Reforma territorial: asumir y ejercer la ciudadanía

Transcurridas las elecciones municipales del pasado 18 de febrero, muchas lecturas han fluido en la narrativa de políticos, analistas, sociólogos, periodistas, de los que ganaron nuevos territorios y aumentaron su participación en los gobiernos locales, así como también de los que no les fue tan bien con los sufragios emitidos por los ciudadanos con el deber y el derecho al voto.

Antes, quiero contextualizar algunos datos para este ejercicio. La Junta Central Electoral (JCE) convocó a 8 millones 105 mil 151 electores, para escoger a 158 alcaldes e igual cantidad de vicealcaldes, 1,164 regidores y sus suplentes, 235 directores y sus suplentes y a 735 vocales. Todos esos electores, distribuidos en la geografía nacional, conforme los datos asentados en el registro civil.

Sin embargo, si hacemos un análisis del registro civil de las personas, fácilmente nos damos cuenta que, en un porcentaje muy alto, y confieso que no sé cuánto, porque hasta sería difícil determinarlo para las propias autoridades responsables de llevar ese registro, ene cantidad de personas con derecho al voto no reside en el territorio que dice su cédula, mucho menos ejerce su derecho al voto por las autoridades municipales que los deben regir.

Cito el ejemplo del Distrito Nacional. En ese territorio estaban llamados a sufragar 918 mil 021 electores; de los cuales, 238 mil 452 ejercieron ese derecho. De los llamados a votar, 683 mil 569 no acudieron a las urnas, lo que evidencia una abstención elevadísima, pero no es el tema en este análisis.

La pregunta obligada sería: ¿realmente residen en el Distrito Nacional los poco más de 918 mil electores? Estoy más que segura que no. Muchos de ellos están viviendo fuera de la ciudad, en municipios cercanos y hasta en provincias, debido a innúmeros motivos, pero en su documento de identidad y electoral sigue registrada la residencia en la ciudad capital.

Lo propio ocurre con miles de personas que residen en la ciudad o en otras provincias y que, para las elecciones, hacen el llamado “turismo electoral”, siempre que cuenten con los recursos, un permiso laboral o lo financie un partido político, para trasladarse a sus lugares de residencia de la cédula a ejercer el sufragio y, de paso, disfrutar de unos días libres.

Esta realidad podría traducirse como un bajo nivel de conocimiento que pudieran tener los ciudadanos sobre el verdadero significado del Gobierno municipal, las funciones que está llamado a cumplir y los beneficios que se traducen a las comunidades. Es el régimen de administración de cara a las ciudades, a los barrios, los campos; son esos gerentes, elegidos por el pueblo, quienes diseñan y ejecutan acciones para solucionar esas demandas que no necesariamente deben estar contempladas en el Plan de Gobierno Central.

Pero, más aún, un alcalde o un director municipal deberían conocer cuántas personas están establecidas en su territorio, así como cuando decide salir para tener residencia en otra geografía. Es lo normal en cualquier país del mundo organizado, donde un ciudadano debe registrar su residencia, pues es el principal aval para formar parte de las políticas públicas que el gobierno local implementa en un determinado territorio.

“Ahora bien, como los casi once millones de dominicanos vivimos en cualquier parte del país, sin que nadie nos pida cuentas, este año podríamos tener la gran oportunidad para que hagamos un ensayo de reforma territorial y de ejercer nuestra ciudadanía: esa es mi propuesta”.

Como la Junta Central Electoral anunció que realizará el cambio de plástico de la cédula, lo ideal sería que a cada persona se le registre en el territorio de residencia vigente; lo que, sin temor a equivocarme, arrojará datos estadísticos y demográficos interesantes y así los gobiernos municipales podrían planificar mejor sus acciones.

De paso, también se podría tener una idea más acabada del estado civil de los dominicanos, debido a que la mayoría aparece en el registro como soltero, aun cuando está casado, divorciado o viudo.