Ojo con la nómina pública

Por primera vez desde el cambio de autoridades en agosto del 2020, la cantidad de empleados del sector público superó el umbral máximo que se había alcanzado históricamente. Dieciséis meses pasaron y se tenía la esperanza de que la cantidad de empleados públicos, que muchos consideran excesiva, se mantuviera al menos en el monto encontrado. No ha sido así.

De acuerdo con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), la cantidad de empleados del sector público en diciembre pasado fue de 692,063. Este es el monto máximo histórico, que supera la cantidad de empleados a julio del 2020, que fue de 678,609. A partir de agosto del 2020 la cantidad de empleados fue cayendo gradualmente hasta junio del 2021, cuando se alcanzó un mínimo de 627,693 (50,916 empleos menos).

Pero, a partir de julio del año pasado la tendencia se revirtió y la cantidad de empleados aumentó a un ritmo de 7,150 mensuales hasta noviembre, para luego dar un salto en diciembre de 28,623. Nos vamos acercando al umbral de 700,000 empleados en el sector público, lo cual parece excesivo. Esta cantidad representa un 30 % del universo de empleados en el país.

Podemos validar estas informaciones con las publicaciones de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Los datos difieren un poco, ya sea por la fecha de corte o bien por rectificaciones que realizan los empleadores, pero la tendencia es la misma. La TSS reporta 688,075 empleos públicos a diciembre. Es importante notar que la TSS hace la distinción entre empleados y trabajadores, porque según explica hay trabajadores en el sector público con más de un empleo. Pero también en este caso la tendencia es la misma: a partir de un máximo alcanzado en julio del 2020 se redujo en unos 50,000 hacia mitad del año pasado y ya a diciembre del 2021 se alcanzó el monto histórico máximo. Y esto tanto para la Administración Central como para el Sector Público total, el cual incluye además las instituciones financieras públicas, los ayuntamientos y distritos municipales.

En cuanto al salario, a diciembre del año pasado, la TSS reporta un salario promedio del sector público de RD$ 34,833. Algo que llama la atención es que este monto es superior en 35 % al salario promedio del sector privado que es de RD$25,899. 

Esto puede interpretarse de diversas maneras: I) los salarios del sector privado son bajos; II) los empleados son de baja calificación y eso se refleja en bajos salarios en el mercado laboral; III) el sector público está pagando por encima de la productividad; IV) o bien paga más para atraer buenos talentos. Es evidente que esto último ocurre en algunas instituciones como el Banco Central. Pero en otras no es así y las posiciones bien pagadas se reparten como piñata en cumpleaños. 

La TSS reporta a diciembre pasado una masa salarial de 20,000 millones de pesos para el Gobierno Central y RD$22,000 millones para todo el Sector Público. De manera preliminar el Ministerio de Hacienda reporta un gasto en remuneraciones al mes de diciembre de RD$236,000 millones para el Gobierno Central, de los cuales el Ministerio de Educación representa un poco más de la mitad (52%). Otras tres instituciones se llevan un 20 %: Fuerzas Armadas, Policía y Salud. Es decir, cuatro instituciones representan un poco más del 70 % del gasto en nómina. Llama la atención que el Presupuesto inicial aprobado para esta partida fue de RD$ 210,000 millones, el cual luego fue aumentado durante el año.

Para el análisis macro el aumento en la nómina no es tan relevante, porque lo que importa es que el Gobierno cumpla con el tope de gasto total y la meta de déficit fiscal. Y en ambos casos cumplió. Pero la micro es importante también: ¿Necesitamos más empleados públicos? ¿Es eficiente? Más gasto en nómina implica menos gasto social o menos gasto en infraestructura. Todo esto tiene implicaciones importantes de largo plazo para la economía.

Las presiones que deben estar soportando los funcionarios públicos son inmensas: no solo porque en el país muchos entienden que un empleo público es un derecho adquirido, sino porque el mercado laboral no tiene capacidad de absorber mano de obra que no tiene las calificaciones mínimas. Hay muchos dominicanos que, si no consiguen un empleo en el Gobierno, simplemente no trabajan. Es decir, en parte la nómina pública es una suerte de gasto social o seguro de desempleo. Y esto amerita reformas estructurales profundas al mercado laboral y al sector educativo porque simplemente no es sostenible.