El costo de la estabilidad

Aunque oficialmente no se han publicado los principales datos fiscales y económicos, ya podemos tener una idea del desastre que nos dejó la pandemia en 2020: El déficit fiscal, originalmente programado en 2.2% del PIB, cerró el año en 7.7%, de acuerdo con cifras preliminares reportadas por el Gobierno. Si asumimos que este monto corresponde al Gobierno Central, entonces con toda seguridad el déficit del sector público consolidado estará en un rango cercano o superior al 9% del PIB, siendo este monto uno de los mayores de la historia.

Estos datos han generado un debate. Por un lado, el Gobierno anunció que, gracias a una combinación de aumento de ingresos y reducción de gastos, el déficit bajó de 9.3% a 7.7% del PIB. Mientras que reconocidos economistas entienden que no hubo tal reducción, sino simplemente una mala programación.

Es normal que nuevas autoridades tengan una curva de aprendizaje y cometan errores; y también es difícil hacer una programación precisa en medio de la incertidumbre más grande que ha vivido la economía en décadas. Pero programar un déficit y luego no ejecutarlo no significa que hubo un ahorro, sobre todo cuando lo que se está haciendo en el mundo entero es gastar más para apoyar a los sectores afectados por la crisis.

Lo que está claro, y entiendo que es más relevante, es que se consiguió gran parte del financiamiento programado para el año. Es decir, se emitió deuda para gastar un monto mayor al que finalmente se gastó. Y esto tiene un costo, porque esa deuda paga intereses. Se está pagando un costo por un dinero que se debió gastar y no se pudo gastar. Y esto no es necesariamente malo. Lo que hay es que explicarlo muy bien porque no es un costo trivial. Puede incluso ser cercano o superior a los dos mil millones de pesos.

Pero este mayor financiamiento, sobre todo el que se consiguió en dólares, sirvió para aumentar las reservas internacionales y también para asegurar que el Gobierno empiece el 2021 con suficiente liquidez para hacer frente a las necesidades de gasto. Esto es equivalente a decir que el Gobierno compró un seguro: emitió deuda por la cual se pagan intereses y esto representa un costo. Pero esto ha contribuido a la estabilidad cambiaria, a la estabilidad macro en general y a darle tranquilidad al Gobierno de empezar el año con recursos suficientes en un momento en que la pandemia se está complicando nuevamente.

De hecho, el Ministerio de Hacienda hizo una colocación de deuda interna por casi 10,000 millones de pesos en la última semana del año pasado cuando ya se sabía que no se iba a ejecutar todo el gasto que estaba previsto. Siempre y cuando se respeten los topes de deuda establecidos en las leyes de presupuesto y de financiamiento del año, entonces es un manejo adecuado. Es, a mi juicio, un costo (por el pago de intereses) que estamos pagando para mantener la estabilidad. El Gobierno en el fondo lo que hizo fue pre-financiar los gastos del 2021. Y eso en medio de una crisis de esta magnitud no está mal.

De hecho, el Gobierno inició 2021 haciendo una nueva colocación de bonos soberanos por un monto de 2,500 millones de dólares para asegurar el financiamiento del nuevo presupuesto en lo que se piensa en el largo plazo, que no es tan largo para un país pequeño y con limitaciones para endeudarse. Pero de lo que se trata ahora es de sobrellevar la situación lo mejor posible.

Lo que está claro es que el aumento de la deuda pública entre 2019 y 2020 será uno de los mayores de la historia y la magnitud se verá con claridad cuando se publiquen los datos. Durante el 2021, y de hecho durante todo el período del presidente Abinader, la deuda seguirá aumentando y no se sabe con certeza hasta cuándo los inversionistas seguirán viendo con buenos ojos el país en materia de solvencia. El pacto eléctrico y fiscal son la apuesta de la sociedad y es lo que manda la ley.

Pero más que eso, lo que hace falta es un pacto de las fuerzas políticas. Con un Gobierno que tomó las riendas en medio de una de las mayores crisis económicas y sociales que se recuerden, lo que procede es un gran acuerdo político para salvar la situación. Con una pandemia que está empeorando antes de mejorar esto sería lo sensato.