Un presupuesto complementario incompleto

«En el muy corto plazo, la principal acción a tomar por las autoridades debe ser someter un presupuesto complementario para el año 2020. El gasto en salud debe ser la prioridad [...]. La referencia del gasto total que se adopte para el nuevo presupuesto debe ser el año 2019. El gasto presupuestado originalmente para 2020 no debe ser el referente ya que no será posible financiarlo como estaba previsto originalmente. Todo gasto debe ser bien priorizado y, en este sentido deben realizarse los ajustes necesarios para su control y lograr la mejor reasignación entre ministerios». Miguel Collado Di Franco, CREES, junio 9, 2020

A raíz de la aparición del nuevo coronavirus la oposición política planteó la necesidad de aunar los esfuerzos -tanto los del gobierno como los de la sociedad civil y los partidos políticos- para enfrentar los retos sanitarios y económicos planteados por la pandemia. Ninguno de esos planteamientos fue acogido por el Gobierno y prefirió tomar el camino de la acción unilateral, con un ojo puesto en las elecciones del 16 de mayo pasado que, finalmente, fueron pospuestas para el próximo 5 de julio. Este camino tenía -y tiene- sus riesgos, pero el Gobierno, al parecer, entendió que electoralmente era lo más conveniente. Y así ha actuado.

Por eso, no es un hecho que sorprenda mucho que el Gobierno haya presentado al Congreso Nacional un proyecto de presupuesto complementario que refleja muy claramente la estrategia de disponer de la mayor cantidad de recursos financieros en medio del proceso electoral para apuntalar a su candidato e intentar retener el poder más allá del 16 de agosto. Sin embargo, una posible interpretación del citado proyecto es que el Gobierno ha llegado a la conclusión de que el 16 de agosto habrá un cambio de partido en la dirección del Estado dominicano y que, por lo tanto, ha preparado un presupuesto tomando en cuenta los ingresos hasta el 31 de diciembre, pero considerando los gastos solo hasta el cambio de gobierno.

De esta forma se pudiera explicar que el nuevo déficit fiscal haya sido estimado en 5.0 % del PIB, para un incremento de 2.2 puntos porcentuales por encima del déficit originalmente consignado en el presupuesto. En otras palabras, la brecha fiscal entre ingresos y gastos se elevaría hasta los RD$206,816.78 millones, que ajustados por los ingresos extraordinarios y la reacomodación de gastos generarían un déficit fiscal de RD$150,908 millones. Desde el principio del COVID-19 se ha asumido -por fuerza de la realidad- que la brecha entre ingresos y gastos se abriría notoriamente. Y parecería inusual que al Gobierno se le reclame que no haya incluido un déficit mayor.

¿Es realista pensar que el déficit fiscal al final de 2020 será solo de unos RD$150 mil millones? De acuerdo con datos de la Dirección General de Presupuesto, durante el periodo abril-junio los gastos estimados relacionados exclusivamente con los efectos de la pandemia son de RD$64,330 millones y que están incluidos en el presupuesto complementario. Pero no dice qué pasará de julio en adelante. El problema es que no se puede asumir que las necesidades de gastos extraordinarios para el resto del año -por concepto del COVID-19- terminarán con el mes de junio. Por lo que se observa en el comportamiento de la pandemia es muy probable que la asistencia a las personas y a las empresas, así como el gasto en salud, requerirá de mayores recursos presupuestarios. Esto podría significar, muy preliminarmente, un incremento en el déficit fiscal de unos dos puntos porcentuales. Claramente, no es interés del gobierno reconocer esta realidad y obligar a que un próximo gobierno se vea en la obligación de presentar otro presupuesto complementario, como si no fuera importante tener presente en las decisiones públicas la necesaria conciencia de la continuidad del Estado.

Algunos analistas coinciden en que la transparencia no es una característica de la presente gestión pública, y que esto queda evidenciado en un presupuesto complementario que no está acompañado de una detallada rendición de cuentas, en cuanto a los recursos que se han manejado en los sucesivos estados de emergencia, que han dado al gobierno amplios márgenes en la conducción del gasto público, así como recurrentes escándalos en los procesos de licitación.

Salta a la vista, en este contexto, que el Gobierno no se haya molestado en incluir una actualización del marco macroeconómico que sirve de soporte a todo ejercicio presupuestario. Quizás, no quiera reconocer que al concluir su período de gobierno entregará una economía con un deterioro de los principales indicadores de la estabilidad macroeconómica. Entre ellos, la extraordinaria caída en el PIB; la depreciación del peso dominicano, que acumula alrededor de un 13% de depreciación frente al dólar en el último año; altos niveles de desempleo, y un déficit fiscal superior al 5%. Sería injusto, sin embargo, atribuir al Gobierno la entera responsabilidad por este desencuentro con la estabilidad económica; pero es un indicador de que cuando las condiciones económicas son adversas -en este caso principalmente por la pandemia- es sumamente difícil mantener los indicadores económicos en su posición original. La diferencia la puede hacer la disposición a asumir los costos políticos de las decisiones que son correctas, algo que el gobierno ha evitado por años de posposición de las reformas estructurales.

De manera que la ausencia del nuevo marco macroeconómico para sustentar las proyecciones contenidas en el presupuesto complementario es una omisión que delata una actitud de opacidad del Gobierno en temas que son fundamentales para que la sociedad pueda entender la lógica de sus decisiones... pero el árbol creció muy torcido y ya es muy tarde...