España, una negociación peligrosa

A cambio de que 7 diputados de Junts per Catalunya votaran a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España, este último le dio una gran concesión a Carles Puigdemont: la ley de amnistía.

Ahora bien, eso no es suficiente para garantizar la gobernabilidad. Consciente de ello, Junts per Catalunya le exige a Sánchez una ampliación de dicha ley de amnistía que se está aprobando, para incluir lo que Junts llama “el lawfare del estado español en contra del independentismo catalán” y que se llevarían a cabo por comisiones de investigación del Congreso, es decir el Poder Legislativo investigando al Poder Judicial.

Igualmente, Junts quiere negociar otros dos puntos esenciales para el independentismo catalán, un referéndum de autodeterminación y, en ausencia de una independencia de Cataluña, la Hacienda propia para la Generalitat Catalana. De modo que recaude todos los impuestos que se pagan dentro de su territorio.

En esencia, acordaron la investidura de Pedro Sánchez con el voto a favor de los diputados de Junts a cambio de la aprobación de una ley de amnistía. Y de seguir negociando sobre los otros ámbitos. Pero, atención, también se acuerda que la “estabilidad de la legislatura está sujeta a los avances y cumplimientos de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos señalados en el punto segundo”. En otras palabras, Junts solo garantiza la gobernabilidad del gobierno de Sánchez, siempre que se produzcan avances en las futuras negociaciones sobre la autodeterminación y sobre la Hacienda Catalana propia.

Si Junts considera que no hay avances en esos ámbitos o que los mismos no son suficientes retirará el apoyo al gobierno de Sánchez. Por tanto, si este último quiere seguir gobernando en sentido amplio del término, es decir promoviendo una amplia agenda legislativa, tendrá que conceder a lo largo de los próximos años todo lo que pide Junts. Y si no lo concede, Junts le retirará el apoyo en el congreso. En esta última posibilidad, hay que dejar claro que, aunque Junts le retire el apoyo a Pedro Sánchez, al cabo de un tiempo, este podría seguir gobernando, pero sin poder aprobar casi nada en el parlamento. Y si Sánchez pierde todo el apoyo al año o a mitad de la legislatura, en razón de que ya tendría unos presupuestos aprobados, eso no implicaría elecciones anticipadas. Es decir, Pedro Sánchez, (PSOE y Sumar) no conseguirían aprobar ninguna ley en el parlamento, pero seguirían en la Moncloa gobernando.

¿Están rodeados de legalidad y legitimidad estos acuerdos? ¿Qué legitimidad tiene que una ley de amnistía aparezca enlazada como condición para investir a un mandatario?

Buscando legitimidad, José Luis Rodríguez Zapatero afirmó: “la futura Ley de Amnistía” representa como norma “la soberanía popular” y  en el plano político “una decisión valiente de una democracia generosa.” Agregando “todos los países democráticos del mundo la han usado en algún momento de su historia reciente”. Entonces le preguntaría ¿cuándo fue consultado el pueblo español sobre la ley de amnistía? ¿Esa amnistía estaba en el programa de gobierno de Pedro Sánchez? ¿Esa amnistía pasó previamente por el cedazo de una Comisión de la Verdad?

El Colegio de la Abogacía de Madrid por unanimidad manifestó: “1º.- La conformación de mayorías parlamentarias ha de estar supeditada siempre al principio de legalidad constitucional. 2º.- La separación de poderes, fundamento del Estado democrático, y sus mecanismos de control y contrapesos, imponen el pleno respeto y acatamiento a los tribunales de justicia y su función jurisdiccional. 3º.- El uso del término lawfare (instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a los Juzgados y Tribunales no tiene cabida en un Estado Democrático. En consecuencia, es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional. 4º.- La sumisión de los jueces a la ley y la independencia judicial constituyen un presupuesto del Estado de Derecho, que debe ser respetado y acatado por todos los actores públicos y privados; lo que exige un llamamiento a la responsabilidad. 5º.- La Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea rigen toda actuación, incluyendo la de los partidos políticos, debiendo ser no solo asumidos y aplicados, sino también defendidos por todos los poderes del Estado y la sociedad civil.” Afirmando, además, que “ejercitará cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes”.

El daño institucional ya está hecho: no todo se puede con tal de mantenerse en el poder. Aunque dudo mucho que Pedro Sánchez y los independentistas catalanes continúen aliados por mucho tiempo, tarde o temprano Sánchez pagará un alto precio.