De vertederos a Bucanyé: los temas ambientales pendientes de este 2023

A pocos días de que culmine el 2023, la República Dominicana mantiene varios temas de índole medioambiental como asignaturas pendientes. Abarcan desde la mejora del Sistema de Áreas Protegidas (Sinap), un proyecto que buscar ser la alternativa al botadero más grande del Caribe, una iniciativa para regular la cacería en el país, entre otros.

Desde mediados del año, el gobierno dominicano dispuso buscar consenso con ambientalistas del país, a fin de construir un plan de acción para preservar y restaurar el Sinap y otros espacios claves.

Para Nelson Bautista, de la Fundación Acción Verde, los avances han sido “muy tímidos”. “Creo que la ambición que se tenía desde el punto de vista de los progresos en términos de mejora en el Sistema de Áreas Protegidas no pudo ser acompañada con la acción oportuna”, señaló.

Bautista agregó que del punto donde se encontraba el sistema el año pasado a donde se sitúa actualmente, solo se puede deslumbrar cambios desde el punto de vista “de la actitud de los funcionarios”.

    

“La gestión del Ministerio de Medio Ambiente está proclive a que se hagan cambios y se logren las mejoras. Sin embargo, por las razones que sean, desde el punto de vista operativo esto no ha podido concretizarse. Todo ha quedado en aspiración, voluntad y deseo, tanto de los ambientalistas como las principales autoridades”, señaló. 

En ese sentido, detalló que actualmente los principales parques nacionales de país tienen casetas semi abandonadas o con poca vigilancia y logística (vehículos, combustibles). 

El representante de Acción Verde citó la situación de ilegalidad y ocupación de las principales unidades del Sinap como un aspecto en el que “estamos en el mismo punto y, a veces, peor. En el tema de Valle Nuevo los avances han sido muy pocos; en el caso de Sierra de Bahoruco ha sido nulo y Los Haitises ha sido tímido”. 

Punto luminoso 

Como aspectos positivos, el ambientalista mencionó los aumentos a los salarios de los guardaparques y la apertura que ha tenido la Presidencia “no solo a escuchar al sector ambiental, desde los reclamos, sino su disposición de ponerle curso a los temas que se han sugerido, pero esto no ha terminado de encausarse al nivel que todos deseamos”.

El caso Mata Gorda 

En junio pasado las autoridades anunciaron la inversión de más de 40,000 millones de pesos en proyectos privados de residuos sólidos, un evento que coincidió con manifestaciones de rechazo de comunitarios de varias localidades de Santo Domingo Norte, incluyendo Mata Gorda, a un proyecto que busca erigirse en las inmediaciones de esa zona.

Uno de los últimos escenarios de ese rechazo fue una vista pública convocada por el Ministerio de Medio Ambiente para la presentación del proyecto de relleno sanitario y planta de valorización de desechos en noviembre pasado.

La resistencia de los habitantes se mantuvo pese a que la empresa española Sat Waste Managment dispuso explicar la iniciativa que ha sido presentada como una alternativa al vertedero de Duquesa, con un menor impacto ambiental.

Los residentes reiteraron su preocupación de que el proyecto pueda generar los mismos daños ambientales del vertedero de Duquesa, específicamente a varios afluentes cercanos a las zonas donde residen. 

La empresa, de capital español, manifestó en ese momento que esperaba continuar el acercamiento con las comunidades, con el objetivo de que puedan entender mejor la iniciativa. Mientras, tanto las localidades, como los promotores de la obra, están a la espera de la última palabra para la obtención de un permiso ambiental, que la tendrá el Ministerio de Medio Ambiente.

Reglamento de cacería

A mediados del año, el Ministerio de Medio Ambiente convocó a la población a participar en el proceso de consulta pública para el Reglamento de Cacería de la República Dominicana.

La institución sostuvo en ese momento que el reglamento buscaba, entre otras cosas, “regular el ejercicio de los diversos tipos de cacería permitidas en la República Dominicana, conforme la legislación, así como los requisitos, procedimientos y régimen legal aplicable para la obtención de las autorizaciones".

El documento causó rechazo en diferentes sectores del país, en especial de la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales (FEDDA), que declaró en sus redes sociales que la cacería en República Dominicana era “ilegal” desde que se promulgó la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable, además de alertar que el reglamento incluye perros y gatos, al considerarlos especies invasoras.

Sin embargo, la Ley 333-15, sobre Biodiversidad, establece varios tipos de cacería, incluyendo la comercial, la de control, la subsistencia y la deportiva y faculta al Ministerio de Medio Ambiente para establecer las especies, lugares y épocas en el artículo 45. 

Ante esta situación, el Ministerio desarrolló un taller en el que escuchó a representantes de la comunidad académicas y organizaciones ecologistas para fortalecer el proceso de consulta para el reglamento, que actualmente está “en revisión de las observaciones recibidas”.

Tras el cierre del proceso de consulta pública, el pasado 25 de julio, el Ministerio detalló en su página web que se encontraba “en revisión de las observaciones recibidas”. 

Sargazo 

El tema sargazo ha tenido también gran protagonismo este año en el país, con la celebración de varios eventos para debatir la proliferación masiva del alga, cuyo impacto a diversos sectores es innegable. 

Recientemente y luego de que las autoridades dominicanas instaron a la comunidad internacional a ver el sargazo como una problemática regional, se han anunciado varias iniciativas para mitigar los efectos. En ese sentido, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP28), la Unión Europea informó de varios proyectos que buscan transformar el problema en una oportunidad económica.

Polémica por Bucanyé

En abril pasado surgió una controversia relacionada a Bucanyé, un proyecto turístico propuesto por la empresa Oceanus Investment, de capital dominicano y español. Sus cerca de 14 millones de metros cuadrados se encuentran mayormente dentro de la parcela 40 de Pedernales, correspondiente al Área Nacional de Recreo Playa de Cabo Rojo - Pedernales, un área protegida categoría VI, también conocida como Bucán Ye.

La polémica tuvo como origen un supuesto fraude en la adquisición de la Parcela 40 y sus respectivas subdivisiones por parte de particulares, quienes vendieron entre 2009 y 2015 los inmuebles a Oceanus Investment dentro de un área protegida.

El caso no se ha vuelto a tratar luego de que la Coalición para la Defensa de Áreas Protegida pidiera en abril a la Procuraduría General de República abrir una investigación.