Sancocho, cultura, inmigración

Ferrando Ferran es un filósofo con ruedo de antropólogo, escasos por estos lares. Sobrio, sencillo, de hablar pausado, abierto a las ideas, incansable en su dialéctica. Llegó desde Cuba en 1965, creó familia, anduvo de rumbo en rumbo exprimiendo saberes en cada rincón, y terminó integrado a plenitud a esta tierra y etnia. 

Acaba de publicar el libro La isla de Santo Domingo: sancocho cultural y rompecabezas histórico del Caribe, en el cual analiza “la perspectiva de los inmigrantes de todas partes del mundo en la República Dominicana”. 

Según él, lo característico del modelo inmigratorio dominicano es “la yuxtaposición en medio de la cual transcurre…que permite inducir la distinción de locales y foráneos, pero sin separarlos, ni obligar a uno mismo a negarse a sí mismo para ser como el otro, sino aunados y sin confusión entre ellos”.  

De ahí -afirma-, que “el predominio de la buena acogida, respaldada por la integración positiva y por añadidura la asimilación yuxtapuesta, conforman la norma cultural dominicana”.

Pero -dice-, existe una excepción: “la inmigración irregular-y en no pocas veces la regular- de nacionales procedentes de Haití establecidos en territorio dominicano”. 

Y ¿por qué esa excepción (pelo en el sancocho) que opera únicamente en el caso de los haitianos? ¿Acaso por racismo? -se pregunta.

Su respuesta es que “el dominicano elude ser tildado o denominado negro, pero no necesariamente por racismo ni para negar las virtudes y los valores de la negritud, sino para no ser confundido con el haitiano, sea este negro, mulato o reducto de blanco”.

Y saca de la manga un as, la ley de la contigüidad: “En el evolutivo reino animal del género humano los más parecidos se recelan y repelen (al igual que los polos de un imán), mientras que los más dispares se atraen e incluso, aspiran a igualarse”. 

En concordancia con esa ley “el dominicano evita ser tenido por quien percibe que él no es ni quiere ser, el haitiano, pues si se descuida finaliza retrocediendo y ambos se igualan y confunden; y el haitiano pretende bregar con los estándares del dominicano, independientemente que quiera ser como él o no”.

Ferran reconoce que la República Dominicana enfrenta el reto del “peso demográfico que representa el creciente número de inmigrantes haitianos y sus descendientes en condiciones de irregularidad e ilegalidad en el país”. Un desafío a su propia existencia que “ni se enfrenta ni se asume de manera eficiente e institucional”. 

El hilo de la cadena inmigratoria -decimos nosotros-, empieza con las facilidades existentes en el mercado laboral informal dominicano que inducen el negocio fronterizo de fingir que el tráfico de personas es invisible. Y amamantan el círculo vicioso de la inmigración haitiana ilegal (unos enseñan el camino a los otros), con sus consecuencias sobre la demanda creciente de servicios en hospitales, escuelas y otros servicios, a cargo del Estado.  

Con ese telón de fondo el autor siembra la tesis de que “el desarrollo sostenible dominicano es directamente proporcional al manejo regularizado del flujo de inmigrantes haitianos”.

No aclara, sin embargo, si hay que regularizar a todo inmigrante que llegue (hasta el infinito), o al que ya está (en su totalidad), o solo a quienes el Estado dominicano decida acoger de acuerdo con el alto interés nacional.

Ferran sugiere acciones a realizar y deberes por cumplir. Entre ellos “desmontar con eficiencia y energía el tráfico ilícito de personas -también el de mercancías- por la frontera común (y someterlo a un régimen de consecuencias)”. Planificar y regular el mercado laboral dominicano.

El libro no detalla por donde debe orientarse la regulación del mercado laboral. 

Desde nuestra óptica, el meollo reside en que para el empleador el costo del trabajador haitiano es menor que el del dominicano, no solo el salario, pues no se le paga (ni ellos cubren su parte) la cotización a la seguridad social relativa al régimen de salud, ni al de pensiones, tampoco al de accidentes laborales, ni se le aplica la cesantía. 

Lo anterior, junto a la norma de impuestos internos que permite a las empresas constructoras considerar como gastos deducibles los pagos de nómina sin anexar los datos personales de los contratados, facilita la contratación de indocumentados y la evasión fiscal. 

El otro elemento básico es que se incumple la relación 80/20 sin consecuencias para el infractor. Más grave aún: existen dudas de si se aplica al indocumentado.

Romper ese círculo vicioso es la justificación del Pacto de Nación firmado hace algunos meses. Se espera que sea aplicado mediante el desarrollo de un plan que garantice la coherencia y efectividad de las acciones.