¿El pueblo que pague la fiesta del PRM? No

El presidente de la República, Luis Abinader, y la gestión de gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tienen la intención de aprobar una reforma fiscal para elevar los ingresos del gobierno y, según ellos, invertir más dinero en la población.

Trataré de explicar de manera sencilla para que, los que no somos economistas, entendamos lo planteado y cómo afectará los bolsillos de los dominicanos.

Pero antes, hagamos un poco de historia para entender el contexto. En el 2012 se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), una ley en la que se estableció el país que deseamos tener y qué hacer para lograrlo al año 2030. En otras palabras, un acuerdo nacional sobre qué queremos y cómo conseguirlo, definiendo objetivos, políticas y metas, por lo que la improvisación y la falta de coordinación en la gestión gubernamental debía pasar a ser cosa del pasado, lo que no ha ocurrido desde agosto de 2020 a la fecha.

En la END se establecían las reformas más importantes para lograr lo anterior: un pacto por la educación, un pacto eléctrico y un pacto fiscal. El primero, se comenzó a cumplir en 2013 con la asignación e inversión del 4% del Producto Interno Bruto (el valor total de la riqueza que produce el país en un año) para la educación preuniversitaria, lo que permitió la construcción de más de 24 mil aulas en todo el país, la implementación de la jornada de educación extendida, con su correspondiente desayuno, almuerzo y merienda escolares, entre otras medidas a favor de estudiantes y maestros. Las políticas públicas sobre el pacto educativo se han descuidado y muchas se descontinuaron en los últimos 4 años.

El segundo pacto, el eléctrico, proyectaba reducir el déficit de distribución de energía y cobranzas que tenían las empresas distribuidoras de electricidad (EDEs), así como las necesarias inversiones para hacer de ese sector uno estable, que tuviese que depender cada vez menos de un subsidio estatal. El pacto eléctrico, listo desde hace casi 8 años, nunca fue aceptado por el PRM. Sin embargo, desde que ese partido llegó al poder en 2020, lo aprobó tal cual estaba elaborado, no le cambió ni una coma al documento. Cuatro años después, no ha cumplido nada de dicho pacto y las pérdidas económicas del sector eléctrico son las mayores de las últimas décadas, teniendo el gobierno que darles más de 1,500 millones de dólares anuales para que puedan mantenerse operando, sin que ello refleje una mejoría en el servicio sino todo lo contrario: apagones constantes en todo el país.

El tercer pacto, el fiscal, es el tema central de este artículo. El gobierno del PRM, en lugar de establecer un espacio de diálogo amplio para elaborar un pacto fiscal (un acuerdo para mejorar la eficiencia, transparencia y equidad de los impuestos, por un lado, y mejorar la inversión y el gasto público del Estado por otro lado, y así lograr los objetivos de desarrollo de la END), ha decidido presentar una reforma fiscal que, de acuerdo a declaraciones de funcionarios del área financiera, busca recaudar 110 mil millones de pesos a través de nuevos impuestos para equilibrar las finanzas del Estado que, a juicio de todos menos del gobierno, han quedado maltrechas luego de cuatro años de derroche de dinero en nómina, pensiones, ayudas, publicidad, etc. Veamos algunos casos.

Según cifras oficiales, la nómina pública creció de 204,757 millones de pesos en 2019 a 336,638 millones de pesos en 2024. En otras palabras, la nómina aumentó casi 132 mil millones de pesos en 4 años, sin que eso refleje un aumento de servicios públicos de salud, educación, apoyo a las micro y pequeñas empresas, subsidios al campo para abaratar la comida, construcción de nuevas carreteras, etc. No, no hubo nada de eso, ni tampoco se han mejorado los servicios públicos que tenía el país en 2020. Entonces ¿en qué se gastaron esos 132 mil millones de pesos adicionales? En nombrar más funcionarios y empleados con sueldos de lujo. De su lado, las pensiones y jubilaciones crecieron de 40 mil millones de pesos en 2019 a más de 73 mil millones de pesos, para un aumento de más de 32 mil millones de pesos. La mayoría de estas pensiones fueron otorgadas a dirigentes políticos y otras personas que no cumplen con la ley.

Las ayudas y donaciones del gobierno crecieron de 16,743 millones en 2019 a 54,280 millones en 2024, aumentando más de 37 mil millones de pesos en 4 años, sin que se vea que la pobreza real se haya reducido. Todo lo contrario, además de aumentar la pobreza extrema, los escándalos de fraudes de los programas sociales han sido muchos en estos 4 años, por lo que el dispendio y el desorden en esa área es otro “logro histórico” de un gobierno sin precedentes en todo lo que afecte negativamente la calidad de vida del pueblo dominicano.

Así las cosas, si sumamos 132 mil millones de pesos aumentados en nómina pública, más 32 mil millones de pesos aumentados en pensiones, la mayoría ilegales, más 37 mil millones de pesos aumentados en ayudas y donaciones salpicadas de denuncias constantes de fraudes, tenemos que solo en esos tres conceptos el gobierno del PRM ha malgastado más de 201 mil millones de pesos.

¿Y ahora qué? Ahora el presidente Abinader quiere que esos más de 201 mil millones de pesos, malgastados en la fiesta de los primeros 4 años de gobierno del PRM, de la cual no participaron 9 millones de dominicanos, salgan de los bolsillos de todos los ciudadanos a través de una reforma fiscal que le subiría el impuesto a casi todo lo que se compre y se consume.

O, en su defecto, pudiera ser responsable y reducir la nómina, las pensiones ilegales, los fraudes en ayudas y la publicidad, disponiendo así de más de los 110 mil millones de pesos que busca recaudar con la reforma fiscal y evitar empobrecer más al pueblo dominicano. Ya sabemos por cuál de las dos opciones se inclinará el presidente.