribunal que esa institución se enteró recientemente de las demandas, pese a que estos procesos llevan unos dos años. 

Presentan denuncia ante la PGR

Diversas agrupaciones ambientalistas presentaron ante la magistrada Yeni Berenice Reynoso una solicitud de investigación “por la posible comisión de hechos penales en perjuicio del Estado dominicano”, debido al caso, que tendría serias irregularidades, según ha alertado el sector ambiental y el Ministerio de Medio Ambiente. 

En la denuncia, las agrupaciones señalan que, de prosperar estas reclamaciones, “seguiremos repitiendo realidades como Bahía de Las Águilas y Bucanyé".

Dijeron que "acciones como estas vulneran las garantías constitucionales y jurídicas en torno a la protección y bloqueo de las áreas protegidas y parques nacionales”. 

Entre los denunciantes se encuentran la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Sociedad Ecológica del Cibao, la Fundación Moscoso Puello, Federación de Campesinos hacia el Progreso, Cúa Conservation Agency y Guakia Ambiente (Coalición Ambiental para la Defensa de las Áreas Protegidas).

 Reclamantes: “Denuncias buscan generar morbo”

Julio Rolffot, abogado del reclamante de indemnización por los terrenos de Sierra de Bahoruco, Tomás Rosendo Dantés Castillo, dijo a su salida de la audiencia que no tenían conocimiento de la denuncia presentada ante la Procuraduría y que han visto en medios de comunicación algunas declaraciones de grupos ambientales. 

“Ninguna (de las declaraciones) se ajustan a los cánones legales preestablecidos, porque esas reclamaciones están fundamentadas en documentaciones que se las suministramos a ellos; la base legal está sometida en los tribunales, la parte que tiene que ver con el justiprecio. Ellos tienen derecho a hacer reclamaciones, pero nosotros tenemos que aportar pruebas y por eso estamos en los tribunales”, dijo Rolffot.

Agregó: “En las demandas de justiprecio se están solicitando valoraciones, porque son áreas declaradas y, ¿qué tiene que hacer el Estado?, compensar. Aquí no se está generando ninguna situación sobre la base de que uno está irrumpiendo en el parque nacional, porque es de todos”. 

El representante legal agregó que son derechos de propiedad privada que han sido declarados áreas protegidas y por eso están en el TSA buscando las compensaciones.

"Todo esto (denuncias) es estridencia y generando morbo a través de los medios de comunicación para generar situaciones. Este país tiene que escoger, si escoge el morbo o el derecho y la institucionalidad democrática”, señaló Rolffot, quien dijo que su representado también es ambientalista y “cree en la Sierra de Bahoruco”. 

Similitud con caso Bahía de las Águilas 

El abogado Máximo Hernández, de la Dirección Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, explicó que este caso tiene mucha similitud al de Bahía de las Águilas, ya que el Estado dominicano busca que los tribunales anulen las sucesivas y posteriores transferencias inmobiliarias que se realizaron en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco con posterioridad a su declaratoria de área protegida, contrariando el marco jurídico.  

Hernández manifestó que el Ministerio tiene la intención de “revertir todas las fallas o falencias que hubo en la instrucción del proceso en el pasado”.  

“De manera que el tribunal o los tribunales que están conociendo los siete procesos, tengan los suficientes elementos de pruebas para comprobar que estas demandas son inadmisibles por tratarse de reclamaciones que vinculan áreas protegidas; que son bienes de dominio público, patrimonio de toda la nación y que no pueden ser objeto de ningún tipo de venta”.