Organizaciones medioambientales acuden al Palacio en rechazo a privatizar el agua

Cincuenta y ocho instituciones medioambientales realizaron una concentración este domingo en las inmediaciones del Palacio Nacional para exigir a las autoridades evitar “cualquier modalidad de privatización del agua” con la construcción de hidroeléctricas bajo condiciones que alegaron hacen “más daño que bien” a las comunidades aledañas a estos proyectos.

En una protesta realizada por el Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora este lunes 5 de junio, los manifestantes también se pronunciaron en contra de “mega proyectos contaminantes” a cargo de empresas mineras y eléctricas, exigiendo que se respeten las áreas protegidas.

“El ánimo de lucro de un grupito insaciable que se enriquece a costa de la mayoría no puede envenenar a todo un país con carbón, fuel-oil, barcazas y proyectos de energía contaminantes, caros, marcados por la corrupción y claramente perjudiciales, mientras que al mismo tiempo se le ponen trabas a las energías renovables”, expresó Llaniris Espinal, miembro de la Coalición Sociambiental en Defensa de la Sierra, durante la lectura del manifiesto de las organizaciones protestantes.

En este discurso, las organizaciones dijeron proponer un modelo socioeconómico "basado en la agricultura, la agroindustria, el turismo comunitario y las energías renovables" que preserve las guentes de agua, los empleos productivos, los derechos de la gente, los recursos naturales y el medio ambiente.

El agua, la principal fuente de protesta

El encarecimiento del agua potable y la cercanía de fuentes acuíferas en zonas de concesión minera fue uno de los principales motivos que movilizó a decenas de personas este domingo.

El ambientalista Luis Carvajal calificó este escenario como "una crisis de agua agravada" por el deterioro de las cuencas altas y medias, la expansión de la ganadería, por los aserraderos en la zona de montaña y la falta de una política forestal adecuada.

En ese sentido, las organizaciones solicitaron al presidente Luis Abinader accionar en torno a cuatro proyectos hidroeléctricos.

En específico, pidieron el cierre tanto del proyecto sobre el río Masiprieto en Bonao, Monseñor Nouel, como de Las Placetas, en San José de las Matas y la Sierra, en Santiago, porque el encarecimiento del recurso líquido en la región podría hacer que estas obras agraven el problema antes que solucionarlo.

En el caso de esta última presa, Odalis Quezada, miembro de la Coalición de Organizaciones Socioambientales de la Sierra, denunció que esta se encuentra a cargo del consorcio brasileño Andrade Gutiérrez, "principal socia de Odebrecht". Explicó que el proyecto de construirla data del año 1986 y que el gobierno la iba a iniciar en 2005, pero que se vio suspendida en 2011 a recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Precisó que el proyecto fue retomado en el 2017, agregando la construcción de un embalse adicional a los dos propuestos originalmente. "Al principio, el proyecto estaba contemplado en unos 250 millones de dólares, hoy cuesta 850 millones de dólares". Dijo que la compañía brasileña ha ofrecido la construcción de obras sociales para los serranos con el fin de que apoyen el proyecto.

Quezada añadió que la presa contempla un embalse en la zona de amortiguamiento del parque nacional Armando Bermúdez, lo que considera contrario a la Ley 202-04 de Áreas Protegidas. Los otros dos embalses están ubicados en los sectores Los Limones y Los Higüeros, que suponen el desvío de 70 kilómetros de río.

Manifestó que la infraestructura se ubica "un poco más arriba que la presa Tavera-Bao, que en los últimos años que los ríos que la alimentan "no dan abasto" para llenarla, ya que han perdido más del 60 % de su caudal.

"La alternativa que se les ha propuesto es que reforestemos la zona. Cuando haya agua suficiente, entonces pensemos en presa, para que no sea una presa sin agua", enfatizó.

Un problema que afecta más a las mujeres

El Foro Feminista Magaly Pineda explicó que la población que más sufre la falta de acceso al agua potable es de las mujeres y niñas de las zonas rurales, quienes, además, tienen que enfrentarse a la falta de infraestructuras de saneamiento y la falta de energía eléctrica.

"Las mujeres siguen siendo las las más pobres entre las personas, como acaba de informar el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y esta realidad es aún más grave para las mujeres, mayoritariamente negras de nuestros campos y barrios", manifestó la activista por este gremio, Esther Hernández.

"Por estas razones nos unidos a las demandas del movimiento social y ambientalista en defensa de nuestras aguas, suelos, ríos, montañas y áreas protegidas", agregó.

Contra el impacto de las industrias mineras

Los ambientalistas también se pronunciaron en contra del impacto de las industrias mineras. 

"(Pedimos el) cierre de toda posibilidad de que la Gold Quest explote el oro en loma Romero, en San Juan de la Maguana. Todo el suroeste sería afectado. La sal sería más cara que el chivo", subrayó Llaniris Espinal en la lectura del manifiesto.

Por su parte, Carvajal calificó como una "traición" que el Gobierno aprobara la presa de colas húmeda en Peralvillo, a favor de la empresa Barrick Gold. Explicó que la presa de colas debería ser seca para evitar que se contamine el agua.

"El agua es un tesoro,que vale mucho más que el oro", expresó, haciendo uso de una de las consignas de los manifestantes.

Peregrinos del Seibo claman por sus tierras

Los peregrinos del Seibo aprovecharon la ocasión para hacer constar que han retomado las tareas de tierra de las parcelas 119 A, 119 B, 116 y 115 del distrito No. 38-5 en el sector La Culebra, Vicentillo, de la provincia El Seibo, de la que fueron desalojados 613 familias agrícolas en 2018, y que ocupaban unas 20,019.8 tareas de tierra.

"Se lo dijimos a las autoridades, al presidente y a todo el mundo que, o sembramos, o nos siembran, pero de allí nadie nos va a sacar porque esa es nuestra tierra", resaltó el pastor Silvio Molina ante las decenas de manifestantes.  

El padre dominico Miguel Ángel Grullón recordó que la actual administración les adeuda a estos campesinos la restitución de las tierras desde septiembre de 2020, una promesa realizada por el consultor del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

Explicó que la procuradora de la República, Miriam Germán Brito, recibió a una comitiva de los peregrinos hace un mes en su despacho para investigar a Pedro Barona y Andrés Sosa, a quienes se les acusa presuntamente de haber cometido "crímenes de lesa humanidad" en contra de los campesinos, incluyendo la muerte de un menor de 12 años a causa de los enfrentamientos.

Dijo que esperan sostener un diálogo 16 de junio el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Francisco Guillermo García. "Los campesinos están pasando mucha hambre, muchas necesidades y (les) han subido (el precio) de sus tierras", manifestó, agregando que la reocupación de las tierras sin tener aún los títulos los coloca en una situación vulnerable ante los terratenientes que reclaman propiedad sobre ellas.