Árbitro electoral y estabilidad política

Los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) han comenzado a enviar señales de independencia, de que sus decisiones no estarían atadas a la voluntad de un líder o un partido político en particular, como ha ocurrido con frecuencia en las últimas cinco décadas. Que se sustentarán en las leyes, que necesitan que los dejen trabajar y arbitrar los procesos. Esa sería la clave para convertirse en árbitro, muy importante para la democracia dominicana.

La resolución sobre la distribución de los fondos a los partidos políticos, que definió los partidos mayoritarios y minoritarios del país, fue su primer gran mensaje. Ahora acaban de emitir la resolución 04-2021, a través de la cual ofrecen una respuesta a la Fuerza del Pueblo (FP), que define la ruta que seguirán los integrantes del órgano electoral, que de manera correcta sustentan estas decisiones en la Ley Electoral.

Fuerza del Pueblo sometió una instancia de “formal denuncia sobre designaciones gerenciales inconsultas en el área de informática”, depositada el 12 de marzo pasado, que cuestionaba la autoridad del órgano para tomar ciertas decisiones. ¿Qué respondió la JCE? Que la Ley de Régimen Electoral le da la facultad para realizar los nombramientos de funcionarios y empleados sin consulta previa a los partidos políticos y que esa prerrogativa solo debe agotarse en los casos de algunos directores departamentales.

Además, precisa que el artículo 16 de la Ley No. 15-19 Orgánica de Régimen Electoral establece que la necesidad de consulta previa a los partidos está únicamente orientada para la designación de los directores de Elecciones, Cómputos, Registro del Estado Civil y de la Cédula de Identidad y Electoral. Está dejando claro hasta dónde pueden intervenir los partidos y muestra su nivel de autoridad, lo cual es bueno para evitar crisis creadas e innecesarias.

Los partidos políticos se han acostumbrado a mantener cierto control sobre las decisiones de la Junta Central Electoral, que es el árbitro de los procesos electorales y garante de la elección de las autoridades del país (presidente, vicepresidente, legisladores, alcaldes y regidores). Lo han hecho por el control que han tenido a la hora de designar a los integrantes de ese organismo y esto es dañino para la estabilidad democrática, tan grave, que en ocasiones hemos tenido dudas en torno a quién dirige la Junta, si los integrantes del organismo o determinados líderes políticos.

Cada partido, con mayoría en el Congreso Nacional, ha nombrado su Junta. Esto ha sido grave para el país y su estabilidad política. El control sobre la Junta Central Electoral fue causa fundamental de los fraudes electorales hasta 1994, año en que se cometió el último gran fraude en el país. Primero fue sobre la base del uso del poder y las presiones a jueces (ahora miembros) y presidentes del órgano electoral para variar los resultados electorales, como ocurrió en 1990 contra el profesor Juan Bosch y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Todavía recuerdo las presiones a que fue sometido un presidente de la JCE, que en 1990 declaró al presidente de turno, Joaquín Balaguer, ganador de las elecciones faltando cuatro o cinco días para el traspaso de mando y salió del país en medio de una grave crisis post-electoral; y en 1994, el fraude contra José Francisco Peña Gómez, líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que colocó el pueblo dominicano al borde de una guerra civil y la salida fue un pacto para bajarle dos años de gobierno al doctor Balaguer, prohibir la reelección presidencial y otras reformas.

Las presiones sobre la Junta Central todavía persisten y ojalá los actuales miembros logren actuar sin la influencia del liderazgo político. Se demostró en los procesos del 2020, muy a pesar de los avances logrados después de los cambios impulsados por el equipo que dirigió el doctor César Estrella Sahdalá, a partir de las elecciones de 1994, junto a los doctores Juan Sully Bonelly Batle, Aura Celeste Fernández, Rafael Vallejo Santelises y Luis Mora Guzmán, equipo que organizó unas elecciones ejemplares en 1996, en primera y segunda vuelta, y marcó un antes y un después.

Luego de esa gestión de Estrella Sahdalá, la politización de la Junta Central Electoral y el control del partido de gobierno de turno, se volvió a convertir en un dolor de cabeza y en múltiples ocasiones se afectó la credibilidad de la autoridad electoral. Pese a todo esto, hemos avanzado y es muy importante que los líderes políticos respeten el trabajo del organismo y que sus integrantes fortalezcan, con sus decisiones, la independencia del órgano electoral para que se convierta en un árbitro real.

El doctor Román Jáquez, presidente, y los miembros de la Junta Central Electoral tienen una gran responsabilidad, su tarea no es fácil, pero es importante que tengan presente que sus actuaciones apegadas a la Constitución y las leyes constituyen su mejor arma, no importa las trabas presupuestarias, las críticas, conspiraciones y campañas que puedan articular para minar su credibilidad. Actúen pensando en los intereses del país, que sus decisiones son determinantes para nuestra democracia. Sus decisiones les harán ganar el respeto de la sociedad, fortalecerá su autoridad y convertirá la Junta en árbitro.