Política equivocada

La Política de Protección de Datos del Poder Judicial dominicano es un atentado contra la transparencia y el acceso a la información pública. 

Bajo el pretexto de proteger la privacidad, se abre una peligrosa puerta a la opacidad judicial, permitiendo que datos cruciales sean “anonimizados” a discreción de las Secretarías de los tribunales. 

Esto otorga un poder excesivo a estas instancias, sin garantías claras de imparcialidad ni mecanismos eficaces de supervisión.

La supuesta proporcionalidad en el tratamiento de datos es ambigua y deja espacio para decisiones arbitrarias, especialmente en casos de alto interés público como la corrupción. 

El equilibrio entre privacidad y transparencia es una excusa débil para ocultar información que debería ser accesible para la ciudadanía. Además, la carga administrativa que esta política implica puede entorpecer la publicación oportuna de sentencias. 

En lugar de promover la rendición de cuentas, esta medida parece diseñada para proteger al sistema judicial de la fiscalización pública.