Tres consejos al nuevo presidente

La salida del PLD del poder ha generado expectativas inabordables. Fue tan difícil sacarlo, que quien entiende que contribuyó con ese resultado se cree acreedor de un derecho a espacios de participación o decisión. De manera que Luis Abinader tendrá que lidiar con esas presiones. Hacer funcional un Gobierno nuevo no es tarea fácil ni se logra en los primeros cien días de gestión, más considerando las condiciones atípicas en que esta Administración recibe el mando. De ahí que el primer consejo al nuevo presidente es no ceder a demandas emotivas ni aliviarlas con promesas sin comprobaciones de cumplimiento. Aceptar esa provocación es el primer paso al populismo. La credibilidad es un activo que se construye con ejecuciones consistentes. La confianza resulta de decisiones basadas en verificaciones racionales y no en buenos anuncios. Ese valor no puede ponerse en riesgo ni temprana ni gratuitamente.

El segundo consejo al nuevo presidente es poner a la nación en conocimiento de lo que encuentre. Eso le brindará al país un balance de la gestión anterior y precisará las responsabilidades envueltas. Luis Abinader ha prometido transparencia y rendición de cuentas como primeras atenciones éticas de su gobierno. Atado a ese compromiso debe saber qué recibe para medir los alcances de su actuación. Por eso la operación clave en los primeros seis meses de gobierno es la “auditoría forense” y no como una comprobación ordinaria de control sino como un procedimiento intencional cuyas confirmaciones puedan sustentar preliminarmente investigaciones judiciales. Esta práctica debe privilegiar aquellas obras, ejecuciones, gestiones, proyectos o programas que, por su costo, valor estratégico, sospechas de fraude o interés público ameriten indagaciones de ese rigor. Si fuera el presidente, delegaría a la Dirección General de ética e Integridad la designación de una comisión técnica independiente que realice un levantamiento de las obras auditables y supervise la ejecución de las auditorías forenses por realizar con apoyo independiente o de la Cámara de Cuentas, en virtud de lo que dispone el artículo 10 numerales 3, 10 y 17 de la Ley 10-4. Si de sus comprobaciones se derivan indicios de fraudes, procede entonces apoderar al Ministerio Público para que abra las investigaciones. Estas fiscalizaciones deberán estar sujetas a un término razonable de ejecución y quienes las realicen deberán contar con las debidas garantías de apoyo, acceso e independencia en todos los órdenes.

Mi tercer consejo a Abinader tiene que ver con el Ministerio Público. Fíjese que no hablo del procurador general sino del Ministerio Público en su sentido orgánico. Y esa alusión es marcadamente intencional porque, en el frenesí popular que la designación despierta, me abraza la aprensión de que se piense que el problema solo reside en independencia política del procurador y no en las carencias estructurales, presupuestarias y operativas del Ministerio Público como tal. Me temo que, queriendo honrar su promesa, el presidente electo se dé por satisfecho nombrando a una procuradora (como creo que será) y le diga “usted es independiente y, como tal, en lo adelante hágase cargo del Ministerio Público sin mi interferencia”. Una delegación así es suicida para quien acepte. No sería respetar la autonomía sino abandonar ese órgano a su suerte. Autonomía sin apoyo institucional es eufemístico; es mantener la dependencia. A lo que se aspira es a que el presidente no se ausente, sino que se involucre activamente en un plan de reforma estructural del Ministerio Público como atención prioritaria de su gobierno; que participe en su diseño y ejecución como principal agenda de política pública. Dejar esa tarea en manos del procurador por un pretendido respeto a su independencia es un ingenuo desatino.

Si la decisión del presidente es combatir la corrupción y aliviar la carga que su impunidad apareja, no podrá lograrla con la estructura actual de investigación forense. Se precisa crear una agencia especializada de investigación anticorrupción institucionalmente robusta, funcionalmente autónoma y con autogestión presupuestaria que cuente con un titular calificado designado por oposición y soportado por un equipo bien retribuido de expertos forenses en diversas especialidades, con un cuerpo de seguridad propio y plena jurisdicción nacional en la investigación de crímenes y delitos de corrupción y lavado.

Si la corrupción pública nos arrebata entre un cuatro y un seis por ciento del PIB a través de patrones delictivos sofisticados y complejos, ¿podemos hacerle frente competitivamente con las condiciones de operación y preparación de nuestros fiscales? Jamás. La gran oportunidad que tiene el nuevo gobierno es dejarnos un Ministerio Público fuerte, autónomo y con un estatuto de desempeño moderno. Las políticas de transparencia no son decálogos de deberes fiduciarios ni credos de buenas prácticas abandonados a la conciencia del funcionario; hoy son sofisticados sistemas de control, rastreo y autenticación soportados por tecnologías, redes, protocolos y plataformas. La investigación forense en la República Dominicana es una parodia armada artesanalmente con las uñas de los instintos. Por eso los expedientes no resisten una instrucción estándar y se desmoronan en las jurisdicciones de juicio. El problema nuestro no es de un procurador, es de otro Ministerio Público. Por eso he recomendado en artículos anteriores que es conveniente crear un alto comisionado para la reforma del Ministerio Público, como órgano colegiado integrado por cinco personas y el procurador general para que en el plazo de los primeros cien días del Gobierno presente una propuesta para su reforma integral que sea colocada en el debate y luego en la agenda legislativa. Con esta idea no pretendo agregar más burocracia porque no es una entidad permanente; se trata de un equipo ad hoc con la misión de preparar las bases de la aludida reforma. Ojalá me lean.