Fraude electoral, 1994

En estos momentos en que los políticos discuten si hubo o no fraude en ciertos distritos electorales durante las elecciones congresuales y municipales celebradas el pasado 16 de mayo, y mientras se dilucida la cuestión, pienso que conviene recordar, para que no se olvide, cómo y quienes ejecutaron el colosal fraude electoral en las elecciones generales de 1994.

Como los lectores deben recordar, en anticipación a los comicios los partidos políticos realizaron sus primarias y se dedicaron a formar alianzas para competir en las urnas el 16 de mayo de aquel año.

Tras haber perdido las elecciones en 1990, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidió reorganizarse y expulsó de sus filas a algunos disidentes. Los peledeístas decidieron participar en las elecciones llevando nuevamente a Juan Bosch como candidato presidencial. Su candidato a vicepresidente fue Leonel Fernández, un joven abogado que había pasado su niñez y juventud en los Estados Unidos y que había hecho una carrera ascendente dentro del partido, gracias a sus extraordinarias dotes de comunicador y político.

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) también se reorganizó y logró recuperarse de sus profundas divisiones. Volcó todos sus recursos y energías en la candidatura de su líder, José Francisco Peña Gómez. A fin de ampliar su base electoral, Peña Gómez se acercó tanto a los partidos de izquierda como de derecha. Con cinco de ellos formó una alianza que se llamó Acuerdo de Santo Domingo, y escogió al político reformista Fernando Álvarez Bogaert como su compañero de boleta.

Álvarez Bogaert había sido escogido por Balaguer como compañero de boleta en el año de 1978 pero tuvo que renunciar empujado por las presiones en su contra que ejerció la cúpula militar sobre Balaguer. Desde entonces Balaguer y Álvarez se distanciaron y, en ocasiones, llegaron a enfrentarse públicamente.

Balaguer, por su parte, escogió como compañero a Jacinto Peynado, un joven empresario neo-trujillista reconocido por su personalidad autoritaria y sus conexiones con los militares. Balaguer fue respaldado por ocho partidos políticos, dos de los cuales eran básicamente organizaciones paramilitares: el Partido Nacional de los Veteranos Civiles y el Partido Quisqueyano Demócrata.

A medida que se acercaban las elecciones comenzaron los rumores y las denuncias de que se iba a producir un fraude en la Junta Central Electoral (JCE). Esta información salió del mismo corazón de la JCE y fue ampliamente publicitada por los medios de comunicación, creando preocupación entre muchos observadores y en las embajadas extranjeras en Santo Domingo.

Peña Gómez prestó poca atención a las denuncias, aun cuando algunos dirigentes de su partido se referían a ellas continuamente. Convencido de que ganaría por un amplio margen las elecciones Peña Gómez solicitó la firma de un pacto entre los candidatos que los obligara a no declarar victoria antes de que la JCE señalara oficialmente al ganador. Este fue el primero de una serie de errores cometido por Peña Gómez.

El segundo fue no darse cuenta de lo que el gobierno y el PRSC estaban haciendo en la Junta Central Electoral. Mediante un meticuloso trabajo, los agentes gobiernistas recopilaron los números de identidad de la mayoría de los militantes registrados en el PRD y utilizaron estos datos para excluir a los votantes perredeístas de los padrones oficiales.

La JCE había entregado a cada partido político una copia del padrón electoral que debía utilizarse en las elecciones. Días antes del sufragio, los reformistas produjeron un registro nacional de votantes adulterado actuando de la siguiente manera: 1) suplantaron los nombres y apellidos reales de los votantes del PRD con otros ficticios; 2) reemplazaron los números reales de las cédulas con otros falsos, y 3) reubicaron a decenas de miles de votantes en mesas de votación distintas a las que les correspondían.

Luego, con el consentimiento y la complicidad de los jueces de la JCE, reemplazaron el padrón electoral legítimo con el adulterado y distribuyeron éste en las mesas electorales en los días anteriores a las elecciones.

La embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo recibió información confiable sobre lo que se estaba tramando, y el 9 de mayo el embajador Robert Pastorino, instado por la Directora de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), expresó públicamente su preocupación e íntima convicción de que se estaba preparando un gran fraude electoral.

Sus comentarios fueron rechazados de inmediato por los políticos balagueristas y por algunos de los adversarios de Peña Gómez, como Jacobo Majluta, ahora candidato presidencial de un grupo minoritario llamado Partido Revolucionario Independiente (PRI) que se había separado del PRD.

A pesar de todas las denuncias sobre un eminente fraude electoral, la Junta prosiguió preparando las elecciones con el padrón alterado pues sus jueces eran cómplices del fraude. El 16 de mayo, cuando los dominicanos se dirigieron a las urnas, decenas de miles de votantes se encontraron con que sus nombres o centros de votación habían sido dislocados.

Al presentar sus carnés de identidad miles de votantes fueron rechazados cuando les dijeron que sus nombres no existían, mientras otros miles fueron redirigidos a centros de votación lejanos, sólo para descubrir que en esa nueva dirección tampoco aparecían registrados.

Muchos ciudadanos vieron que los números de sus cédulas no coincidían con los que aparecían en los listados con sus nombres y, por tanto, no eran aceptados como votantes. Muchos otros constataron que sus nombres o apellidos aparecían cambiados y tampoco pudieron votar. Hubo muchos cuyos nombres sencillamente no aparecieron en ningún listado. Aquello fue un caos total.

Peña Gómez no gozaba del apoyo del empresariado ni de la Iglesia Católica ni de los dueños de medios de comunicación. Cuando denunció el fraude al día siguiente, la mayoría de los líderes empresariales en el país rechazaron sus reclamos y le solicitaron que aceptara con buena cara su derrota.

Muchos periodistas, obispos, sacerdotes, políticos, empresarios, así como muchos académicos, tanto liberales como izquierdistas, además de la derecha política, rechazaron la posibilidad de un fraude y exigieron a Peña Gómez reconocer la victoria de Balaguer.

Solamente un pequeño grupo de asesores y amigos de Peña Gómez, y aquellos observadores internacionales y diplomáticos extranjeros que habían monitoreado de cerca el proceso, entre ellos la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, estaban convencidos de que se había cometido un fraude.

A Peña Gómez y sus asesores les tomó varias semanas convencer a la opinión pública de que había sido despojado de su victoria mediante trampas, tal y como le había sucedido a Juan Bosch en el 1990. A Peña Gómez y sus asesores le costo mucho trabajo convencer a la opinión pública porque los adversarios del PRD lanzaron una intensa campaña en sus periódicos, en la televisión y en las estaciones radiales encaminada a demostrar que Peña Gómez había inventado el fraude para ocultar su derrota.

Aun cuando inicialmente algunos observadores internacionales tuvieron serias dudas iniciales sobre la realidad del fraude, su excepticismo se desvaneció cuando analizaron las primeras evidencias. A partir de entonces reaccionaron públicamente y expresaron que, ciertamente, se había producido una masiva dislocación de votantes en el padrón electoral.

A seguidas se produjo una seria crisis política que duró tres meses y en la que se vieron envueltos el gobierno estadounidense, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Iglesia Católica y las Naciones Unidas. La mayoría de los obispos y líderes empresariales favorecían abiertamente a Balaguer y a Peynado.

Esta posición era compartida por el enviado especial de la OEA quien apenas podía disimular su antipatía hacia Peña Gómez y obstaculizaba muchas de las iniciativas destinadas a exponer el fraude. Su renuencia a reconocer los reclamos de Peña Gómez sumó nuevos obstáculos a la solución de la crisis.

A medida que pasaban las semanas, se fue haciendo cada vez más evidente la complicidad de los jueces y algunos técnicos de la Junta Central Electoral, pero muy pronto quedó al descubierto la existencia de dos listas nacionales de votantes, una limpia y otra alterada en posesión de los jueces electorales, quienes se negaban tercamente a mostrar la lista utilizada el día de las votaciones.

A pesar de esa resistencia, muy pronto quedó establecido que el padrón electoral limpio, distribuido de manera oficial a todos los partidos políticos con gran antelación a las elecciones y según lo establecido por ley, era completamente diferente a la lista fraudulenta que fue plantada por la JCE en las mesas de votación el día de las elecciones.

La prensa extranjera y muchas organizaciones políticas internacionales y de derechos humanos elevaron sus protestas y criticaron ampliamente a Balaguer y sus maniobras para quedarse en el poder de una manera ilegal e indefinida. Los asesores de Peña Gómez que investigaron la forma en que se había efectuado el fraude, hicieron públicos sus hallazgos y pudieron comprobar que el número de votantes dislocados era aún mayor de lo previsto inicialmente.

La presión internacional forzó a la Junta Central Electoral a nombrar una "comisión de verificación" compuesta por técnicos en informática. El 12 de julio, este grupo, actuando bajo una presión extrema por parte de la comunidad internacional, reportó que de las 1,900 mesas electorales analizadas, por lo menos 1,468 habían sido afectadas por el fraude. Poco antes de completar su informe, surgió nueva evidencia de que por lo menos 100,663 votantes habían sido dislocados en más de 3,000 mesas electorales repartidas en 63 de los 105 municipios.

Gradualmente, los asesores de Peña Gómez lograron demostrar que los arquitectos del fraude habían tenido el cuidado de no dislocar demasiados votantes en cada mesa (solamente alrededor de un 20 por ciento) para no restarle validez a las elecciones generales. Sin embargo, el número total de los votantes dislocados le arrebató el primer lugar a Peña Gómez mientras que le otorgó a Balaguer el número necesario para superar a su adversario.

Los números oficiales fabricados por la JCE arrojaron que Balaguer obtuvo 1,275,460 votos, mientras que Peña Gómez recibió 1,253,179; Bosch reunió 395,653; Majluta, 68,910 y un pequeño partido de izquierda llamado MIUCA, 22,548. Según la JCE, 3,598,328 votantes habían asistido a las urnas y el nivel de abstención había alcanzado un porcentaje "históricamente bajo" de 14 por ciento.

Según la Junta, la diferencia entre Balaguer y Peña Gómez fue de apenas 22,281 votos. La JCE utilizó estas cifras para aplacar a Peña Gómez y tratar de convencerlo de que su participación había sido excelente, pero no lo suficiente para derrotar a un gran líder histórico de la estatura de Balaguer; por lo tanto, Peña Gómez debía aceptar la victoria de su adversario. De acuerdo a la JCE, Balaguer "ganó" la contienda electoral.

Durante todo este proceso la Junta recibió el apoyo constante de varios obispos y de los líderes empresariales, así como de muchos miembros de la prensa que se resistían a reconocer que se había cometido un fraude. Estas personas no se cansaban de afirmar que la crisis era de índole interna y que debía ser resuelta únicamente por la institución a la que competía, es decir, la Junta Central Electoral.

El Cardenal-Arzobispo, conocido antagonista de Peña Gómez, luchó abiertamente para convencer a la comunidad internacional de que dejaran el problema en manos de la Junta porque éste era "un asunto doméstico" que debía ser resuelto por las autoridades dominicanas.

El 2 de agosto, la Junta publicó los resultados oficiales. Para ese entonces muy pocos confiaban en ellos, pues para entonces la mayoría de los dominicanos estaban convencidos de que las elecciones habían sido una gran trampa.

El fraude fue planeado y ejecutado por tres células reformistas clandestinas. Una operaba en un hotel de Santo Domingo, la segunda en la oficina de un distribuidor de automóviles y la tercera dentro de la misma Junta Central Electoral.

Una vez comprobadas muchas de las irregularidades, Balaguer y Peña Gómez se reunieron la noche del 9 de agosto para discutir una salida a la crisis, y allí reconocieron que el margen entre los votos obtenidos por cada uno era tan estrecho que cualquiera de los dos podría haber resultado electo legítimamente. En consecuencia, Balaguer propuso, y Peña Gómez aceptó, que ambos compartieran el poder por un período de dos años cada uno.

Según este esquema, que sería refrendado por un acuerdo firmado por ambos, Balaguer continuaría en la presidencia por los dos años siguientes, mientras que Peña Gómez sería designado vicepresidente y reemplazaría a Balaguer veinticuatro meses más tarde. Peña Gómez estaba muy inclinado a negociar una enmienda constitucional para facilitar este acuerdo, pero sus asesores y la cúpula del PRD rechazaron el plan como una maniobra más de Balaguer que no debía aceptarse bajo ninguna circunstancia. Por ello, el pacto se vino abajo.

Sin embargo, las conversaciones continuaron al día siguiente y Peña Gómez le presentó a Balaguer una contrapropuesta que permitiría a Balaguer seguir gobernando por dos años más bajo las siguientes condiciones: Primero, había que aprobar una enmienda constitucional para permitir que los candidatos congresuales electos se juramentaran y ocuparan sus puestos como senadores y diputados, a pesar de todas las fallas encontradas en el proceso electoral. Este nuevo Congreso ejercería sus funciones hasta 1998. Segundo, la administración de Balaguer debía concluir dos años más tarde, en agosto de 1996. Balaguer debía abandonar entonces la presidencia después de permitir nuevas elecciones libres que estarían organizadas bajo una nueva Junta, sujeta a una nueva ley electoral, con estrictos controles y bajo supervisión internacional. Tercero, la reelección presidencial para un segundo término consecutivo quedaría prohibida. Cuarto, a fin de ser electo presidente, un candidato debería obtener una votación de 45 por ciento más un voto. Si este no era el caso, tendría que realizarse una segunda vuelta. Quinto, como resultado de este pacto las elecciones congresuales y presidenciales se mantendrían separadas alternando cada dos años.

Balaguer aceptó esos términos y firmó con Peña Gómez un "Pacto por la Democracia", en el Palacio Nacional, frente a docenas de testigos de todos los sectores de la sociedad, el 10 de agosto de 1994, seis días antes de que Balaguer finalizara formalmente su mandato constitucional. Los dominicanos lograron así evitar una crisis constitucional y, posiblemente, una guerra civil, algo que atemorizaba tanto a Balaguer como a Peña Gómez.

Sin embargo, al último minuto y justo antes de la firma del pacto, se produjo una reunión secreta entre los ayudantes más cercanos de Balaguer y una delegación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Estos dos grupos modificaron secretamente el borrador del pacto para aumentar en un 50 por ciento más uno el número de votos requeridos para evitar una segunda vuelta.

Ambos partidos sabían que Peña Gómez gozaba de una gran popularidad y que no le sería muy difícil obtener el 45 por ciento de los votos y salir electo en una primera vuelta en las elecciones programadas para dos años más tarde, el 16 mayo de 1996.

Eso no era lo que Balaguer y Peña Gómez habían acordado, pero para los dirigentes del PLD esta era una maniobra necesaria para evitar que Peña Gómez llegara a la presidencia. Minutos antes de la firma del pacto, el consultor jurídico de Balaguer advirtió a Peña Gómez, por vía de un importante perredeísta allí presente, de lo que se estaba tramando, pero éste ya no deseaba seguir luchando.

Peña Gómez estaba exhausto y muy enfermo para comenzar a batallar de nuevo. Su único deseo era terminar con la crisis y retirarse a descansar. Exactamente un mes más tarde se hizo público que Peña Gómez padecía de un agresivo cáncer de páncreas. Al aceptar ese cambio, Peña Gómez cometió uno de los errores más grandes de su carrera, algo que reconoció algún tiempo después.

Efectivamente, en las siguientes elecciones presidenciales, celebradas el 16 de mayo de 1996 bajo la supervisión de una nueva Junta Central Electoral y en presencia de cientos de observadores internacionales y miles de observadores nacionales, los votos se dividieron de tal manera que ninguno de los candidatos logró obtener la mayoría requerida del 50 por ciento más uno.

Peña Gómez obtuvo 1,333,925 votos (49 por ciento); Fernández recibió 1,130,535 votos (39 por ciento); mientras que Peynado quedó en un lejano tercer lugar con 435,504 votos (15 por ciento). Ahora, por primera vez en la historia dominicana, el electorado tendría que concurrir a una segunda vuelta en un plazo de 45 días.

Al regresar a las urnas el 30 de junio, Leonel Fernández, con el apoyo de Joaquín Balaguer, derrotó a Peña Gómez por un escaso margen de 71,741 votos. Los principales líderes del PRD quisieron refutar los resultados mediante la denuncia de un nuevo fraude, pero esta vez Peña Gómez se encontraba muy fatigado y enfermo, y rechazó complacer sus deseos, diciéndoles que el país estaba hastiado de tanto debate político en los últimos dos años. Por tanto, aceptó los resultados y el 16 de agosto de 1996 Leonel Fernández asumió la presidencia de la República en una transición pacífica.