Apoyamos el desarrollo de Pedernales, pero así no (parte 1)

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha levantado su voz de alarma sobre lo que considera un contrato lesivo al interés nacional, relativo al proyecto de desarrollo turístico de la provincia Pedernales. Esto ha dado lugar a que ciertas personas cuestionen la intención de nuestras denuncias sin siquiera detenerse a leer el contenido de dicho contrato.

Como ya se ha dicho anteriormente, el PLD no se opone al desarrollo de Pedernales. Sin embargo, a lo que sí nos oponemos es a un desarrollo al margen de las reglas de transparencia y desconociendo las limitaciones constitucionales y ambientales.

Es por ello que a continuación haremos un análisis de la adenda No. 3 del contrato que constituye el Fideicomiso de Pro-Pedernales para identificar un conjunto de disposiciones que afectan el interés público y que cuestiona seriamente a quién o quiénes se quieren beneficiar con estas disposiciones que, en el menor de los casos, comprometen el patrimonio estatal en múltiples sentidos a favor de entidades privadas menos en favor del pueblo de Pedernales y el Estado Dominicano.

En esta primera entrega de dos artículos mencionaré los aspectos que más mueven a preocupación y que deberían hacer sonar todas las alarmas sociales.

A modo de introito, me permito destacar que en el párrafo VI de la Cláusula V del Contrato está la posibilidad de transferir a terceros, como parte del patrimonio fideicomitido por parte del Estado, más de 44 millones de metros cuadrados de terrenos, los cuales fueron recuperados luego de un proceso judicial que duró más de 15 años estancando y que, en menos de dos años, fue posible obtener una sentencia de primer grado y en menos de 5 años concluir el proceso de manera definitiva con una sentencia con autoridad de la cosa juzgada, que ya pasó por el Tribunal Constitucional.

Pero el gobierno pasado no solo se ocupó de concluir el proceso judicial pendiente, sino que reinició procesos que habían sido desistidos o excluidos del proceso principal, para recuperar total y efectivamente todos los terrenos de Pedernales propiedad del Estado Dominicano.

O sea, el PLD en el gobierno anterior revirtió la lentitud y falta de voluntad que había en el proceso judicial ya mencionado y eso se hizo con la finalidad de lograr el desarrollo de esa provincia. De ahí que, paralelamente, en 2015 se emitió un decreto ordenando la constitución de un fideicomiso que solo esperaba la conclusión del proceso judicial y la realización del máster

plan del desarrollo turístico del proyecto. Todo eso quedó listo antes del PLD salir del poder en 2020.

No es posible, entonces, que lo que tomó tanto tiempo y demandó tantos esfuerzos colectivos para recuperar ahora se pretenda entregarlo en bandeja de plata a terceros, en lugar de que se use, como pretendía hacerlo el PLD, a través de un fideicomiso público en el que nunca se permitiera la cesión del derecho de propiedad del Estado, ni su enajenación sin controles. El derecho que costó tanto conseguir, no podía ni puede negociarse como sea.

Sobre las limitaciones ambientales, sólo referiré que ya los ambientalistas que se han preocupado toda la vida por esas áreas protegidas manifestaron públicamente dónde se encuentran las debilidades del proyecto: solapamientos de los terrenos deslindados para aportar al fideicomiso con áreas protegidas.

Otro elemento perturbador lo constituye la integración de fideicomitentes adherentes y la creación de los llamados “vehículos jurídicos” que, en la práctica, serán empresas asociadas que formarán parte del desarrollo del proyecto.

Es importante destacar que en todos los contratos de fideicomiso públicos que ilegalmente ha elaborado este gobierno, pues carecen de una ley que los regule, se abre la posibilidad de integrar nuevos fideicomitentes, es decir, se aprueba el contrato con el Estado como único fideicomitente, pero siempre se deja la puerta abierta a la incorporación de fideicomitentes adherentes. Este contrato de Pro-Pedernales no es la excepción (Cláusula 2.16). Sin embargo, eso no es necesario, porque ya el contrato de fideicomiso establece que es un fideicomiso matriz y que existirán fideicomisos vinculados para los proyectos. Entonces, para qué establecer la posibilidad de fideicomitentes nuevos. ¿Para que un día, así como hicieron en diciembre de 2022 quieran aprobar una adenda con un nuevo fideicomitente, que tenga los mismos derechos que el Estado? No basta decir que eso no va a ocurrir, hay que impedirlo no dejando esa puerta abierta en el contrato. Pero eso ocurre con todos los fideicomisos que ha creado este gobierno.

No es necesario que el fideicomiso matriz tenga particulares o inversionistas como adherentes, para eso es que deben servir los fideicomisos vinculados, para ser usados con los inversionistas, en los diferentes proyectos que se harán de manera separada. De hecho, el contrato lo prevé, por lo que no existe la necesidad de fideicomitentes adherentes.

Tampoco existe la necesidad de crear los llamados "vehículos jurídicos vinculados al desarrollo de Cabo Rojo" o "vehículos jurídicos vinculados al fideicomiso Pro-Pedernales", siendo estos cualesquiera tipos de entidad jurídica, sociedades comerciales u otro fideicomiso donde "se realicen aportes de capital, tanto del Estado como del socio estratégico que resulte escogido para llevar a cabo ese desarrollo (cláusulas 2.33, 2.34 y 2.35).

Basta leer la adenda para saber cuál es la intención. Por ejemplo, en la cláusula 7ma. podemos ver que se crearán no solo fideicomisos vinculados, sino estructuras societarias para la emisión de instrumentos financieros (7.10). Una cadena interminable de entidades jurídicas que

imposibilitarán el control efectivo del fideicomiso. Es decir que el fideicomiso matriz no es más que un chasis sobre el cual agregarán vagones y vagones y, para llegar al último vagón, hay un entramado de instrumentos y entidades jurídicas.

¿Qué alegarán estas empresas a la hora del Estado tratar de establecerles los controles de la Cámara de Cuentas o de la Contraloría? Sencillo: Responderán que son entidades de derecho privado y que dichos controles legalmente no les aplican.

La adenda No. 3 establece que todos esos "vehículos" deberán declarar que conocen y estarán bajo las reglas del contrato matriz. ¿Pero eso abrirá las puertas a los organismos estatales de control? Difícilmente. La maraña jurídica será tal que será imposible fiscalizarlos. Esa maraña tampoco permitirá establecer claramente a dónde van los beneficios. Pasarán por tantos coladores que, a la hora de llegar al fideicomitente del contrato matriz (El Estado), tal vez no quede nada.

En la siguiente entrega hablaremos sobre el inusual régimen de exenciones fiscales establecido a favor de todo el que participa y en detrimento del Estado, entre otras disposiciones que consideramos altamente cuestionables e inconstitucionales de este contrato.