Daño a manglares en Samaná conllevaría sanciones de hasta 10 años de cárcel

La Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Ambiente ha iniciado una investigación para determinar las causas de la degradación ocurrida en manglares de un humedal ubicado en la provincia Samaná, hecho que conllevaría sanciones de hasta 10 años de prisión, de determinarse que hubo personas involucradas. 

Así lo indicó el magistrado Francisco Contreras, titular de esta rama de la Procuraduría General de la República, quien añadió que la referida sanción estaría contemplada en virtud de las leyes 307-04 de Codopesca y 64-00 de Medio Ambiente, además del convenio para la protección de humedales Ramsar, del cual República Dominicana es signatario. 

“Hemos solicitado a la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo un informe técnico que nos pueda arrojar luz de cuál fue la causa de la seca de los manglares en esta localidad”, sostuvo.

El representante del Ministerio Público ofreció las declaraciones a Diario Libre durante un descenso en el lugar del incidente, junto a miembros del Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), el Foro Ambiental de Samaná y otras entidades. 

Presentarán querella 

Nelson Pimentel, abogado experto en litigación ambiental, en representación del Foro Ambiental de Samaná, informó que estarán “procediendo legalmente con los debidos querellamientos a los autores materiales. Hay posibles identificados, hay precedentes con relación al humedal”.

• “Estamos hablando de cerca de 500 tareas de mangles de tres especies concretas totalmente destruidas, de muy difícil recuperación, en una zona donde obviamente hay un proyecto de desarrollo inmobiliario”, agregó Pimentel.  

Durante el recorrido por la zona, las autoridades hallaron bornes, letreros y señalización de procesos de deslinde y subdivisión. “Hay responsables concretos con esto y hay una obligación de la autoridad nacional de establecer el pago de consecuencia”, detalló Pimentel. 

Restauración de la zona 

El abogado indicó que el petitorio será el máximo establecido en las leyes dominicanas: 10 años de prisión, además de la restauración del manglar a los autores del daño, una obligación que deberá ser garantizada por el Estado, a juicio de Pimentel. 

Sobre el tema de a quién le corresponde resarcir el daño fue consultado el viceministro de Recursos Costero- Marinos, José Ramón Reyes, quien aclaró que la restauración del espacio caería sobre los responsables. 

“Si hay un responsable, claro que esa persona deberá correr con los gastos del daño ambiental”, indicó el funcionario, al destacar el interés de las autoridades de rescatar la zona afectada. 

Otros manglares 

El colectivo se trasladó a una zona de manglar ubicada a poca distancia de donde ocurrió el hecho. El espacio, cuyos dueños no son los mismos del área afectada, ha sido intervenido desde 2021 por el Centro para la Conservación y Eco-Desarrollo de la Bahía de Samaná y su Entorno (Cebse). 

“Nosotros estábamos trabajando con mangle blanco, pero los propietarios lo cortaron. Luego nos sentamos a hablar con ellos, les explicamos el proyecto que estábamos haciendo de restauración y nos dejaron tranquilos”, explicó Samuel King, en representación del Cebse. 

El manglar intervenido se ha mantenido sano desde entonces y no sufrió los daños registrados en la zona contigua. 

Noemi Araújo, presidenta del Foro Ambiental de Samaná, dijo esperar que los actores en este proceso puedan conciliar un informe común y que puedan “ponerse de acuerdo”. 

“(En el descenso) se vieron aspectos técnicos y se hicieron otras valoraciones. Esperamos que los resultados nos acerquen a los responsables del hecho”, añadió Araújo, al tiempo que agregó que tras tener los resultados los contrastarán con el informe publicado a principios de enero por Medio Ambiente. 

En el recorrido participaron, por la Comisión Ambiental de la UASD, Luis Carvajal Núnez y Eli Martínez. En tanto que por el Ministerio estuvieron presentes los biólogos Enrique Pugibet y Bienvenido Santana, además de la directora Jurídica, Ana Patricia Ossers. 

Carvajal Núñez explicó que la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD realizarán otras visitas técnicas para seguir analizando la zona.