Mujeres en el camino del Derecho

La representación iconográfica de la justicia, consistente en una imagen de la diosa griega Themis, que simboliza el orden divino, las leyes y las costumbres, usada en casi todos los tribunales del mundo, nos lleva a una profunda reflexión sobre el quehacer del sistema judicial dominicano y de la región. En ese sentido, nos preguntamos: ¿hay un equilibrio en la balanza de la justicia con respecto a la participación de las mujeres en el Poder Judicial?

Dos respuestas podrían darse: primero, lo que dicen las normas, la Constitución, las Convenciones y las Leyes, que establecen los derechos de la mujer y su participación en términos de equidad; y segundo, lo que vemos en la práctica, es decir, la parte visible que es la que menos evidencia lo que dicen las normativas vigentes.

El equilibrio entre hombres y mujeres en los altos cargos judiciales, tanto a nivel nacional como internacional, sigue siendo un reto en pleno siglo XXI. La igualdad formal se desmorona ante la realidad de inequidad que se observa en el tercer poder del Estado, como lo planteó Montesquieu en su obra: El Espíritu de las Leyes, en 1748, el cual está llamado a proporcionar entre otros, el control y equilibrio de los demás poderes.

A partir de mediados del siglo XX, fue cuando la mujer comenzó a independizarse y a formarse en profesiones que históricamente eran masculinas, como el ejercicio del Derecho. En la década de los noventa, se iniciaron cambios en las Cortes Supremas de Justicia y Ministerios Públicos, que impulsaron transformaciones que han ido moldeando de un modo incipiente las estructuras de estas instituciones.

En el gobierno de Joaquín Balaguer, fue cuando las mujeres comenzaron a ocupar cargos en el Sistema Judicial, y en 1995 fue designada en el Ministerio Público, la doctora Zoila Martínez de Medina, como Fiscal del Distrito Nacional. En los gobiernos de Antonio Guzmán Fernández y Salvador Jorge Blanco, varias mujeres lograron ingresar, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, número que fue en aumento hasta que en 1997 se designó a la doctora Margarita Tavares Vidal como la primera mujer jueza ante la Suprema Corte de Justicia, y junto a ella estarían las doctoras Eglys Margarita Esmurdoc Castellanos, Ana Rosa Dreyfous, Enilda Reyes Pérez y Dulce María Rodríguez Blanco.

En la arena internacional, la doctora Rhadys Abreu de Polanco, fue electa en el 2006 jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, con sede en Costa Rica, siendo la primera abogada dominicana en ser miembro de una Corte Internacional. En ese mismo tenor, le siguió la Dra. Olga Herrera Carbuccia, una incansable maestra y exdecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, que fue electa en el 2011 jueza de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.

Asimismo, con el fin de continuar levantando barreras en el camino hacia la Justicia, las mujeres se han agrupado en asociaciones a nivel de abogadas y juezas, tal es el caso de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, conocida como International Association of Women Judges (IAWJ), la cual agrupa más de 4,000 juezas de varios países del mundo, en el interés de promover la igualdad jurídica entre los sexos.

De acuerdo con estudios e informes de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, en América Latina la proporción de mujeres en el Poder Judicial, no es representativa de la cantidad que egresa de las carreras de Derecho, donde desde hace más de dos décadas consecutivas y en aumento, son mujeres las que obtienen el título de licenciatura en Derecho.

Con relación a la República Dominicana, según el último informe del Ministerio de Educación Superior (MESCyT), los porcentajes de mujeres matriculadas en la carrera de Derecho ascienden a 56.5%; de las 47 universidades acreditadas ante ese Ministerio, 21 ofrecen la carrera, para un total de 4,263 matriculados, de los cuales 2,408 son mujeres. Es decir, que el número de egresadas de las Facultades de Ciencias Jurídicas va en ascenso, y en ese mismo orden constituyen mayoría las que ingresan a la carrera judicial, pero si bien la profesión jurídica se ha feminizado en los últimos tiempos, las estructuras de poder se mantienen fundamentalmente masculinas.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana, en la actualidad y de acuerdo con datos suministrados por esa entidad, tiene una membresía de 58,000, de los cuales 27,000 son abogadas, representando el 46.6% contra el 53.4% de los matriculados en el territorio nacional.

Si comparamos la situación con los Estados Unidos de América, vemos que en 1981, fue designada por el entonces presidente Ronald Reagan, la primera mujer en la Corte Suprema de ese país, Sandra Day O’Connor. Bill Clinton designó en 1993 a Ruth Bader Gingsburg, y Barack Obama designó dos juezas, primero a Sonia Sotomayor, que en el 2009 fue la primera latina y la tercera mujer en ocupar un cargo en esa alta instancia judicial; y en el 2010 a Elena Kagan, una exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.

En el caso dominicano y de acuerdo con datos obtenidos a través de la Oficina de Acceso a la Información del Poder Judicial, la cantidad de juezas es la siguiente: Suprema Corte de Justicia 5; Corte de Apelación y equivalentes 105; Primera Instancia y equivalentes 185 y; Juzgados de Paz y equivalentes 134, cifras que suman 429 juezas de un total de 748 jueces. Actualmente, no hay juezas en el Consejo del Poder Judicial y, pese a que hay una Comisión de Género del Poder Judicial, y de que la representación de mujeres es significativa, se observa que la debilidad está en las Altas Cortes, por lo que se hace necesario fortalecer el equilibro justo entre hombres y mujeres de leyes y por las leyes.

En otras Superiores Cortes y Órganos, nos encontramos con datos similares, a saber: Tribunal Constitucional, 3 juezas de 13 Miembros; Tribunal Superior Electoral, 1 de 5 Miembros; Cámara de Cuentas, 1 de 5 Miembros (electa por el retiro de un Miembro) y; Junta Central Electoral, 2 de 5 Miembros. Estas cantidades, valga la reiteración, reflejan la baja participación de las mujeres en las Superiores Cortes y Órganos, y la necesidad imperiosa de incrementar su número en pro de lograr una balanza de la justicia transparente, efectiva y humana.