Suprema equivocación
La obligación de silencio en los tribunales pone en peligro la libertad de prensa
¿Cómo se cubrirían los casos Calamar, Coral, Antipulpo, Medusa, Odebrecht y Tucano? ¿Qué haría yo como periodista si supiera que dentro de una sala se juzga a un exprocurador general, a un exministro, a un excandidato presidencial, a un mayor general, pero no puedo decirlo porque el tribunal así lo estableció? ¿Se dejará de dar acceso a los periodistas a las salas de justicia? ¿Ya no se trasmitirán las audiencias? ¿Debe ir el derecho a la intimidad por encima de la libertad de expresión? ¿Deben ser los tribunales lugares transparentes o establecimientos públicos oscuros? ¿Por qué el pueblo no puede saber que se acusó a alguien de un delito y que se va a procesar? ¿Qué pretendemos ocultar con eso? ¿Un reglamento del Poder Judicial obliga al silencio a dependencias del Ejecutivo, como la Policía Nacional o la Procuraduría General? ¿A quién beneficia esta idea, a los pobres, a los poderosos o a todos? ¿Cómo nos enteramos de que un ladrón, un narco, un asesino en serie o un corrupto, por ejemplo, resultó culpable o inocente? ¿El derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia dan derecho al anonimato judicial? ¿Es esta tendencia judicial correcta? ¿Por qué salen con esto ahora, de momento, sin buscar opiniones?
Podría continuar formulando preguntas sobre la suprema equivocación que se ha cometido en el Poder Judicial. Por más argumentaciones que den, lo cierto es que la “Política de Protección de Datos” anunciada la semana pasada representa un atentado contra la transparencia y, más que proteger a los inocentes, da a los delincuentes una herramienta para salir coleando de sus procesos.
Una vez fui llamado por el Tribunal Federal en Puerto Rico a ser jurado en un caso. Le dije al juez encargado de la selección que no podía ser jurado porque me obligaría a violar la ley. “¿Por qué?”, me pregunto. “Porque soy periodista siempre y de seguro ejerceré mi derecho a informar a la gente”. “Bien, causa justa para no ser jurado”, me respondió el juez José A. Fuste. ¿Qué intento decir? Que en el Poder Judicial no deben ponernos a decidir entre sus políticas y las nuestras, porque de seguro escogeremos proteger nuestro deber sagrado de informar, que es la esencia de este oficio.
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