Coalición de Áreas Protegidas pide a la Procuraduría investigar “fraude” en títulos de Bucanyé

La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas solicitó este jueves ante la Procuraduría General de la República que investiguen las circunstancias en que personas particulares obtuvieron títulos de propiedad en terrenos que forman parte del paisaje protegido del proyecto Bucanyé.

Los representantes de la coalición, Yolanda León y Luis Carvajal, indicaron que es importante que las autoridades aclaren qué tipo de mecanismo utilizaron estas personas para vulnerar la normativa vigente para que la Jurisdicción Inmobiliaria emitiera los certificados de títulos dentro de un área protegida.

“Estos hechos violan la Ley Sectorial de Áreas Protegidas que establecen en su artículo 9 que los terrenos pertenecientes al Estado que integran el sistema nacional de áreas protegidas son imprescriptibles e inalienable y sobre ellos no puede constituirse ningún derecho privado”, mencionó la comisión luego de depositar el documento en la Procuraduría.

Se refirieron a la publicación de Diario Libre del pasado lunes, en la que  el abogado Salvador Catrain, representante de la empresa Oceanus Investment y del empresario español, Elías Hernández, explica que en el 2021 firmaron un acuerdo con la Dirección General de Alianzas Público Privadas, donde se reconoce el derecho a propiedad de Oceanus Investment sobre los inmuebles ubicados en la parcela 40 y una porción de la parcela 41 de D.C. 3 de Enriquillo, Barahona, así también la seguridad jurídica de los mismos. En el acuerdo Oceanus Investment se compromete a transferir al Estado Dominicano, a modo de compensación por los compromisos y obligaciones de cara al desarrollo ecoturístico de Pedernales, la cantidad de 1 millón 500 mil metros cuadrados.

Sobre la declaración de los empresarios Salvador Catrain y Elias Hernández Barrera, los representantes de la coalición manifestaron que “debería de ser de interés del Ministerio Público y de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental procurar con los funcionarios firmantes y la Jurisdicción Inmobiliaria si el acuerdo se ha utilizado como base para la obtención de títulos presumiblemente de origen fraudulento”.

Agrega que en virtud de que el Ministerio de Medio Ambiente recibió una comunicación el 22 de abril del año pasado del inversionista, en las que se les declara propietario de varias porciones de terrenos en el área de Bucanyé y en las parcelas 40L y 40L4, no pueden alegar desconocimiento “de que este proceso de ocupación se estaba llevando a cabo”.

La coalición pide a las autoridades investigar con carácter de urgencia la situación, debido a que, según establecen, estos inversionistas obtuvieron más de 15 títulos en el último año y que también están solicitado permisos para la construcción allí de un complejo hotelero.