La debida aclaración

La semana pasada, el Ministerio de la Administración Pública (MAP) levantó un avispero cuando anunció que los empleados públicos deberían, en 15 días, presentar sus facturas de electricidad y agua ante los departamentos de recursos humanos de las dependencias en las que trabajaran.

Esto generó un cuestionamiento de diversos juristas que aseguraron que la disposición violaba los derechos constitucionales de los trabajadores del Estado, específicamente los señalados en el artículo 44 de la Carta Magna, que habla sobre la privacidad.

Pese a que el ministro Sigmund Freund salió en defensa de la disposición, ayer el MAP emitió un comunicado en el que aclaraba que la disposición anterior tenía carácter de voluntario.

Las intenciones originales de buscar la transparencia y “dar el ejemplo” desde el sector público podrían ser muy buenas, pero los gobiernos deben sopesar mejor al tomar decisiones que puedan chocar con los derechos ciudadanos. Es mucho mejor tomarse un tiempo de ponderación y de análisis, que dar marcha atrás a decisiones que parecían ser finales.