El cuerpo social dominicano tiene graves padecimientos
¿Nos reducimos a nuestra particular vida y nos metemos, con los nuestros, en un caracol o reaccionamos y nos disponemos a buscar una salida a la encerrona en que nos encontramos?
Una parte importante de la población que en los últimos 50 años emigró de la zona rural, dejó allí el hábitat propio y el de sus ancestros, perdió parte de su identidad cultural, dificultando su integración plena al medio urbano, quedándose muchos de ellos flotando en barrios marginados carentes de servicios básicos, profundizando a niveles extremos e indignantes la desigualdad social.
Otra parte de la población nativa emigró al exterior, principalmente a los EEUU y todo indica que el flujo continuará. Así lo evidencian las encuestas que abordan el tema y revelan que a más de la mitad de la población, especialmente los más jóvenes, le gustaría irse al extranjero.
A lo anterior se agrega el alto nivel de inseguridad pública y las múltiples formas de violencia presente en nuestra sociedad, lo que ha roto muchos espacios de convivencia social, comunitaria y hasta familiar, produciendo una ciudadanía presa de miedo, encerrando a muchos en su entorno más íntimo.
La nación dominicana, pues, está fracturada por un acelerado proceso de desarraigo, de falta de cohesión social, en la que cada vez hay menos identidad colectiva en propósitos, metas y valores compartidos. Poco a poco nos convertimos en una población que habita un territorio. ¿Tiene futuro un país cuya nación da muestras de este franco proceso de disolución?
La economía del país está anclada en un modelo medularmente injusto.
Por décadas, las cifras oficiales reflejan altas tasas de crecimiento del PIB, pero es perceptible que es un falso crecimiento pues se sostiene en reiterados déficits presupuestarios y en un irresponsable y acelerado endeudamiento público.
Lo peor es que la riqueza que genera ese crecimiento no se traduce en bienestar para la gente, mientras la pobreza se reproduce como la verdolaga.
Por su parte, la vorágine neoliberal y los tratados de libre comercio desmontaron la estructura y cultura productivas tradicionales en la agropecuaria y en la industria, sin que se diera el necesario proceso de reconversión, llevando a la quiebra a millares de productores, haciéndonos más dependientes de importaciones que pudiéramos producir, acelerando el proceso de pérdida de nuestra soberanía alimentaria.
Se suma a todo esto una desenfrenada política de concesiones y exploración minera en favor del capital trasnacional que de ejecutarse destruirá nuestras cordilleras, comprometiendo seriamente la producción de agua y la vida misma en la isla.
¿Qué sentido tiene para la gente y, sobre todo, para las generaciones más jóvenes, ser parte de un país que no les ofrece oportunidad alguna y que la riqueza se concentra en las mismas pocas manos? ¿Cómo evitar que la gente oriente su vida a emigrar a otros países en los que sí tiene el chance real de una vida digna, de por lo menos un bienestar moderado y de seguridad social frente a las enfermedades y para los años postreros de la vida?
En el país, el respeto a la institucionalidad y legalidad democráticas son asignaturas pendientes para gobernantes y representantes en los poderes públicos.
El Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Cámara de Cuentas, los ayuntamientos están sometidos al control del Poder Ejecutivo.
El Estado y gobierno dominicanos han sido incapaces de garantizar a la población, en forma de servicios de calidad y accesibles a todos, los derechos que la propia carta magna consagra como fundamentales al ser humano: educación, salud, seguridad social, vivienda, entre otros.
Por décadas, con complicidad desde la dirección del Estado, nuestras fronteras han sido tierra de nadie permitiendo a funcionarios, militares y empresarios hacer jugosos negocios con el tráfico de personas, drogas, armas y el contrabando de mercancías.
¿Tiene algún futuro una República encarnada en un Estado que incumple de forma reiterada obligaciones esenciales con sus gobernados, que no resguarda su soberanía y que se permite poner al frente del gobierno a representantes ilegítimos provenientes de elecciones abiertamente fraudulentas?
El partido gobernante abandonó el proyecto de “liberación nacional” que justificó su existencia y ha frustrado y dañado a varias generaciones de luchadores por la democracia y la justicia social.
Luego de casi 20 años en el gobierno, los dirigentes de ese partido, valiéndose del presupuesto nacional, de los negocios, inversiones, los prestamos externos, se han convertido en un nuevo grupo económico autónomo.
Es decir, en el Estado y gobierno está ausente un proyecto político trascendente, enfocado en metas de desarrollo, institucionalidad democrática y justicia social. Los que gobiernan definen y ejecutan las políticas públicas, no en función de las prioridades y necesidades de la gente sino de sus intereses personales o de grupo y con la manifiesta intención de continuar en el poder.
Ante este panorama es pregunta obligada ¿Qué debemos hacer? ¿Nos reducimos a nuestra particular vida y nos metemos, con los nuestros, en un caracol o reaccionamos y nos disponemos a buscar una salida a la encerrona en que nos encontramos?
(Continuará).