Intensificar los rechazos a las suspensiones

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), señaló que las demandas del Colegio Médico Dominicano (CMD) implicarían un costo adicional de 19,609 millones de pesos al año. Para atender esas demandas habría que aumentar las cotizaciones en un 2.54% del salario cotizable, como indica el cuadro.

Para que se tenga una idea de la desproporción de las demandas del CMD, y de sus fines ulteriores, basta con señalar que los empleadores tendrían que realizar un aporte adicional de 13,726.3 millones, en tanto que los trabajadores otros 5,882.8 millones, todavía sin incluir el aumento de los copagos.

El descuento a los trabajadores subiría del 3.04% actual, al 3.80%. Y los empleadores deberían aportar un 1.78% adicional. El nuevo sacrificio de los trabajadores ascendería a 7,032.8 millones, incluyendo 1,150 millones por más copagos debido al aumento de las tarifas de los internamientos y diagnósticos. Y todo este sacrificio, sin que los afiliados reciban los servicios médicos que están solicitando.

Obviamente, se trataría de una misión imposible y suicida. Téngase en cuenta que el 94% de los empleadores son pequeños o micros negocios de baja productividad, y que las empresas de zonas francas y turismo pagan salarios insuficientes. Una imposición de esta naturaleza provocaría quiebras y desempleos generalizados.

Mayor solidaridad y apoyo de los empleadores

El sector empleador es el principal accionista de esta gran empresa que es el SDSS, con un 71% del financiamiento. Ese solo hecho demanda una mayor atención,  empeño y vigilancia sobre el logro de sus objetivos y metas. Además, porque la competitividad presupone trabajadores saludables, y asegurados contra cualquier riesgo financiero a causa de una complicación de salud.

Además, dentro del sector empleador, el privado aporta el 68%. Al parecer, los empleadores privados todavía no han calibrado bien las consecuencias de estas demandas. De su carácter autoritario y desproporcionado solo pueden esperarse mayor inseguridad de los afiliados, más copagos ilegales y la quiebra de la más importante conquista social en medio siglo.

Ante esta realidad, lo menos que esperan los 4.5 millones de trabajadores es una consecuente solidaridad de sus empleadores y un firme rechazo a la denegación de servicios médicos. Paradójicamente, la opinión pública y los medios de comunicación han mostrado una mayor solidaridad y compromiso social que el sector privado.

La crisis de gobernanza requiere de una acción conjunta de todos los sectores comprometidos con el fortalecimiento del SDSS.  Resulta más que obvio que su trasfondo es provocar la quiebra del Sistema, para volver a una asistencia social totalmente estatizada, clientelista, corrupta, burocratizada, excluyente y fácilmente manipulable. 

La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) demanda de las autoridades y del CNSS más información y orientación a la población y a la opinión pública sobre las implicaciones de las demandas del CMD.

Hacemos un llamado a todas las fuerzas vivas del país a intensificar los rechazos a la suspensión de los servicios médicos. Además, a exigir el derecho constitucional al acceso al cuidado de la salud de todas y todos.