Tráfico de municiones: la corrupción policial apunta y dispara a la seguridad nacional

La investigación sobre el contrabando de más de 900,000 municiones desde el Departamento II de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, vinculado a oficiales que las vendían tanto a bandas criminales en Haití como a negocios y armerías locales, evidencia la profundidad de la corrupción que persiste en esta institución.

Este escándalo, que recuerda las fallas y malas prácticas históricas en las zonas fronterizas con Haití, representa un desafío para la reforma policial impulsada por el presidente Luis Abinader. Asimismo, pone en entredicho los avances anunciados, subrayando la necesidad de una respuesta integral que abarque a todos los actores involucrados.

El caso no solo revela una falla gravísima en los controles internos de la Policía, sino que también expone un entramado criminal que involucra tanto a actores locales como internacionales.

Según el Ministerio Público, estas municiones, entre ellas 230,340 cápsulas de calibre 5.56 milímetros para fusiles de guerra, fueron vendidas a bandas criminales en Haití y, a precios más altos, a armerías comerciales.

Estos hallazgos plantean preguntas sobre la posible utilización de negocios legales como fachada para operaciones ilícitas.

Armerías: ¿cómo se surten?

El hecho de que estas municiones llegaran a armerías y comercios especializados en armas y accesorios policiales revela un eslabón que debe investigarse a fondo.

Si estas empresas acceden a productos provenientes de fuentes ilícitas, no se trata solo de un delito administrativo, sino de una amenaza directa a la seguridad pública de República Dominicana.

La Policía y el Ministerio Público deben centrar sus investigaciones no solo en los oficiales implicados, sino también en las armerías que podrían haberse beneficiado de estas transacciones.

Es necesario identificar quiénes compraban estas municiones, cómo se justificaba su comercialización dentro del marco legal y, sobre todo, si existía complicidad por parte de estas empresas en la distribución de municiones y pertrechos de uso exclusivo militar.

El reto del Ministerio Público es demostrar que la corrupción señalada en la Intendencia de Armas de la Policía trasciende a los policías involucrados, abarcando también a sectores del comercio privado que operan bajo una aparente legalidad.

Contrabando hacia Haití y sus implicaciones

Por otro lado, la presunta venta de municiones a bandas criminales en Haití destapa una operación de contrabando que debe investigarse más allá de los intermediarios directos.

Las autoridades dominicanas deben esclarecer quiénes eran los compradores finales en Haití, los puntos fronterizos utilizados para cruzar estas municiones y cómo lograron pasar sin ser detectadas.

Esto pone en tela de juicio la efectividad de las instituciones responsables de los controles fronterizos, bajo el mando de militares, aduanas y migración.

Si estas municiones lograron salir del país, es probable que existiera una red de apoyo logístico que incluyera financiamiento, transporte y complicidad en los pasos fronterizos.

Además, es crucial identificar quiénes financiaban estas operaciones en Haití. Detrás de las bandas beneficiadas por este tráfico podrían estar empresarios o actores políticos haitianos que utilizan estas armas para consolidar su poder en el contexto de la crisis social, política, económica y de seguridad del país vecino.

Un desafío que trasciende la reforma policial

Catalogado por el Ministerio Público como un “hecho de extrema gravedad”, este caso pone en entredicho la credibilidad de la Policía Nacional, actualmente sometida a un proceso de reforma que implica un alto costo económico para el Estado dominicano.

La situación demuestra que la reforma policial impulsada por el presidente Abinader, aunque necesaria, debe complementarse con un enfoque integral que fortalezca los controles internos en todas las instituciones relacionadas con la seguridad y el comercio de armas.

Es imperativo que la frontera con Haití se convierta en una prioridad estratégica, no solo para controlar la migración irregular, sino también para frenar el flujo de armas, drogas y municiones.

Si este escándalo no culmina en investigaciones exhaustivas y sanciones ejemplares, se perpetuará la percepción de impunidad y complicidad que ha afectado a la Policía Nacional durante décadas.

No se trata únicamente de depurar la institución, sino de desarticular las redes que lucran con prácticas impropias de las funciones y responsabilidades constitucionales de este cuerpo.

Esta investigación representa una oportunidad para demostrar que el compromiso del presidente Abinader con la reforma policial no es una mera declaración, sino una acción concreta respaldada por investigaciones efectivas y reformas estructurales.

El objetivo debe ser restaurar la confianza ciudadana en una institución marcada por años de corrupción e ineficiencia.