El fracaso de Pedro Castillo profundiza la crisis de gobernabilidad en Perú

Durante la crisis que vivió Perú la semana pasada escribí en mi cuenta de Twitter: “No es posible analizar con objetividad los procesos políticos sin tomar en cuenta lo constitucional y sus valores.

Desde Trump hasta Castillo.

Cuando se intenta violar la constitución el proceso político cambia dramáticamente generando incertidumbre y desconfianza.”

Es evidente que, en el caso de Perú, 6 presidentes en 7 años, demuestra el fracaso de un sistema, de unos actores y unas prácticas incapaces de construir consensos que generen desarrollo, inclusión y, al menos, cierto nivel de estabilidad y gobernabilidad. Demostrando, además, un diseño institucional lleno de falencias y contradicciones. Que conste, la cantidad de presidentes no es lo más grave, de igual manera es un fracaso político el caso de Cuba que en 63 años ha tenido 3 presidentes, de los cuales, 2 eran hermanos y el tercero, el delfín del partido único. La vigencia de la constitucionalidad democrática debe ir acompañada de una alternabilidad eficaz y una eficiente gobernabilidad.

Le decía a un grupo de estudiantes de Maestría en Administración Pública de la PUCMM que analizar procesos sociales y políticos tiene varias aproximaciones, las cuales debemos tomar en cuenta para acercarnos a la objetividad:

- Desde la impronta que nos trae el análisis de la Constitución y la estructura institucional, como matriz de legitimidad, legalidad y estabilidad de un determinado proceso (Análisis Estructural).

- El análisis del contexto social, cultural y político de la nación, así como sus vínculos e influencia en el marco geopolítico y de las relaciones internacionales (Análisis Funcional).

- E igualmente debe analizarse desde el punto de vista de la evaluación y comprensión de los procesos de toma de decisiones, la capacidad adaptativa del liderazgo y la tipología que lo encarna (Análisis Existencial).

Tomando en cuenta estos tres enfoques podemos inferir que el expresidente de Perú, señor Pedro Castillo era una persona políticamente inepta, que, de manera circunstancial, asumió la más importante función pública con apenas el 18% de los votos. La situación le superaba.

Igualmente es cierto, que en el Perú hay una crisis que tiene que ver con valores, con estructuras, con incentivos y con prácticas históricamente enraizadas. La vacancia de Castillo no soluciona los problemas en el Perú. Ahora bien, no podemos negar el hecho cierto, que intentó de forma desesperada un golpe de estado al ignorar las condiciones del artículo 134 de la Constitución que regula el procedimiento para disolver el Congreso. El hecho de que fracasara en su intento de mantenerse, más la intransigente oposición que en tres oportunidades trató por la vía constitucional de lograr la vacancia del presidente, fue la reiteración de su ineptitud que hizo posible su destitución constitucional.

Eso puso en evidencia, una vez más, su incapacidad para tomar decisiones oportunas. Mas inteligente hubiese sido permitir los planes del también desacreditado Congreso peruano y, al menos, hubiese sido la víctima indiscutible de ellos y arrojado más dudas sobre el proceso.

Entienda el lector, intentar gobernar mediante decreto sin la aprobación del Congreso y en violación a la Constitución, es un acto ilegal e ilegítimo.

Tratar de negar si hubo o no un intento golpe de estado porque en sus inicios no habían muertos, no habían desaparecidos, ni habían encarcelados e igualmente el negarlo porque Castillo, en su decisión inicial, tenía en contra a su gabinete, los militares, la policía, los empresarios y las iglesias, es intentar calificar/negar un delito por sus posibilidades de éxitos y no por sus elementos constitutivos y su tipicidad.

El hecho de que Castillo decretara disolver y concentrar en sus manos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial sin ningún tipo de habilitación constitucional es colocarse fuera del orden legal y constitucional.

Y, como consecuencia de lo anterior, ordenó el toque de queda e incluso instruyó a la policía y al ejército que persiguieran a cualquier insurrecto que no acatara sus órdenes, llamando a la sociedad civil para que respaldara sus decisiones. Consumados los hechos, ahora hay varios focos insurrectos desencantados con la clase política peruana por su incapacidad estructural, funcional y existencial para sostener la gobernabilidad política, conjuntamente con la estabilidad constitucional.