La tarea pendiente ante un Pacto Nacional por el Agua

El Estado dominicano y la sociedad civil trabajan en un Pacto por el Agua 2021 – 2036, que busca dotar al país de un marco regulatorio, resolver el déficit de inversión en infraestructuras, así como lograr el saneamiento, la protección y conservación de las cuencas. 

La iniciativa pretende también plantear soluciones a la escasez del agua, al deterioro de su calidad y a la falta de obras de regulación y de su almacenamiento.

Las discusiones están enfocadas en superar los desafíos del agua a través de una reforma al sector hídrico de la República Dominicana.

De acuerdo al borrador en discusión, el Pacto Nacional por el Agua está estructurado en cuatro fases, una primera en la que el Gobierno lanzó la iniciativa Compromiso Nacional para el Pacto por el Agua, con propuesta de distintas naturalezas, algunas de las que implican políticas públicas concretas, reformas legislativas y reestructuraciones institucionales.

La segunda consistió en la elaboración de un diagnóstico sobre los recursos hídricos del país, que ha permitido identificar y caracterizar en general, los principales problemas y las causas que los generan en las diferentes regiones hidrográficas. En la tercera fase se sometió a debate público el diagnóstico elaborado en la fase 2, obteniéndose como producto final la situación actual de los recursos hídricos a nivel de los territorios provinciales.

En la cuarta y última fase se contempla agrupar los compromisos que serán asumidos, una vez identificados los problemas.

Conforme a la propuesta, se asumirá el agua como un bien de dominio público y como patrimonio estratégico de la República Dominicana, indispensable para la vida de las personas, los ecosistemas y el desarrollo sostenible de la nación, cuyo uso estará apegado a los criterios y protección del medio ambiente.

De los reclamos

Los reclamos y manifestaciones que en contra de cualquier intento de privatizar el agua realizan grupos de ambientalistas, forman parte de la vigilancia en torno a las discusiones que se dan actualmente para consensuar la propuesta de un Pacto Nacional por el Agua.

Las preocupaciones giran en torno a que puedan utilizarse las concesiones como garantía para préstamos, así como en que se aplique una debida regularización del saneamiento de las aguas por parte de las grandes entidades que la contaminan. Además, en que se ratifique el agua como un derecho humano fundamental y por ende no sea privatizada.

Conforme al ambientalista Luis Carvajal, en la propuesta no aparece la palabra privatización, pero sí crean herramientas y mecanismos indirectos para ello. 

“Estamos avanzando en el Pacto por el Agua, para que en este pacto se ponga un freno a cualquier ruta que pretenda privatizar y se garantice que cualquier ley que llegue al Congreso, llegue libre de cualquier componente que pueda crear fuerza para la gestión privada”, apuntó.

Citó entre esos componentes las concesiones que se otorguen con garantías o que las alianzas públicas privadas impliquen conversiones con derechos asumidos sobre el manejo y la oferta comercial del servicio desde entidades privadas. 

Carvajal sostuvo que la reacción del gobierno es que no hay vocación privatizadora en la propuesta en discusión.

“La reacción del movimiento social, ha sido que estamos revisando y hemos encontrado una serie de elementos que tienen que ser modificados en la propuesta de ley y en eso estamos”, enfatizó.

Indicó que el papel del grupo es movilizarse, plantearle, advertirle a la sociedad y resistir localmente los proyectos que se entiendan afecten a la sociedad.